Justicia, 40 años después
Publicado el 29 Mayo 2017
ESCRITO POR LUCÍA SEPÚLVEDA
Alto dirigente del MIR en la clandestinidad, Augusto había sido ex jefe de Prensa de Canal 9 de TV de la U de Chile y redactor de la revista Punto Final. El crimen fue presentado por la dictadura y los medios como un enfrentamiento.
La querella interpuesta en 2003 para impugnar la amnistía impuesta en 1993, era contra Augusto Pinochet y todos los que fueran responsables. Como familia, habíamos vivido con júbilo la detención de Pinochet en Londres. Era lo más cercano a la justicia y a la reparación. El hecho había remecido a la justicia chilena. Pero la impunidad persistió, con trucos judiciales para dilatar los procesos, entre otras movidas que permitían el avance de la “impunidad biológica”: El año 2006 muere Pinochet sin pagar por este ni ningun otro crimen. Fue en el Día Internacional de los Derechos Humanos, que coincide con mi cumpleaños…No hubo regalos de la justicia para nosotros en estos años.
Iban muriendo los criminales mientras los padres de los ejecutados detenidos desaparecidos partían sin conocer verdad ni justicia, tal como ocurrió con don Augusto y la señora María Acevedo, los padres del “Pelao”. Sin embargo viva está la constitución pinochetista, al igual que el modelo económico implantado entonces y perfeccionado por la Concertación/Nueva Mayoría. Sólo a través de la lucha social de los de abajo, y los terremotos irrumpe el verdadero rostro del país por el que se jugaron y entregaron su vida “Oslo” y miles de compañeros y compañeras. La corrupción y el envilecimiento de la política, la corrupción y el saqueo de los bienes comunes se nutren de la impunidad y de la tolerancia a las prácticas de tortura instaladas en distintos ámbitos de la acción del Estado, sea con los menores, sea en las comunidades mapuche allanadas y militarizadas o en las cárceles.
Privilegios de criminales
En este marco llega finalmente la sentencia de la Corte Suprema: a10 años y 1 día a los ex brigadieres de ejército Miguel Krassnoff y Manuel Provis Carrasco; al mayor (r) de ejército Enrique Sandoval Arancibia y al coronel (r) Luis Torres Méndez, así como los ex suboficiales del ejército José Fuentes Torres y Basclay Zapata. Menciono sus grados porque en Chile ningún criminal ha sido degradado, pero la sentencia judicial sólo los individualiza por sus nombres. Los criminales reciben legalmente las generosas pensiones que se autoasignaron las Fuerzas Armadas mientras condenaban al resto de los chilenos a jubilar con las miserables pensiones del sistema de las AFPs. Mientras escribo, me pregunto además si este año Krassnoff podrá gozar en libertad de su pensión de $ 2.489.658, ya que otros criminales con condenas por delitos de lesa humanidad ya han obtenido la libertad condicional. El monto de la pensión se conoció por la lista entregada por el Consejo para la Transparencia al diario La Tercera recientemente.
En el procesamiento inicial del ministro en visita Leopoldo Llanos (2005) la lista de criminales era encabezada por Odlanier Mena, director de la CNI, que estaba con condicional por otro homicidio y se suicidó (2013) eludiendo su responsabilidad. Los agentes que declararon en el proceso por el asesinato de Augusto Carmona aseguraron que desde el reemplazo de la Dina por la CNI, a mediados de 1977, con Odlanier Mena como director, todos los operativos de exterminio debían contar con su autorización previa. La Brigada Roja (sucesora de la Halcón) fue la encargada de llevar a cabo la ejecución de Augusto Carmona, operación supervisada por Krassnoff – quien dirigió todos los operativos contra el MIR – bajo el probable mando operativo de Manuel Provis. Mena llegó al lugar de los hechos pocas horas después.
Periodista de trinchera
Carmona tuvo una destacada carrera en el periodismo nacional, donde fue jefe de prensa de Canal 9 de TV –entonces de la Universidad de Chile- elegido por los trabajadores que ocuparon la estación en agosto de 1972 intentando detener el avance del golpismo. Tras el golpe militar, él escogió los riesgos de la lucha de resistencia, aunque su salud era precaria por haber sufrido una compleja operación al corazón. En esos primeros años en que sólo existía la prensa adicta a la dictadura, el “Pelao Carmona”, ahora “Oslo”, comenzó a organizar la red de periodistas que recolectaba noticias sobre los crímenes de la DINA, y testimonios sobre la existencia de detenidos desaparecidos, enviándolas al “Correo de la Resistencia”, en México. Carmona era miembro del comité central del MIR en la clandestinidad. Como encargado de las relaciones políticas, se reunía con dirigentes de la izquierda y un sector de la Democracia Cristiana para impulsar acuerdos tendientes a formar un movimiento amplio de resistencia popular.
Las exigencias de la vida clandestina eran contradictorias con el carácter del Pelao, que era comunicativo, amistoso, seductor, dado a las conversas de café y a escuchar y bailar tangos y boleros. Ese amor por la vida lo transmitió a sus tareas políticas, que arremetía con vehemencia, pasión y creatividad, cambiando su aspecto físico y reduciendo sus salidas para eludir la persecución. La forzosa quietud le permitió asumir el rol de cuidar a Eva María, nacida poco después del golpe, a quien prodigaba su ternura y atención, superando el machismo característico de esa época. Eva tenía 3 años cuando lo asesinaron y no podía ni siquiera llevar su apellido, pues vivíamos en la clandestinidad.
El Pelao había estudiado periodismo y bibliotecología tras egresar del Instituto Nacional. Fue presidente del centro de alumnos de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile y más tarde, presidente del sindicato de trabajadores del Canal 9, donde fue redactor político del Noticiero “Nueve Diario”. Como redactor de la revista Punto Final viajó a Cuba junto a un grupo de periodistas que entrevistaron a Fidel Castro en La Habana. En agosto de 1967, había reporteado el juicio militar en Camiri, Bolivia, a Régis Debray y otras personas vinculadas a la guerrilla del Che.
En 1973 fue, además, jefe de prensa de Radio Nacional, emisora del MIR. Perteneció a una generación de notables periodistas comprometidos con el pueblo, como Augusto Olivares, Máximo Gedda y José Carrasco Tapia, grandes amigos suyos. De la promoción 1957 del Instituto Nacional arranca su estrecha amistad con el poeta Manuel Silva Acevedo, así como con el pintor Raúl Sotomayor y el académico Grinor Rojo.
Delito de lesa humanidad
La sentencia de la Suprema calificó el asesinato del periodista como un delito de lesa humanidad dado que fue “un ataque sistemático o generalizado en contra de bienes jurídicos como la vida de una parte de la población civil con determinada opción ideológica, con la participación del poder político y la intervención de agentes del Estado” y concedió también, a contrapelo del Consejo de Defensa del Estado, y cumpliendo las obligaciones internacionales de Chile, la reparación civil solicitada para las hijas.
La acuciosa investigación iniciada por el ministro Alejandro Solís, hoy jubilado, fue retomada por el juez Llanos. Los ministros Haroldo Brito, Milton Juica y Jorge Dahm, respaldaron lo obrado por Llanos, en tanto los ministros Carlos Künsemüller y Lamberto Cisternas, sostuvieron en un voto de minoría que los criminales debían cumplir sólo la mitad de la pena impuesta. Siguieron así la teoría de la “media prescripción” respaldada por el Presidente de la Corte Suprema Hugo Dolmetsch, similar al “2 x 1” aplicada en Chile en varias oportunidades y rechazado en Argentina recientemente en masivas movilizaciones.
La trampa mortal
El crimen ocurrió el 7 de diciembre de 1977, bajo estado de sitio pero los testimonios de los vecinos hicieron resplandecer la verdad. Ante el tribunal los testigos –entre los que se cuenta el escritor Reinaldo Marchant que acudió motu proprio a la Comisión Rettig a contar lo que vivió ese día – declararon lo mismo que Marchant expuso ante la Rettig , refutando la mentira del enfrentamiento. También lo había denunciado yo ante la Comisión Allana de Naciones Unidas, que visitó Chile un año después. Me protegió para comparecer el querido Padre José Aldunate.
La tortura fue la clave para detectar al Pelao. No nos enteramos a tiempo de la detención de un colega y su equipo de apoyo. Paradojalmente el Pelao había intentado protegerlo y asilarlo para salvar la red clandestina de periodistas que éste contactaba. Pero era demasiado tarde y ellos ya habían caído en manos de la CNI. Ese día, una veintena de vehículos rodearon desde temprano la manzana en que vivía el Pelao, en la calle Barcelona, de la comuna de San Miguel. Los agentes allanaron su domicilio y ocuparon además la casa contigua. Luego ordenaron a los vecinos recogerse en sus casas y permanecieron horas esperándolo en el interior del inmueble. Cerca de medianoche, cuando él sacaba sus llaves para ingresar a la casa, dispararon una ráfaga de subametralladora acribillándolo por la espalda. Los agentes arrastraron el cuerpo al interior. Un fiscal militar ordenó más tarde un informe a los peritos de la Brigada de Homicidios de Investigaciones. El informe estableció que el cuerpo fue arrastrado y que la pistola que portaba Carmona estaba con seguro, por lo que no pudo hacer uso de ella para defenderse. Al lugar llegó más tarde el director de la CNI, Odlanier Mena en su vehículo marca Volvo, según declaró Juan Arancibia López, su chofer.
Este fue el inicio de la política de la CNI de aniquilamiento de dirigentes, remplazando el secuestro por la ejecución in situ, enmascarada como un enfrentamiento. Un mes después, Germán Cortés, también alto dirigente del MIR fue asesinado en similares circunstancias.
El cartel de la DINA/CNI
Odlanier Mena Salinas, sobreseído por muerte de su responsabilidad en este crimen, había sido condenado en 2008 a seis años por los secuestros de Oscar Ripoll Codoceo, Manuel Donoso y Julio Valenzuela (Caravana de la Muerte), pero ya estaba en libertad condicional cuando el ministro Llanos lo procesó, y se suicidó en su propia casa al saberlo. Ello coincidió con el traslado de los criminales desde el penal de Cordillera hacia Punta Peuco.
El condenado Miguel Krassnoff Martchenko tiene la segunda más alta pensión de los 81 criminales actualmente condenados en Punta Peuco (sólo inferior a la del ex fiscal Torres). El se especializó en el exterminio del MIR. Según información del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, está condenado a firme por los secuestros de 20 resistentes en la llamada Operación Colombo (María Teresa Bustillos, Manuel Cortez Joo, Julio Flores, María Elena y Galo González Inostroza, Sergio Lagos, Ofelio Lazo, M. Cristina López, Mónica Llanca, Sergio Montecinos, Jorge D’Orival, Jorge Ortiz, Eugenia Martínez, Anselmo Radrigán, Marcelo Salinas, Fernando y Claudio Silva, Gerardo Silva, Muriel Dockendorff, Manuel Villalobos), incluidos en la Lista de los 119. Krassnoff también cumple condena por los secuestros y desapariciones de Diana Aaron, Luis Arias, Alvaro Barrios, Cecilia Bojanic, Amelia Bruhn, José Calderón, Carmen Díaz, Mamerto Espinoza, Iván Monti, Antonio Llidó, Luis Muñoz Rodríguez, Flavio Oyarzún, Sergio Pérez, José Ramírez, Sergio Riffo, Herbit Ríos, Jaime Robotham, Luis San Martín, Renato Sepúlveda, Claudio Thauby y Lumi Videla, casi todos militantes del MIR. Además, fue condenado por el montaje en Rinconada de Maipú en que la DINA ejecutó a Alberto Gallardo, Catalina Gallardo, Mónica Pacheco, Luis Ganga, Manuel Reyes y Pedro Cortés. A ello se agregan las condenas por torturar en Villa Grimaldi a prisioneros y prisioneras que sobrevivieron. En ausencia, fue condenado en Francia por la desaparición de los ciudadanos franceses Alfonso Chanfreau, Jean Yves Claudet, George Klein y Etienne Pesle. En Chile aun está procesado por muchos otros secuestros.
Krassnoff no ha entregado información alguna que permita encontrar a los desaparecidos y esclarecer casos, por el contrario reivindica sus crímenes. Sin embargo, su abogado reivindica ante la Corte el actuar de su defendido contra el “terrorismo”. La Corte de Apelaciones acogió parcialmente, el 8 de septiembre de 2016, un recurso de protección interpuesto por Krassnoff para salir en libertad, abriendo la puerta a la reconsideración de su solicitud por parte de la Comisión de Libertad Vigilada. El 5 de octubre del año pasado, esta misma corte concedió la libertad condicional a Raúl Iturriaga Neumann, revocando así la repetida negativa de la Comisión de Libertad Condicional respectiva.
Otro condenado, Manuel Provis, ex jefe del Batallón de Inteligencia tiene dos condenas más por matar a sus pares: a 10 años y un día por la muerte del ex químico de la DINA Eugenio Berríos en Uruguay, y a 4 años por asesinato del coronel Huber. Su pensión es de $2.442.188. Provis está en Punta Peuco desde agosto de 2015, tras el suicidio del el ex general director del DINE Hernán Ramírez, al ser notificado de la sentencia en el caso Berríos.
Enrique Sandoval Arancibia (“Pete el Negro”) ya fue condenado por el asesinato del dirigente del MIR Germán Cortés, y por el montaje (caso Las Vizcachas) en que se asesinó a Juan Soto Cerda, Luis Araneda, Luis Pincheira y Jaime Cuevas (1981). Por desaparecer al menor Carlos Fariña, no cumplió pena alguna de cárcel. Sigue gozando de una pensión de $1.653.952.
Basclay Zapata (“El Troglo”) está en Punta Peuco, condenado a 10 años por desaparición de Manuel Cortes Joo, Julio Flores, los hermanos Galo y María Elena González Inostroza; Sergio Lagos, M. Cristina López, Mónica Llanca, Jorge D’Orival, Anselmo Radrigán, Fernando y Claudio Silva Peralta, Manuel Villalobos (todos del caso Operación Colombo). Además condenado por los secuestros y desapariciones de Alvaro Barrios, Carmen Díaz, Elsa Leuthner, Antonio Llidó, Iván Monti, José Ramírez, Herbit Ríos, Ricardo Troncoso, Lumi Videla.
Luis Torres Méndez (“Negro Mario”) estaba en libertad condicional, al emitirse la sentencia de la corte Suprema, con una sentencia de primera instancia por el secuestro de Miguel Angel Acuña Castillo, (Operación Colombo). También está procesado por casos de la Operación Cóndor y por secuestros de militantes comunistas en calle Conferencia.
José Fuentes Torres, (“Cara de Santo”) también libre al momento de dictarse la sentencia por el homicidio de Augusto Carmona, está procesado por su participación en la Operación Colombo y cumplió en libertad una “condena” por el secuestro y muerte de Mireya Pérez Vargas.
La historia de periodistas revolucionarios como Augusto Carmona Acevedo y tantos otros compañeros y compañeras de su generación, requiere ser incorporada a la memoria pero también y sobre todo, a la práctica social y política de los comunicadores de hoy en este Chile donde quieren reinar para siempre el duopolio y la farándula. ¡Hagámoslo ya!
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