La eficiencia y la verificación del trabajo de estas 182 personas han sido cuestionadas, ya que no existe un mecanismo efectivo para comprobar su labor. Además, se ha señalado que muchas de estas personas, distribuidas entre los 27 diputados locales, realizan actividades diferentes a las estipuladas en sus contratos, incluyendo actividades de proselitismo político, lo que podría considerarse un desvío de recursos públicos.
Se ha identificado que algunos asesores, con salarios superiores a los 23 mil pesos mensuales, se dedican principalmente a la gestión de redes sociales de los diputados. Entre los asesores con las remuneraciones más altas se encuentran Jaime Avila Álvarez, Crsitian Rodrigo Zavala, Jacinto Lárraga Escobedo, Sonia Judith Ramírez y Cruz Felipe Fragoso, cada uno percibiendo entre 40 y 49 mil pesos mensuales.
El incremento de personal por honorarios contrasta con la promesa inicial del diputado del Partido Verde, José Luis Fernández, quien se comprometió a implementar una legislatura austera con una reducción en el personal contratado. Esta promesa no se ha cumplido, y actualmente no se observa una oposición significativa dentro del Congreso que cuestione o se pronuncie en contra de este aumento en el gasto del dinero público.
Este incremento en la contratación de asesores y sus implicaciones financieras y funcionales se ha convertido en un tema de debate y preocupación, evidenciando la necesidad de transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos por parte de los representantes electos.