Otro año que se acaba en nuestro gregoriano calendario y en el país la justicia ha avanzado poco en juzgar los crímenes que se cometieron durante los 20 años de guerra interna. Ahí está como ejemplo reciente Parcco Pomatambo (1), lugar de una masacre de doce personas, entre las que se encontraban niños y ancianos, cometida por militares en 1986 y cuyos responsables fueron absueltos por la Sala Penal Nacional en el mes de noviembre. “Nos han tenido horas esperando, nos han hecho pagar penitencia, nos han humillado, los han absuelto,” cuenta la hija de Donato Ramírez, una de las víctimas de la masacre, en referencia a la absolución de los militares por los cargos de asesinato. “Nos han dejado destruidas,” dice y continua su camino con la foto de su padre en el pecho.
Por su parte, pese a que la Corte estadounidense presidida por Joel Fredrick Dubina ha dado paso a la extradición de Telmo Hurtado, el responsable de la masacre de Accomarca, en donde fueron asesinadas 69 personas, ésta aún nos se hace efectiva y por lo tanto, el llamado comandante “Camión”, apelativo de los más terribles recuerdos para la población en Vilcashuamán, no puede ser sometido a la justicia en Perú, pues falta la firma de la Secretaria de Estado, que anda demasiado ocupada con las revelaciones de Wikileaks como para darnos de regalo un airecito de justicia que tanto necesitamos este año.
Un manto de impunidad se cierne sobre los crímenes del conflicto armado y se siente en la desesperanza de la población afectada por la violencia, impunidad que se nutre de la indiferencia y el olvido de tantos y de tantas que quieren impedir que la verdad por fin llegue a la luz y de tantos que, en nombre de que son hechos pasados, pretenden desterrar la posibilidad de lograr justicia.
Entre los hechos que se encuentran en la mayor invisibilidad están las distintas formas de violencia que sufrieron las mujeres durante la guerra interna, que como cualquier otra guerra utilizó sus cuerpos como campos de batalla. No se tiene una cifra exacta de cuántas mujeres fueron violentadas sexualmente en los escenarios de la guerra, pero lo que sí se sabe y no puede dejar de estremecer es que las principales víctimas de violación sexual fueron mujeres quechuahablantes campesinas. Asimismo, aunque las violaciones se dieron en 15 regiones, el 50% de los hechos se cometieron en Ayacucho, que junto a Huancavelica, Apurimac y Huánuco, concentra el mayor número de casos.
Indígenas consideradas inferiores en el imaginario de los que operaban la lucha contrasubversiva, hijas y herederas de los siglos de discriminación reforzada por el lenguaje, los estereotipos, los prejuicios a las que los pueblos indígenas han sido sometidos, hijas de una sociedad patriarcal en donde la violación es la expresión suprema de la dominación masculina y la cosificación de las mujeres, y en la guerra expresión de la dominación sobre el otro, el hombre indígena también inferiorizado.
El laureado Nobel peruano, en su reconocida novela La Casa Verde, publicada en 1966, pone en boca de uno de sus personajes la percepción que se tenía ya en esos tiempos sobre las mujeres indígenas amazónicas, las otras inferiorizadas, “pero eran chunchas dijo Fushia – chunchas Aquilino, aguarunas, aschuales, shapras, pura basura, hombre.” (2)
Esta mirada sobre las otras, las provenientes de culturas diferentes se extiende en estos otros tiempos, como en una misma línea de continuidad a las mujeres amazónicas ahora y a las mujeres indígenas del Ande, visión que se mostró descarnadamente en las múltiples formas de violencia sexual a las que fueron sometidas durante el conflicto armado interno:
“Mientras se realizaba el patrullaje, los militares crisparon los nervios de Loida y Egla Dionisio Antazu, al interrogarlas sin cansancio sobre la ubicación del ‘arsenal de guerra’. Eran insolentes, toscos y depravados. Les decían cholas de mierda, les jalaban los pelos y les tocaban las nalgas: eran las principales ‘sospechosas’”. (3)
Esta mirada de la otra, como reflejo de lo abyecto, basureada como un mecanismo de aniquilar cualquier intento de rebelarse, no fue exclusiva de los militares (aunque ellos son responsables del 83% de los casos denunciados). “Los subversivos saquearon las pertenencias de los pobladores, quienes buscaron defender sus ropas, víveres y animales. La declarante relata que recibió los maltratos de parte de los miembros de la columna, quienes la golpeaban con la culata de sus armas ‘en la espalda y en los costados, diciendo deja india cochina, asquerosa’”. (4)
Marcadas, con huellas invisibles, muchas de ellas detenidas en el tiempo, sin comprender aún cómo pueden actuar, cómo avanzar, decidir por si mismas, fieles reflejos de lo que las violaciones pretenden como mecanismo de dominación, viviendo aún poseídas de un dolor incomprensible.
“Yo no sé qué podría hacer con este mi cuerpo. Si supiera que hay dentro de mi lo abriría mi cuerpo y lo sacaría, quizá viéndolo sabría qué es lo que tengo, eso pienso,” dice Isabel Quispe Chipana, una de las mujeres víctimas de las violaciones en Llusita (5), pequeño poblado de la provincia de Cangallo en Ayacucho donde 8 mujeres fueron violadas por militares asentados en la base en dicha provincia. El testimonio evidencia descarnadamente cómo la experiencia vivida ha quedado inscrita en el cuerpo, aunque no de manera evidente, como suelen exigir las pericias forenses en los casos de violaciones, sino como tinta indeleble en las zonas más recónditas, en los “ayacuchos” de nuestro cuerpo, es decir en aquellos lugares donde mora el alma.
Hasta el momento, se tienen reconocidos de manera oficial 893 casos de violación sexual, quedando aún por revisar 1054 denuncias de violación y 227 de violencia sexual y éstas son sólo las denuncias. ¿Cuántos casos habrá que no se sabrán nunca porque las mujeres no van a hablar para evitar la humillación, por desesperanza, vergüenza, miedo y hasta culpa? Porque, como lo señala Rocío Silva Santisteban, “el proceso de ‘basurización’ permite ejercer el poder de convencer a la víctima de una cierta culpabilidad ante su propia situación, en otras palabras, a través de la basurización el discurso del violador y del torturado logra, en una trampa perversa, cobrar un efecto de verdad en la conciencia de las víctimas.” (6)
Según organizaciones defensoras de los derechos humanos, el 97% de los casos que registró la CVR no se han investigado y no hay interés en avanzar en las investigaciones. Según señalan estas instituciones, hay solamente registrados 16 casos y sólo 3 investigaciones están a nivel judicial. Otra vez como en muchas otras cosas, cuando se trata de las mujeres y sus derechos, la justicia ni siquiera marcha a paso de tortuga como en los otros casos de las violaciones a los derechos humanos. Mientras tanto, estas mujeres, compatriotas, peruanas, siguen esperando. Es el caso, por ejemplo, de Feliciana Quispe Huamaní, violada en Llusita por 25 sinchis, quien hace unos años ya, en su declaración en una Audiencia pública de la CVR, dijo: “En ningún lugar encontré justicia, y ahora quiero justicia.” Para ella, como para muchas otras, la exigencia lleva implícita además que se valoren las penas y las lágrimas derramadas, que se reconozca el dolor que han tenido que vivir y que arrastran, pues como lo señala Feliciana, “muchos de nuestros hermanos no son sensibles a nuestro dolor.” (7)
Una reparación integral exigen las mujeres víctimas de violencia sexual, reparación no sólo económica sino simbólica. Por ello, a iniciativa de la Congresista María Sumire, se ha presentado al Congreso el proyecto de ley 2906/2008-CR, dirigido a ampliar los alcances del Plan Integral de Reparaciones y a que se incluya todas las formas de violencia sexual (tocamiento, esclavitud y otras), pues la ley 28592, actualmente vigente, contempla únicamente la violación sexual como delito que amerita una reparación.
Se termina otro año. Soñemos con la esperanza de que en el próximo se terminen los olvidos, que la justicia dé grandes pasos y que ya no tengamos que seguir pasando navidades esperando por saber dónde están los seres queridos, a dónde los llevaron, y que los causantes de tanta muerte y dolor sean finalmente juzgados. Por Rosa Montalvo Reinosomadamrosa1@gmail.comNoticias Ser PerúLa Ciudad de las Diosas
Notas:
1. Ver “Pronunciamiento de los familiares del caso Parcco Alto y Pomatambo”, Comunicado, Instituto de Defensa
Legal, 17 de diciembre del 2010, http://www.idl.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=125
2. Vargas Llosa Mario, La Casa Verde, Peisa, Lima, 1998
3. Cita tomada de Orazio Potestá, “Tan cerca de la muerte. Reportaje a un grave atropello a los derechos humanos en el Perú”, APRODEH, Lima, 1997.
4. Informe CVR, Testimonio 500960, citado en Tomo VIII, Capítulo 2.2: Violencia y Desigualdad Racial. http://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20VIII/SEGUNDA%20PARTE/Impacto%20diferenciado%20de%20la%20violencia/2.2.%20DISCRIMINACION%20ETNICA.pdf
5. Comisión de Derechos Humanos. Llusita Ayacucho. http://www.youtube.com/watch?v=0L5pKG549BY
6. Rocío Silva Santisteban, El factor asco: Basurización simbólica, discursos autoritarios en el Perú contemporáneo, Instituto de Estudios Peruanos, Universidad del Pacífico, Fondo Editorial de la PUCP, 2008
7. Comisión de Derechos Humanos. Video citado.