Tenosique es una localidad del estado mexicano meridional de Tabasco que cuenta con un albergue para migrantes denominado “La 72”. En la estación de ferrocarril del pueblo los inmigrantes irregulares suben a bordo de trenes de mercancías que se dirigen hacia el norte, a la frontera con Estados Unidos.
Los trabajadores del albergue se mosquearon sobremanera el pasado 3 de marzo cuando vieron deambular por la estación a un hombre sospechoso de estar implicado en bandas delictivas que extorsionan a los migrantes para obtener de ellos dinero a cambio de dejarles viajar en el tren.
Al día siguiente, 4 de marzo, el tipo se personó en “La 72” y los trabajadores del albergue le negaron la entrada por considerarlo una amenaza para los que allí se hospedaban. El individuo culpó de esta actitud al defensor mexicano de los derechos de los migrantes Rubén Figueroa, al que acusó de haber dicho el día antes al director del albergue, fray Tomás González, que él estaba en la localidad y constituía una amenaza para los inmigrantes. Fue entonces cuando profirió una amenaza de muerte contra Figueroa; “lo traemos entre ceja y ceja —dijo— dile a tu amigo Rubén que le vamos a dar piso, ya los contactos saben”.
El personal del albergue denunció la amenaza de muerte contra Rubén ante la Procuraduría General de la República (PGR) en Tenosique, que ha abierto una investigación. Sin embargo, las autoridades locales han retirado recientemente las medidas de protección proporcionadas tras las amenazas previas contra trabajadores de “La 72”, medidas que incluían patrullas policiales.
Tanto Rubén Figueroa como fray Tomás González han sido víctimas de amenazas y actos de intimidación constantes por su trabajo ayudando y defendiendo a los inmigrantes irregulares que atraviesan México. Son cientos de miles que cada año intentan atravesar el país procedentes de América Central y del Sur para llegar a Estados Unidos. Muchos son detenidos por las autoridades de inmigración mexicanas y devueltos a sus países de origen.
Durante una visita que Amnistía Internacional realizó para investigar los informes sobre las violaciones de derechos humanos que sufren estas personas descubrió que muchas habían sido secuestradas por bandas, en ocasiones con la complicidad de funcionarios locales. La impunidad por estos abusos contra estas personas, que se encuentran en una situación extremadamente vulnerable, ha permitido el incremento de los mismos, a pesar de los compromisos del Gobierno de garantizar el respeto por sus derechos. A raíz de ello la ONG puso en marcha esta acción.
En 2012, la Cámara de Diputados y el Senado de México aprobaron por unanimidad la Ley para la protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que fue firmada por el presidente. El proceso de aplicación de esta ley ya ha comenzado, e incluye la participación directa de representantes de la sociedad civil, pero todavía no están establecidos los protocolos operativos ni las directrices sobre la necesaria cooperación entre las autoridades federales y estatales. Tampoco están consignados los recursos para garantizar su eficacia.
Artículo publicado en sevilla report.