A pedido del fiscal, el juez federal Bejas pidió datos de empresas en San Juan
Por José Ignacio Sbrocco | Para LA NACION
TUCUMAN.-El fin del receso judicial llegó con malas noticias para el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur. El juez federal Daniel Bejas, que investiga al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito, pidió detalles de empresas y sus accionistas para ver si se relacionan con él.
Antes de la feria judicial de enero, el fiscal federal Carlos Brito había solicitado nuevas medidas de prueba en la causa que se le sigue al funcionario nacional por sus bienes y el juez Bejas hizo lugar, según la copia de la decisión judicial que obtuvo LA NACION. El juez requirió información al Registro Público de Comercio de San Juan sobre las firmas Mercoplas SA, Grupo Baio, San Juan de Ullum y Tío Yamil SA.
El magistrado también hizo lugar al pedido de Brito de solicitar a la Oficina Anticorrupción el detalle de las declaraciones juradas de Manzur de los períodos 2011 y 2012, para “determinar las fechas de ingreso de los bienes declarados”.
En una respuesta anterior del Registro Público de Comercio de San Juan se había señalado que no hay ninguna sociedad con el nombre Mercoplas SA registrada en esa provincia. La esposa de Manzur, Sandra Mattar, nació allí y por eso se sospecha que podría tener acciones de empresas sanjuaninas.
Manzur -que sigue siendo vicegobernador en uso de licencia mientras ocupa el cargo de ministro- fue denunciado en agosto de 2010 ante la Justicia Federal de Tucumán por el abogado Oscar López, luego de que una nota publicada en LA NACION señalara que Manzur era uno de los funcionarios más ricos del gabinete de Cristina Kirchner. En ese año, Manzur había declarado un patrimonio de 5 millones de pesos. López amplió la denuncia luego de que este diario difundiera que Manzur tenía bienes por un total cercano a los 10 millones de pesos. La causa estuvo paralizada durante mucho tiempo, con pocos avances.
El abogado de Manzur, José Agustín Ferrari -fallecido recientemente- había planteado que debía ser la justicia provincial la que investigara el caso, pero finalmente la denuncia quedó en el fuero federal. Ése fue el primer revés para Manzur ya que el gobernador tucumano, José Alperovich, tiene mucha influencia sobre los fiscales penales y controla la Corte Suprema local, luego de haber designado a tres de los cinco miembros.
En 2012, el perito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Héctor Roccatagliata había dictaminado que el patrimonio del funcionario nacional estaba justificado. A raíz de ese informe, el abogado de Manzur había pedido su sobreseimiento, aunque Brito se opuso al cierre de las actuaciones.
López, el denunciante, acusó entonces al perito de la Corte ante los tribunales federales de Tucumán por “encubrimiento y violación de sus deberes de funcionario en subversión de sus obligaciones competenciales”.
La investigación original contra Manzur era por el incremento de su patrimonio durante los períodos 2009 y 2010, aunque luego se extendió por sus bienes declarados durante los años 2011 y 2012.
El juez Bejas y la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán mantienen varias pujas con el fiscal Brito y con el fiscal general Antonio Gómez, quien subrogó a Brito en tramos de la investigación. El fiscal general Gómez denunció que los jueces no quisieron mostrarles las declaraciones juradas de Manzur que están en el expediente.
El juez federal Bejas fue apoderado del Partido Justicialista y abogado de una de las empresas del gobernador Alperovich. Actualmente, un hijo suyo milita en la agrupación La Cámpora.