Se ha venido cuestionando a lo largo de los últimos meses la cooficialidad del bable, promovida como atractivo para el votante por parte de determinadas formaciones políticas “comprometidas” con el sentir de los asturianos. Cuesta hacerse una idea razonable sobre este particular, especialmente si consideramos que se estudia, de forma optativa, en las escuelas del Principado y que, por otro lado, se trata de un dialecto con variantes significativas dependiendo de la zona en que se estudie; poco tiene que ver el hablado en Luarca con el de Cangas de Onís, por poner un ejemplo. La oficialidad supondría, necesariamente, una normalización lingüística que representará la pérdida de cierto patrimonio determinado por las variedades de un dialecto al verse convertido en idioma artificialmennte. También es necesario considerar que Asturias tiene el mismo derecho que Galicia o Cataluña a disponer de las partidas presupuestarias encaminadas al sostenimiento del patrimonio cultural y que, el el caso de algunas comunidades, es extraordinariamente elevado el capítulo dedicado a la inmersión, verdadero eufemismo de imposición. Y finalmente he ahí el último problema: Es mucho más rentable y práctico hablar castellano e inglés que español y bable, resultando, como sucedió en Cataluña, en un empobrecimiento cultural de la población, la obligatoriedad a ultranza de la lengua cooficial.