lunes 31 de agosto de 2015 - 12:00 a.m.
El rechazo a la ley para igualar los incentivos fiscales a quien construya el nuevo puerto en el Pacífico ha provocado una disputa internajmtorrijos@laestrella.com.paSi hoy, cinco meses después de realizada, alguien solicita en la Asamblea Nacional una copia del acta de la sesión del 31 de marzo pasado de la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, le será imposible conseguirla, pues, hasta el momento, no hay un registro oficial de lo que sucedió aquel día en este grupo de trabajo.En esa reunión, según reportaron los medios, se rechazó el proyecto de ley 125, que proponía darle —a quien se gane la licitación para construir y manejar el puerto de Corozal que planea construir la Autoridad del Canal de Panamá (ACP)— los mismos beneficios fiscales que tienen otros puertos.Al parecer, una serie de ‘coincidencias' impidieron que los diputados miembros de la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, en ese entonces, firmaran el informe y el acta de ese día. Sin embargo, la semana pasada empezó a circular una copia del reporte del 31 de marzo para que los siete diputados que estuvieron en la votación del proyecto 125 den fe de lo acontecido.Las firmas están siendo recolectadas por el diputado José Antonio Domínguez, quien presidió la mencionada Comisión en la legislatura anterior. Fue Domínguez, justamente, el único que votó a favor de la ley.‘[Tras el rechazo del proyecto] Yo consideré que lo que se había hecho era algo indebido y quería revisar, como presidente de la Comisión, que no se estuviera cometiendo un error. Finalmente, cuando consideré que era apropiado firmar el acta y que eso se llevara a revisión en el pleno, empecé a recoger las firmas y, en medio de eso, salí del país. Cuando regresé, intenté reunir a la comisión y no se pudo, porque no hubo quórum. El acta de esa sesión nunca se pudo aprobar', explica el panameñista.Hasta el momento, Domínguez ha recolectado cinco de las siete firmas. En el informe, al que tuvo acceso La Estrella de Panamá aparecen las rúbricas del diputado por el circuito 8-7 y la de su copartidario Carlos Santana, que era el vicepresidente de la Comisión. También están las de los cedés Mario Miller, Salvador Real y Absalón Herrera.María del Carmen Delgado y Roberto Ayala, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), se han negado a estampar su firma.‘Uno me dijo que iba a averiguar [si presentar el documento era válido] y el otro me dijo que iba a consultar con su asesor legal', explica José Antonio Domínguez. ‘Yo hice lo que pude y le entregué el informe al presidente actual [Juan Carlos Arango, del Partido Popular]', añade.Los otros diputados que conformaban la comisión, Felipe Vargas y Alfredo Pérez (también del PRD), no participaron de la sesión ni habilitaron a sus suplentes, por lo que no se les requiere.ACUSACIONES POR DOQUIERLa recolección de las firmas ha desatado una callada pelea entre el oficialismo y la parte del PRD que se opone al actual régimen de gobierno.Los perredistas aseguran que la presentación del informe es ilegal, porque está fuera de tiempo, pero que se está realizando porque el proyecto será presentado nuevamente a la Asamblea y la falta de un informe del rechazo a la ley es un obstáculo. Según los perredistas, la insistencia con esta propuesta se debe a que se quiere beneficiar a ciertos sectores de poder allegados al oficialismo que tienen intereses en el puerto de Corozal.Del lado del panameñismo, se dice que aquellos que votaron en contra han sido comprados por grupos que no quieren, justamente, un nuevo puerto sobre el Pacífico. ‘Hay un movimiento de un puerto— me voy a reservar el nombre— que, a través de un grupo de diputados, empezó a promover que esta ley no fuera aprobada', asegura José Antonio Domínguez.El expresidente de la comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, incluso, insinúa que para garantizar el rechazo de la ley 125 pudo haber sobornos de por medio: ‘Un grupo de los diputados de la comisión decidieron, de forma inesperada, que se sometiera a discusión el proyecto, sin tan siquiera darle a la ACP o a la Autoridad Marítima de Panamá ni a nadie del Ejecutivo oportunidad de estar presentes. ¡Que expliquen! No lo van a hacer, porque alguien promovió que este proyecto lo tumbaran. ¿Qué hubo debajo de la mesa? No lo sé. El Ministerio Público tendrá que investigar'.En la versión televisiva de ‘Polígrafo' —entrevista dominical de La Estrella de Panamá que, también, transmite el canal Eco TV — Adolfo Valderrama, expresidente de la Asamblea y actual secretario de la Comisión de Infraestructura y Asuntos del Canal, se refirió al rechazo del proyecto para darle beneficios fiscales a quien construya y maneje el futuro puerto de Corozal, así como a la presentación de la ley por segunda vez.‘Se presentará un informe de la minoría [José Antonio Domínguez fue el único que votó por el proyecto] y otro de mayoría, que rechazaron el proyecto. El pleno tiene el derecho de votar con cuál de los dos se conforma. Si el informe de minoría de la comisión llega a tener la mayoría de votos, automáticamente, entra en la agenda para ser debatido en segundo debate en el pleno', explicó Valderrama.‘PLAN B'Cuando una comisión sesiona, no solo se entrega un informe, también se debe presentar un acta; sin embargo, esto no preocupa a Domínguez, porque, comenta, no es necesario que el acta la firmen los diputados que estaban en la sesión del 31 de marzo.Desde la óptica del diputado, ese documento puede ser aprobado por los actuales comisionados sin ningún problema: ‘El acta no es más que la transcripción de las grabaciones de ese día. No es necesario que lo firmen los diputados que estaban en la Comisión en aquel momento, lo pueden hacer los que están ahora. Ahí está la grabación de esa sesión, solo habría que escucharla para certificar que lo que dice el acta es lo mismo que sucedió, no es algo jalado por los cabellos'.Más allá del problema para lograr la equiparación fiscal, hay un punto que destacan los panameñistas: La construcción de un puerto es potestad de la ACP y de nadie más. ‘La ACP no necesita esta ley para construir este nuevo puerto, porque son sus tierras', mencionó ayer Adolfo Valderrama.‘Si lees la Constitución, la ACP tiene la potestad privativa para decidir qué hacer con sus bienes y patrimonio. Si ellos son dueños de un terreno en Corozal y quieren construir un puerto, ni el Ejecutivo ni el Legislativo ni el Judicial pueden decir ni ‘ji', exclama, por su parte, Domínguez.==========CRONOLOGÍA¿Qué sucedió el 31 de marzo en la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal?El informe de la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, al que tuvo acceso La Estrella de Panamá , indica que debatir el proyecto de ley 125 no estaba en los planes del día.El 31 de marzo sesionaron los panameñistas José Antonio Domínguez (presidente) y Carlos Santana (vicepresidente), los perredistas María del Carmen Delgado (secretaria) y Roberto Ayala; los cedés Mario Miller, Absalón Herrera y Salvador Real. Faltaron Felipe Vargas y Alfredo Pérez (ambos del PRD).Fue por petición de la diputada María del Carmen Delgado, secundada por su copartidario Felipe Vargas, que se cambió el orden del día y se decidió debatir este proyecto de ley que estaba esperando su turno desde el 15 de enero, cuando fue llevado a la Asamblea Nacional por Roberto Roy, ministro de Asuntos del Canal.Delgado, justamente, fue la primera en exponer su punto de vista sobre la ley. Tras ella, participaron Mario Miller, Absalón Herrera, Felipe Vargas y Carlos Santana.‘Los intervinientes establecieron y compartieron criterios de la no conveniencia del presente Proyecto indicando falta de mayores estudios para determinar su viabilidad y más aún se estableció en este debate que no se está de acuerdo con incremento o nuevas exoneraciones fiscales', indica el documento.Los miembros de la Comisión no fueron los únicos que hablaron ese día. El informe explica que en la sesión participaron dos residentes de la comunidad de Diablo —Luis Nieves y Rocío de Carneiro— y la diputada suplente Alida Spadafora.Nieves y de Carneiro se expresaron en rechazo de la construcción de un puerto en Corozal, no solo porque —para ellos— el proyecto afectaría la calidad de vida de los residentes de Diablo; sino, porque, consideran que, en vez de darle la concesión del puerto a otra empresa, debe ser ‘el Canal de Panamá la que diseñe, construya, desarrolle y opere cualquier proyecto multimodal portuario que se lleve a cabo para capitalizar así frutos de la expansión del Canal'.La diputada suplente Spadafora, quien fue invitada a la sesión, mostró su rechazo al proyecto 125 porque, para ella, no hay información suficiente sobre el proyecto. ‘[Alida Spadafora] Además cuestionó que no se ha hecho estudio de impacto ambiental, por lo cual no se han tomado en cuenta estos impactos que afectarán la población adyacente y reitera que se debe tener mayor información técnico fiscal para conocer realmente la factibilidad de este Proyecto', se lee en el informe de la Comisión.Con estos argumentos a cuestas, vino la votación: Cinco en contra (Miller, Real, Herrera, Delgado y Ayala), uno a favor (Domínguez) y una abstención (Santana).==========‘Hay un movimiento de un puerto— me voy a reservar el nombre— que, a través de un grupo de diputados, empezó a promover que esta ley no fuera aprobada',JOSÉ ANTONIO DOMÍNGUEZDIPUTADO PANAMEÑISTA==========EL NUEVO GRUPOLa actual Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del CanalPresidente: Juan Carlos Arango (Partido Popular, aliado al oficialismo)Vicepresidente: Yanibel Ábrego (Cambio Democrático)Secretario: Adolfo Valderrama (Partido Panameñista)Comisionados: José Antonio Domínguez (Partido Panameñista, repite en la comisión); Carlos Afú, Raúl Hernández (CD); Roberto Ayala (repite en la comisión), María Delgado (repite en la comisión), Crispiano Adames (PRD).