Bancos bajo sospecha

Hubo un tiempo en que España se permitió presumir de tener un sistema financiero intachable, uno de los más solventes del mundo, hasta que se descubrió el pastel gracias a una crisis económica que todavía nos afecta y empobrece. Este sistema bancario ni era intachable, estaba expuesto como el que más y no hacía ascos a prácticas de dudosa legalidad, como Lehman Brothers nos hizo comprobar. Descubrimos que la banca española era cualquier cosa menos modélica en su comportamiento y manirrota en su funcionamiento. Desde gestores que abochornarían al ladrón más descarado, hasta engaños que comparten con la estafa aprovecharse de la buena fe de los clientes, pasando por amparar y lucrarse con el dinero de sospechosa procedencia. De todo ello hemos tenido sobrados ejemplos en nuestro sistema financiero, el único sector de la actividad económica del país que ha merecido ser “rescatado” por el Gobierno con el dinero de los contribuyentes. Todos los demás, incluyendo los que afectan a pensionistas, enfermos y parados, han sufrido ajustes, recortes y precariedad para contribuir a ayudar a la banca.

Ya es doloroso tener que aceptar esta realidad impuesta por la lógica del dinero, que prioriza sus intereses frente a la prestación de servicios públicos, como para asumir, además, que todos los mecanismos existentes de control del sistema financiero no sirven para nada. La “puntilla” a tanto desbarajuste la ha ofrecido el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al demandar la intervención de Banca Privada de Andorra (BPA) –cuarta entidad andorrana por volumen de activos- y su filial española, Banco de Madrid, por posible blanqueo de dinero procedente de organizaciones criminales de Rusia, China y de la petrolera venezolana PDVSA.
El Banco de España y el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) han brillado por su inoperancia e incompetencia a la hora de detectar la comisión de actividades fraudulentas en, al menos, la sucursal radicada en la Capitaldel Reino. Sus mecanismos de supervisión y vigilancia, funciones que estatutariamente tienen encomendadas, han resultado inútiles, y únicamente por indicación de las autoridades norteamericanas, instando a la intervención, se ha procedido a la suspensión del Banco, la destitución de su cúpula directiva y a la apertura del expediente sancionador que se traslada a la Fiscalía Anticorrupcióny al juez. Es decir, hasta que los americanos no mandan parar, el Banco de Madrid hubiera seguido blanqueando dinero ante las mismas barbas de todas las instituciones que vigilan y promueven el buen funcionamiento del sistema financiero español y de supervisar la solvencia y el cumplimiento de la legalidad de estas entidades.
Y es que la banca española no es de fiar. Cada día ofrece nuevos escándalos que llevan a los ciudadanos a desconfiar de un sistema financiero que participó activamente, y con pleno conocimiento de causa, del “desmadre” de la burbuja inmobiliaria, de las acciones preferentes con las que engañaron a miles de ahorradores, y de las tarjetas “black”, para gastos sin control y sin declarar, con las que se remuneraba adicionalmente a determinados directivos de algunos bancos y cajas.
En cuanto ha habido que ejercer un control más estricto a estas entidades, controles solicitados por instancias europeas, más anomalías aparecían. Lo que marca una inflexión en este marasmo de arbitrariedad financiera es la intervención de Caja Castilla La Mancha, en 2009, acausa del “agujero” de pérdidas que acumulaba al vulnerar irresponsablemente la normativa de riesgos. Necesitó 4.125 millones de euros por parte del Fondo de Garantía de Depósitos, más otros 1.493 del FROB cuando fue absorbida por Cajastur.
Otra entidad, Cajasur, la caja de la Iglesiacon sede en Córdoba, también tuvo que ser intervenida tras encontrarse al borde de la bancarrota, sin que ningún administrador de la misma, ni religioso ni seglar, rindiera cuentas de la nefasta situación en la que dejaron a una entidad que precisó de millonarias ayudas a fondo perdido. Como ella, otras muchas -tales como CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo), Catalunyacaixa, Unnim, Novacaixagalicia, Banco de Valencia y Bankia- evidencian lo ficticio de la supuesta solidez de un sistema financiero, cuya reordenación necesitó más de 100.000 millones de dinero público, entre avales, compra de activos y ayudas directas, para adaptarlo a los nuevos requerimientos exigidos por Europa.
Ni siquiera buques insignias de mayor prestigio y solvencia, como el Santander, se libran de presentar algún “marrón” en su gestión o en sus gestores. Altos directivos de la entidad, incluido el fallecido presidente Emilio Botín y otros miembros de su familia, han sido imputados y condenados por disponer de cuentas no declaradas en Suiza y por cometer fraude fiscal y falsedad documental, entre otros delitos. Un alto ejecutivo del banco, Alfredo Sáenz, fue condenado e inhabilitado por delitos de acusación y denuncia falsa, siendo finalmente indultado por el anterior Gobierno socialista. En cualquier caso, tanto es el “poder” del “mejor banco del mundo” que, como consecuencia del sobreseimiento de uno de los casos en los que se estuvo involucrado, se ha acuñado el término de “doctrina de Botín”, que actualmente reclama la infanta dona Cristina en su defensa en el caso Nóos, cuando dicho sobreseimiento se origina por la falta de acusación del Ministerio Fiscal. No se trata de ninguna jurisprudencia establecida, sino de simple trato de favor a una élite en su relación con la Justicia.
Con tales antecedentes, no es de extrañar que la vigilancia de los “trapicheos” de los bancos la realicen instancias foráneas que velan por sus intereses, no por la honradez y la limpieza del sistema financiero, ya que el Banco andorrano y su filial madrileño no son, ni por asomo, los mayores blanqueadores de dinero del mundo. Las cantidades manejadas fraudulentamente por estos bancos intervenidos apenas representan una ínfima parte de los más de 600.000 millones de dólares que, según el FMI y Naciones Unidas, se blanquean anualmente en el mundo, entre los cerca de 2,5 billones de euros que escapan al fisco, sin que nadie intervenga para impedirlo. Es más, ningún país se ha interesado en adoptar medidas eficaces para cerrar, o al menos regular, los paraísos fiscales existentes en la faz de la Tierra, sabiendo que son sedes para la evasión de capitales y el blanqueo de dinero. Y es que el poder del dinero es inmenso y puede comprarlo todo.
Los motivos por los que Estados Unidos insta la intervención del Banco de Andorra y del Banco de Madrid son más políticos que económicos, pero, en su proceder, ponen de relieve la inutilidad de nuestro servicio de supervisión y vigilancia del sistema financiero y del seguidismo con el que actúa a las órdenes de las autoridades norteamericanas. Un seguidismo que, no obstante, permitió que algunos clientes pudieran retirar sus fondos antes de que la intervención suspendiera las actividades del banco español, dada la “tranquilidad” con la que se ejecutaron estas decisiones.
Si esto es actuar con diligencia y eficacia, que venga Obama a certificarlo y el Banco de España a demostrarlo, porque antes de que hubiera motivos públicos para la alerta, ya había “volado” un volumen nada despreciable de los fondos del Banco. En el “corralito” quedaron atrapados los ahorradores menos espabilados. Así las gasta la banca española, una banca bajo sospecha. Téngalo en cuenta a la hora de domiciliar su nómina.