Fue creado a nivel municipal en 2011 como una derivación de la Ley Nacional 25.932.
Ante la sucesión de denuncias sobre abusos policiales, el Concejo decidió reflotar una antigua ordenanza y puso en marcha el Comité Municipal contra la Tortura, que ya realizó cuatro reuniones y aspira a lograr respuestas concretas del gobierno provincial.
Los casos de violencia en comisarías y en procedimientos policiales entraron en el radar del Concejo en noviembre pasado, cuando un adolescente de 16 años perdió un ojo al ser alcanzado por una bala policial en el barrio 2 de Abril.
A raíz de aquel hecho los concejales resolvieron desempolvar la ordenanza 2178 sancionada en junio de 2011 que creó el Comité Municipal contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y que nunca se había implementado.
La representante del Concejo en ese foro es Ana Marks (Frente para la Victoria), quien dijo que este año esperan darle nuevo impulso, con un régimen de al menos una reunión mensual, "en función de las denuncias y situaciones que se produzcan y del trabajo que haya que realizar".
El Comité creado a nivel municipal es una derivación de la ley nacional 25.932 que adhirió a la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y otorgó rango constitucional a su protocolo facultativo.
De esa normativa nacional surgió también la exhortación a crear Comités contra la Tortura en ámbitos provinciales y locales, aunque ese mandato en su mayor parte permanece incumplido. Río Negro adhirió a la ley y conformó su propio comité en 2010. Pero hoy no funciona.
Marks dijo que Bariloche es "el único municipio del país que lo implementó por ordenanza". Aseguró que en los últimos dos meses cursaron pedidos de informes y reclamos a las autoridades de la provincia para que se active el comité provincial, pero no tuvieron respuesta.
Además de la Concejal integran el Comité un represente del Ejecutivo (fue designada Paula Barberis, del área de Desarrollo Social), la Defensora del Pueblo Beatriz Oñate y referentes del Consejo de Infancia, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y Unter/CTA, entre otras organizaciones.
Marks explicó que el campo de acción del Comité incluye no sólo el funcionamiento de las cárceles y unidades policiales, sino además de otros lugares de encierro como institutos geriátricos, hogares de niños y centros psiquiátricos.
Pero señaló que el Comité Municipal deberá ganar espacio con el tiempo, porque hasta ahora tuvo "resultados limitados por falta de respuesta".
Un hábeas corpus preventivo que presentaron varias organizaciones luego del grave incidente en el que un joven perdió un ojo fue rechazado por la jueza Romina Martini a comienzos de diciembre por la imprecisión en los planteos. Sin embargo el fallo remitió los antecedentes a la fiscalía de turno para que investigue los casos de violencia institucional.
Un relevamiento efectuado semanas antes por este diario había comprobado la existencia de 83 expedientes abiertos en la distintas fiscalías por distintos casos de abuso imputables a policías de Bariloche.
La concejal Marks aseguró que el comité tiene facultades para ingresar en cárceles y las comisarías, pero el día que se produjeron detenciones en la marcha por el primer año del homicidio de Rafael Nahuel, "existieron denuncias de malos tratos" y no los dejaron ingresar.
"Hay que trabajar mucho en ésto, para que el Comité sea reconocido y pueda cumplir con su función", afirmó.
Según la ordenanza, están habilitados para recibir denuncias por violaciones a la integridad psicofísica de las personas privadas de libertad, elaborar informes y estadísticas, llevar una base de datos permanente sobre casos de tortura y malos tratos y llevar adelante campañas públicas de concientización sobre la problemática de las personas en situación de encierro.
Pero la primera misión del Comité municipal es "brindar la debida colaboración en el orden material, político y administrativo al Comité Provincial" contra la Tortura.
La concejal Marks se quejó de que el gobierno de Alberto Weretilneck no haya mostrado interés alguno en cumplir con la ley que generó ese comité, y que ya tiene más de ocho años.
"El Comité provincial también debería ponerse en movimiento porque hace mucha falta -refirió la concejal-. Dicen que convocaron a las Ongs y se presentaron pocas, entonces van a empezar de nuevo. Pero si hay voluntad política pueden trabajar igual. Nosotros nos pusimos a disposición porque nuestro rol como Comité local es articular".
Acusó al ministro de Seguridad Gastón Pérez Estevan de "no dar respuesta alguna" a los pedidos de informes planteados desde el Comité por el chico que perdió el ojo y otros casos de maltrato policial.
Dijo que también se propusieron generar una interacción con el Ministerio Público Fiscal y el objetivo principal para este año es darle continuidad al trabajo del Comité, "a pesar de que el contexto no es muy favorable, porque hay una tendencia a naturalizar todo lo que es tortura y violencia institucional".
2010 / Es el año que da puntapié a la iniciativa local tras los crímenes de tres jóvenes en el Alto ocasionados por policías.
2018 / En noviembre de ese año un joven perdió un ojo por un disparo policial. El Concejo reflotó la vieja ordenanza.
Debe elaborar informes y estadísticas, llevar una base de datos sobre casos de tortura y malos tratos, y realizar campañas de difusión para concientizar.