Los acusados
El juicio tendrá lugar contra 15 imputados: José Angel Pedraza, Juan Carlos Fernández y Pablo Díaz, principales dirigentes de la Unión Ferroviaria y de la Comisión de Reclamos de la Línea Roca; Jorge González, Guillermo Uño, Juan Carlos Pipito y Gabriel Sánchez, afiliados de la UF que fueron parte de la patota; Cristian Favale, barrabrava contratado para la ocasión; y los policías Luis Osvaldo Mansilla, Jorge Ferreyra, Hugo Lompizano, Rolando Garay, David Villalba, Luis Echavarría y Gastón Conti.
Todos ellos se encuentran acusados por los representantes de las víctimas por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado, para que se aplique el art. 8º, inc. 6 del Código Penal, el cual prevé una pena de prisión perpetua.
Castigo a todos los responsables
En el juicio, probaremos que el 20 de octubre de 2010 existió un plan criminal para ‘aleccionar’ a los tercerizados del ferrocarril Roca; para lo cual, los jefes de la Unión Ferroviaria convocaron y reclutaron una patota para atacar con armas de fuego a los trabajadores. Como resultado de esa agresión, fue asesinado Mariano Ferreyra y fueron heridos Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pinto. El móvil de la cúpula de la Unión Ferroviaria fue garantizar el negocio que implicaba la contratación, con subsidios estatales, de ‘cooperativas’ regenteadas por el mismo sindicato para realizar obras en las líneas ferroviarias, con trabajadores que percibían un tercio del salario de un obrero ferroviario de planta permanente.
Las pruebas contra los imputados son contundentes. Los intentos de la defensa para presentar los hechos como un ‘enfrentamiento’ quedaron desvirtuados por las pericias, las que determinaron que los disparos provinieron exclusivamente del lado de la patota. Por otro lado, la pretensión de que no existió intención de matar por parte de los agresores terminó con el perito de los imputados, Roberto Locles, procesado por alterar la bala que causó la muerte de Mariano Ferreyra.
La ‘espontaneidad’ de la movilización de la patota se derrumbó por los numerosos cruces telefónicos y testimonios que dieron cuenta del reclutamiento previo, así como por el permiso otorgado por los empresarios de Ugofe para que más de 80 trabajadores de los talleres de Remedios de Escalada abandonaran su lugar de trabajo y se plegaran al grupo agresor.
Asimismo, los cruces ubican juntos a Pedraza y Fernández mientras monitoreaban con Díaz el ataque. Pedraza reconoce en su declaración que le ‘preocupaba’ la influencia de la izquierda entre los tercerizados -y, por ese motivo, su ingreso a planta permanente del ferrocarril. Pedraza también se encuentra imputado en otra causa por intentar sobornar al Tribunal de Casación, el cual debía confirmar la prisión preventiva de los primeros miembros de la patota que fueron detenidos.
La patota contó con el apoyo de la policía, la que liberó la zona, garantizó su retiro sin intentar ninguna detención y cubrió su retirada. El accionar doloso de la policía quedó plasmado en las grabaciones en las que sus jefes ordenan pasar a otra frecuencia sus comunicaciones, para evitar que quede registro del intercambio que mantenían mientras ocurría la agresión. La policía no tomó ninguna medida para resguardar el lugar de los hechos y tardó en poner en conocimiento de lo actuado al juez interviniente y al fiscal. Los policías se encuentran procesados por ‘abandono de persona’, acusación que la fiscalía mantuvo. En el curso del juicio, las partes querellantes solicitaremos su condena como partícipes del homicidio y de la tentativa de homicidio en tres ocasiones.
Juicio ya
A pesar de estar agotadas todas las instancias procesales previas, el juicio aún no tiene fecha. El tribunal aduce que la Corte Suprema no ha dispuesto de una sala con suficiente espacio como para albergar a todas las partes intervinientes (jueces, secretarios, fiscalía, querellas y defensas) y conservar su carácter público. No se nos escapa que estas dilaciones son explotadas por el gobierno en sus operaciones para digitar la sucesión de Moyano al frente de la CGT.
El Tribunal 21 debe fijar fecha inmediatamente para el inicio del juicio y la Corte disponer los recursos necesarios para garantizar su desarrollo. El Partido Obrero se movilizará a la Corte Suprema de la Nación y ante todas las instancias que sean necesarias para garantizar el inmediato inicio del juicio.