Vecinos dicen NO a la instalación de una
central eléctrica contaminante
Ernesto Salgado, del Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente concluye: “Estamos ante una situación ambiental y sanitaria preocupante ante la cual las autoridades responden con violencia y sin democracia”.
Por Sabrina Carnéz
Los vecinos de Berazategui reclaman desde hace ocho años el traslado de la subestación, ya que este tipo de emprendimientos, que son transformadores de alta tensión, generan una emisión de campos electromagnéticos, provocando daños irreparables en la vida humana, como cáncer y leucemia infantil, además de enfermedades degenerativas y respiratorias.
El Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de Berazategui trabaja junto a la Asamblea de Vecinos Autoconvocados, con el fin de lograr el traslado de la subestación Rigolleau a zonas no pobladas, y para que se establezca además una ley sanitaria que evite daños para la salud, a partir de problemas ambientales.
“A pesar de las evidencias sobre este impacto ambiental sobre la vida humana, nuestro país no tiene aun una legislación sanitaria que exija cumplir con aquellos requisitos para que instalaciones de esta naturaleza no enfermen a la población, en el caso del electromagnetismo esta prevención esta dada por la distancia, por eso en el caso de la subestación Rigolleau los reclamamos, desde hace ocho años, el traslado de la obra a zonas no pobladas”, denuncia Ernesto Salgado, coordinador del Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente y vecino del barrio afectado por la subestación Rigolleau.
Desde el pasado lunes 13 de Febrero, el barrio San Francisco está sitiado por vallas de dos metros de altura que colocaron las fuerzas de infantería de la provincia de Buenos Aires, con colaboración de la Guardia Urbana de Berazategui y empleados municipales, sin orden judicial, impidiendo la libre circulación de los vecinos, quienes se ven obligados a presentar sus documentos de identidad para ingresar a sus hogares.
“Hoy en día el barrio está sitiado por la policía, con la circulación vehicular totalmente cerrada, y nos solicitan a los vecinos que nos acreditemos para poder pasar el vallado. Este avasallamiento de las fuerzas de seguridad sobre los Derechos Humanos esta realizado sin orden judicial y por un acuerdo entre el ENRE y el Municipio, según dicen los policías a cargo del operativo”, asevera Ernesto Salgado, de la Asamblea.
Dicho accionar es abalado por el Gobierno Municipal y ENRE, a través de un acuerdo privado por parte de ambas entidades, y que desconoce así los tratados internacionales de Derechos Humanos, la Constitución Nacional e incluso las leyes ambientales y sanitarias del país.
De esta manera, las autoridades nacionales prevén la puesta en marcha de la subestación a orillas de la autopista Buenos Aires- La Plata para el corriente mes, que será operada por la empresa EDESUR, como respuesta a los problemas de escasez energética que sufre la zona.
Los vecinos y asambleístas presentaron en reiteradas oportunidades cartas a EDESUR y al intendente de Berazategui, Dr. Patricio Mussi, con el fin de establecer un diálogo democrático, sin obtener respuesta alguna por parte de los mismos.
Por otro lado, los asambleístas denuncian que el intendente de Berazategui, emitió el decreto 138/12 a través del que “elude responsabilidades, no responde a ninguna de las preocupaciones planteadas, asume ser parte de un Plan de Acción Conjunta diseñado por Edesur SA, el Enre y el Municipio para poner en marcha la subestación”.
Si bien los vecinos conocen las deficiencias del servicio eléctrico, se niegan a seguir los pasos de su localidad vecina, Ezpeleta, donde también reclaman desde 1994 el traslado de la subestación a zonas no pobladas, denunciando la contaminación ambiental que provocaría la estación eléctrica de la empresa EDESUR desde su puesta en marcha.
Ante este panorama alarmante, la Asamblea de Berazategui, junto al Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de la misma localidad, se manifiestan en contra de la represión de la protesta social, haciendo referencia al modo agresivo en que la Gendarmería, la Infantería y la Policía procedieron para el sitiamiento del barrio, con la participación de camiones municipales y la Guardia Urbana.
De esta manera exigen el traslado inmediato de la subestación Rigolleau fuera de toda zona poblada, y la implementación de una ley sanitaria que evite los daños a la salud ocasionados por problemas ambientales derivados del electromagnetismo, por lo que seguirán en estado de resistencia.
Ernesto Salgado, del Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente, concluye: “Estamos ante una situación ambiental y sanitaria preocupante ante la cual las autoridades responden con violencia y sin democracia”.