Hace un par de años os conté en el blog un hecho absolutamente insólito: un equipo de investigadores de la Universidad de Cantabria había descubierto pinturas paleolíticas en la cueva Morín mientras realizaban una excavación arqueológica autorizada por el Gobierno de Cantabria. El hallazgo se notificó al Gobierno, pero éste alegó que el permiso no incluía autorización para realizar un estudio de arte rupestre e inhabilitó a tres prehistoriadores, impidiéndoles ejercer en Cantabria cualquier actividad relacionada con el patrimonio cultural durante cuatro años, que después un recurso redujo a dos.
Después de aquello hubo un segundo recurso al que la Administración respondió con el silencio administrativo y, por lo tanto, desestimándolo. César González Sainz, uno de los investigadores sancionados, puso una demanda contra el Gobierno de Cantabria en el contencioso administrativo. Y hace un par de días se ha comunicado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que, felizmente, da la razón a César y se la quita al Gobierno de Cantabria, reconociendo que la sanción que impuso el Gobierno de Cantabria es “nula por no ajustarse a derecho”.
La sanción impuesta ilegalmente por el Gobierno de Cantabria no solo ha perjudicado a las personas sancionadas, sino que ha privado a la sociedad del trabajo de uno de los especialistas con mayor reconocimiento internacional en la materia durante dos años, que además han coincidido con un año sabático en el que se iba a dedicar exclusivamente y full time a la investigación. La sentencia me hace muy feliz porque reconoce que la decisión del Gobierno de Cantabria fue ilegal, pero me sabe a poco porque no compensa los daños morales del recurrente y no tiene consecuencias para quienes tomaron la decisión de aplicar una sanción ilegal.
Pero me parece que la sanción, aunque tarde, llega en un buen momento, coincidiendo con el cambio de gobierno en Cantabria. El nuevo equipo de la consejería de cultura debe tomar buena nota de esta sentencia y analizar todo lo que hay y hubo detrás del expediente sancionador. El nuevo equipo de gobierno debe saber quién ha estado gobernando y de qué manera, y cambiar al menos las formas de trabajar en la consejería de Cultura (por no hablar ya del equipo, claro). Deben tomar buena nota del pequeño detalle que incluye la sentencia acerca de la fecha de permiso para realizar la excavación: en noviembre se autorizó a realizar la excavación durante ese año, algo que prácticamente hacía imposible la excavación porque se aprovechan los meses de verano, cuando no hay docencia en la universidad, para hacer los trabajos de campo. Deben analizar qué intereses había detrás de la sanción, ¿quizá cuestiones “territoriales” de control de la arqueología regional? ¿quizá intereses personales de individuos que, puesto que no alcanzan méritos suficientes, solo pueden medrar o mantener su estatus pisando a los profesionales aunque haya que saltarse la ley? Deberán preguntarse si quien decidió aplicar la sanción ilegal lo hacía siendo consciente de esa irregularidad. Y, por supuesto, deben replantearse la forma en que se gestiona la investigación arqueológica en Cantabria: cómo, a quién, cuándo y con qué meritos se otorgan los permisos para realizar actuaciones arqueológicas y las subvenciones correspondientes. Y deberán preguntarse si se ha sido igual de riguroso con todos los investigadores a la hora de exigirles el cumplimiento de sus obligaciones.
Todo eso le tocará al nuevo gobierno, al que le toca hacer una reforma completa de la gestión del patrimonio cultural de Cantabria. Pero hoy habrá que tomarse un gintonic para celebrar la buena noticia. Y cuando pase por Santander, César, ya veremos cómo lo celebramos