Boi Ruíz en ABC: "Necesitamos más impuestos y tasas para un gasto sanitario que crecerá"

Con las cuentas de su departamento de nuevo amputadas —el gobierno catalán aprobó a finales de año un recorte del 4,8% en el presupuesto de Salud—, el consejero Boi Ruiz pide entereza para afrontar un 2012 de ajustes en el que, según afirma, deberán acometerse reformas importantes en el sistema sanitario. Como deseo de inicios de año pide un Pacto de Estado que aclare cómo se afronta la deuda de las comunidades.
—El pasado día 6 de noviembre, Aragón y Cataluña firmaron un pacto de conciliación para resolver el conflicto en la zona limítrofe de La Franja después de que una decena de pacientes denunciaran que siguen sin ser atendidos en el Hospital de Lérida. ¿Las tensas relaciones que hay actualmente con el Estado hacen peligrar este pacto?
—Las instrucciones que reiteramos siempre desde la consejería es que cualquier persona que venga a Cataluña desde otra comunidad debe ser atendida. Aragón y Cataluña firmaron en 2005 un acuerdo que contemplaba que no se obtendría ninguna contraprestación por este servicio. Por esta razón, el gobierno catalán no ha podido exigir a Aragón que pague en concepto de atención a estos ciudadanos. Ahora, ambas comunidades hemos acordado que se debe pagar esa asistencia, pero como es un problema general, intentamos llevar este pacto al consejo interterritorial.
—¿Cuál cree que es la solución al problema?
—Pensamos que una fórmula administrativa fácil es crear un fondo para atención a desplazados. Pensamos que las partidas de todas las comunidades en concepto de esta atención deberían ir a ese fondo, que estaría gestionado por el Estado. Sería una fórmula homogénea de facturarnos entre comunidades. Esto es lo que estamos trabajando con el resto de comunidades.
—¿Cuánto ha dejado de ingresar Cataluña al año por atender a pacientes de otras comunidades?
—Sesenta millones es lo que nos cuesta al año atender a los desplazados, pero hasta ahora era un dinero que no podíamos reclamar.
—Tanto en la medida de la póliza obligatoria para las rentas altas como en el «tique moderador» el Gobierno se le ha tirado encima. ¿Por qué cree que el Ejecutivo central está tan susceptible últimamente?
—El gobierno del Estado ha estado jugando a un juego poco serio. Ha incrementado la cartera de prestaciones sin acompañarlas de la partida pressupuestaria correspondiente. Tampoco ha resuelto la cuestión del pago de los enfermos desplazados ni de los nuevos medicamentos. Asimismo, ha estado centrifugando el déficit sanitario a las comunidades y después ha criticado sin fundamento decisiones perfectamente coherentes con el modelo sanitario catalán. Quizás, la susceptibilidad tenía que ver con la proximidad de unas elecciones.
—¿De qué adolece la sanidad catalana?
—En la sanidad catalana hay varios problemas importantes. El más urgente es devolver la deuda. Si no tuviéramos que devolver ese dinero, probablemente el ajuste de 2011 no hubiera sido tan importante. Por lo tanto, el primer problema que debemos resolver es qué hacemos con esa deuda. Para ello es necesario un Pacto de Estado. Sólo así resolveremos el problema histórico, que no es sólo imputable a la gestión de las comunidades. Se debe tener en cuenta que durante años las comunidades han tenido una financiación insuficiente. —No sé si es el mejor momento para negociar esto...
—Probablemente, pero debemos decirlo. A las comunidades se nos deben dar instrumentos (impuestos finalistas, tasas) para lidiar con este problema. Estos instrumentos deben ir acompañando una partitura que para mí es que hay un gasto corriente y un aumento de ese gasto por el incremento de la esperanza de vida y la incorporación de las nuevas tecnologías. Necesitamos un Pacto de Estado que marque qué debe hacerse, si no, habrá más tensiones.
—Cuando su departamento montó la primera comparecencia para informar sobre el alcance de los recortes, se afirmó que en esta primera fase de ajustes la calidad asistencial no se vería afectada... Ahora, después de meses de recortes en hospitales con camas y quirófanos cerrados y consultas aplazadas, ¿mantiene esa afirmación?
—Las quejas que se han producido son denuncias puntuales por desajustes que han ocurrido siempre. Muchas de ellas nos enteramos por los medios de comunicación porque no nos llegan por los canales formales. Tenemos unas 900 demandas judiciales al año, que se han mantenido. No hay afectación en la calidad asistencial, otra cosa es que haya más lista de espera.
«La salud de uno no depende del Estado»
—Igual se le malinterpretó cuando dijo que la salud es un bien privado, ¿qué pretendía decir exactamente?
—Pues algo tan sencillo como que yo no puedo garantizarle a nadie que esté sano. La salud de uno no depende del Estado. Debe cuidarla el ciudadano a nivel privado. Se trata de hacer prevención y evitar que la gente acabe en el hospital. Hemos de invertir un modelo sanitario que desde el año 1990 se basa en esperar que el enfermo venga al centro. La salud pública ya hace prevención pasiva, es decir hacer prevención sin que uno actúe. Ahora se trata de que el individuo haga prevención activa.
—¿Le parece bien que hospitales como el Sant Pau o el Sant Joan de Déu de Barcelona en los que la Iglesia tiene una presencia importante en los órganos de gobierno practiquen abortos o dispensen la píldora abortiva?
—En los supuestos que establece la ley, que es estatal, los servicios de Salud de las comunidades autónomas han de garantizar la cobertura pública de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). El CatSalut garantiza plenamente este derecho en Cataluña con respeto para todos. Aprovecho para recordar, a título de ejemplo, que esta prestación incluida por el Estado en las de financiación pública, es una de les que no ha tenido nunca una contraprestación económica ni para Cataluña ni para ninguna comunidad autónoma.
**Publicado en "ABC"