Caracas.
“Intereses políticos” dentro del propio Gobierno buscarían “ahogar las administraciones y paralizar los proyectos de CVG Alcasa, Servicios de Laminación de Aluminios C.A (Serlaca) y Minerven“, según denunciaron en nuestra redacción Elio Sayago y César Ortiz, presidentes de las dos primeras industrias de Guayana mencionadas.
Precisaron que los recursos que les fueron asignados en abril de 2011 no han podido ser utilizados, ya que se encuentran inexplicablemente represados en el Bandes.
Explicó Ortiz que Serlaca, empresa que se dedica a producir laminados de aluminio de bajos espesores, en Caicara del Orinoco, solicitó un préstamo para culminar la construcción de su planta, y el Gobierno le asignó los recursos, de los cuales no han podido disponer, toda vez que se designó una Comisión Nacional de Desarrollo y Reformas que además de “intervenirlos”, los obliga a comprarle los equipos a empresas chinas.
“Serlaca ya tiene un compromiso del conocimiento del Gobierno y estaba establecido y negociado con países como Alemania, Francia, Italia y España, por lo que derogar el trato conllevaría a demandas nacionales e internacionales y a la paralización de las obras”, indicó Ortiz.
Consideró que el interés por parar ese proyecto, que ya tiene 40% de avance, pese a sólo haber dispuesto de 23% de las asignaciones, se debe a que unas 276 mil toneladas de aluminio, en vez de ser transformadas en el país, se quedarían en manos de trasnacionales, lo cual afectaría además al programa Gran Misión Vivienda Venezuela y los intereses nacionales.
Acusados funcionarios. En cuanto a Alcasa, Sayago precisó: “Quieren ahogar las administración y decir que cerramos por ineficiencia”, y responsabiliza al Movimiento 21 de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores y al ministro de Industrias Básicas y Minería, José Khan de “apoyar y generar las agresiones contra los trabajadores y su persona, así como los intentos de llevarlo a juicio y despojarlo por la fuerza de la presidencia”.
Aseguró que desde su juramentación, iniciaron intentos para paralizar la empresa, a través de “la violencia sistemática”, aunada a una campaña de descrédito apoyada por “el canciller Nicolás Maduro, varios ministros, diputados, y el gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez”, a quienes señaló como responsables.
Indicó que le ponen alcabalas para el desembolso de los fondos, “con el objetivo de que ellos asuman el control de las empresas, usurpando nuestras funciones”, y explicó que han implementado cuatro caminos para hacerlos fracasar.
Recordó que la violencia fue para amedrentar su gestión; luego se valieron de la actuación de una comisión interventora “ilegal” con el apoyo de la Guardia Nacional y finalmente optaron por “estrangular la gestión”.
Pero lo que más le asombró a Sayago fue un plan que contemplaba llevar a los directivos hasta Cuba, donde les informarían que a nombre del presidente Hugo Chávez se iba a hacer una reestructuración y que tendrían que poner sus cargos a la orden. “Esa mentira no pudieron sostenerla”, dijo.
Detalló Sayago que en Alcasa enfrentan problemas como la falta de materia prima, además, por el plan de ahorro eléctrico no están produciendo a su capacidad máxima, dejando de percibir 180 millones de bolívares al mes, por lo que los comedores y el transporte corren el riesgo de pararse.
También destacó la eliminación de la tercerización en las empresas básicas, pero indicó que cuando presentan el punto de cuenta, niegan el ingreso a nómina, “para buscar un conflicto interno”.
Sayago y Ortiz expresaron que están dispuestos a seguir honrando el compromiso contraído con el presidente Chávez e hicieron un llamado a las comunas, consejos comunales, trabajadores y al pueblo para que cese el conflicto que tildaron de “contradicción histórica de la revolución en Guayana”.
Blanca González / bgonzalez@cadena-capriles.com