(Prensa Latina) Organizaciones sociales bolivianas preparan una marcha hacia la capital del país en defensa del proceso de cambio y en rechazo al intento de golpe de Estado contra el Gobierno del presidente Evo Morales.
La secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa", Julia Ramos, anunció a una red de emisoras radiales y televisivas que desde Caracollo, población intermedia entre Oruro y La Paz, se organiza esta caminata en pro de la democracia en el país.
La líder femenina alertó de los intentos de romper el orden constituido legalmente con un golpe de Estado, como sucedió en Paraguay con la destitución del presidente Fernando Lugo, en un juicio político impulsado por la derecha.
Por su parte, la presidenta de la Coordinadora Departamental para el Cambio en Cochabamba, Leonilda Zurita, afirmó que defenderán el proceso democrático ante los actos desestabilizadores de grupos de derecha infiltrados en el movimiento policial.
Asimismo, Roberto Coraite, líder de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, ratificó que su agrupación, al igual que otras organizaciones sociales, defenderán al gobierno de Evo Morales de cualquier atentado contra la democracia.
No obstante, el comandante general de la Policía Boliviana, Víctor Maldonado, aseguró la víspera a la televisión estatal que ese cuerpo trabaja con plena normalidad en todas sus unidades, tras la solución del conflicto policial de los últimos cuatro días.
El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, reforzó las declaraciones de Maldonado y señaló que las actividades policiales son normales y se garantiza el trabajo de la banca y su seguridad, así como el funcionamiento de bomberos, radiopatrullas y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.
La situación se había tornado muy compleja el domingo cuando grupos de policías de La Paz y otros departamentos rechazaron el acuerdo con el Gobierno, que aumentó a dos mil 65 bolivianos (unos 300 dólares) el salario mínimo y duplicó la dotación de víveres de los uniformados, entre otros beneficios.
La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, advirtió que la intransigencia y la violencia configuraban un escenario de golpe de Estado.
El presidente Morales advirtió desde la localidad de Corocoro, donde promulgó la creación de una empresa estatal minera, sobre una conspiración para perpetrar un golpe de Estado, tomando como escudo el amotinamiento de los policías.
A su vez, el jefe de la bancada del Movimiento Al Socialismo en la Cámara de Diputados, Roberto Rojas, señaló la presencia de políticos que deslegitiman el movimiento policial de baja graduación por un incremento salarial y se aprovechan de sus demandas legítimas para ganar protagonismo y poner en peligro la democracia.