Luiz Inácio Lula da Silva no puede presentarse como candidato presidencial para Brasil en las elecciones del 7 de octubre. Así lo decidió el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Brasil, al aceptar por 6 votos a favor y 1 en contra las apelaciones contra Lula por su condena penal por corrupción y lavado de dinero.
Durante la larga sesión del TSE -que abrió a las 14.30 horas y terminó más de 10 horas después- los siete magistrados coincidieron en que no hay duda de que Lula no es elegible bajo la llamada “ley de la tarjeta limpia”, que prohíbe a los ciudadanos condenados en segunda instancia por un tribunal colegiado presentarse como candidatos a las elecciones.
El ex presidente, de hecho, ha cumplido desde el 7 de abril una condena de 12 años impuesta en primera instancia por el magistrado símbolo de las investigaciones anticorrupción en Brasil, Sergio Moro, y confirmada en segunda instancia por un tribunal regional de Porto Alegre.
Edson Fachin, el único magistrado que se pronunció a favor de autorizar la candidatura de Lula, lo hizo sobre la base de una solicitud del Comité de Derechos Humanos de la ONU a las autoridades brasileñas para garantizar al ex presidente el pleno ejercicio de sus derechos civiles -incluido su derecho a presentarse como candidato a la presidencia- hasta que se agotaran todos los recursos relativos a su condena.
Fachin argumentó que la solicitud del organismo de la ONU era vinculante para las autoridades brasileñas, pero sus seis colegas respondieron que las solicitudes del Comité de Derechos Humanos sólo podrían ser obligatorias si la presidencia brasileña hubiera promulgado los acuerdos internacionales pertinentes, ya ratificados por el Parlamento.
Esto no sucedió, ya que Dilma Roussef, compañera de partido de Lula, quien fue elegida después de a la presidencia, fue responsable de este descuido.
Tan pronto como se anunció el rechazo de la candidatura de Lula, el Partido de los Trabajadores (Pt) emitió una declaración en la que prometió “seguir luchando con todos los medios” por su candidatura, pero aunque los defensores del ex presidente apelaran contra la decisión, su aplicación seguiría siendo inmediata.
El Tribunal Supremo Electoral de Brasil (TSE) ha dictaminado que Ignacio Lula da Silva no podrá presentarse a las elecciones presidenciales del 7 de octubre tras su condena a doce años de corrupción confirmada en el Recurso de Apelación. Los abogados de Lula ya han indicado que apelarán ante la Corte Suprema contra el rechazo del TSE.
Hace unos días, el Ministerio Público del Estado de São Paulo también pidió que Fernando Haddad, candidato a vicepresidente del Partido de los Trabajadores de Lula, sea acusado de enriquecimiento ilegal. Según el Ministerio Público, Haddad se había embolsado cerca de R$2,6 millones ($620.000) en negro de una empresa constructora para su campaña electoral de 2012 cuando fue elegido alcalde de São Paulo.