La Comisión también insta también a España a que cuando tenga conocimientos de que un inmigrante no tiene la debida documentación para permanecer en territorio europeo, debe iniciar un proceso de expulsión o de lo contrario, legalizar al extranjero..
Si el gobierno español toma en cuenta esta advertencia y decide enmendar la Ley de Empadronamiento para impedir la inscripción de los extranjeros sin papeles, los inmigrantes indocumentados perderían el derecho a la salud y la educación, lo que sería completamente repudiado por las entidades que defienden sus derechos y se abriría un debate en torno a este tema.
Este tema salió a relucir en la Comisión Europea tras la pregunta hecha por el eurodiputado de CIU, Ramón Tremosa, sobre la legalidad de la norma que se quería implementar en el ayuntamiento de Vic, en Barcelona, de no empadronar a los sin papeles, lo que provocó gran revuelo entre diferentes sectores que se oponían a dicha propuesta.