El comisario de Salud y Consumo, Tonio Borg, ha propuesto este lunes una amplia revisión de las normas de salud y seguridad en la cadena agroalimentaria con el objetivo de “simplificar y modernizar” la legislación comunitaria para facilitar su aplicación y reducir costes, pero ha dejado claro que los cambios traerán también un “refuerzo de los controles” para evitar fraudes y proteger al consumidor.
La revisión, que necesita el visto bueno de los Veintisiete y la Eurocámara para salir adelante, reduce de 70 a solo cinco las disposiciones legislativas que regulan las cuestiones sanitarias y de seguridad en la industria agroalimentaria, un sector que en la UE da empleo a unos 50 millones de personas.
Borg plantea actuar en tres ejes, incluido el refuerzo de los controles en la cadena alimentaria para evitar fraudes, mejorar la vigilancia de las enfermedades en animales y plantas y revisar la legislación en materia de semillas agrícolas, para luchar y erradicar las enfermedades que amenacen los cultivos y producciones de la UE.
Bruselas es partidaria de un “enfoque adaptado a los riesgos” de cada situación y de su impacto en cada Estado miembro, además defiende eximir a las microempresas y pymes de las normas más costosas para no minar su desarrollo.
Entre las novedades que introduce la propuesta de Borg figuran también mejoras en el apartado fitosanitario para que reciban compensaciones financieras aquellos productores afectados por plagas sujetas a cuarentena, por las que podrían perder sus cosechas o producciones.
En la rueda de prensa en la que ha presentado su propuesta, el comisario ha recordado que la industria agroalimentaria es el segundo mayor sector económico de la UE y representa unos 750.000 millones de euros al año.
“Europa cuenta con los mayores estándares de seguridad alimentaria del mundo, lo que no implica que no haya problemas”, ha dicho Borg, quién ha recalcado las “lecciones aprendidas” este año por el escándalo de la carne de caballo vendida como de vacuno en varios países de la UE.
En este sentido, el comisario ha señalado la necesidad de reformar la legislación para contar con unos controles más estrictos y efectivos en la cadena agroalimentaria, asegurar un apoyo más importante a las autoridades nacionales que deben cumplir con esta vigilancia y avanzar hacia una acción coordinada a escala europea.
Bruselas también reclama mayores poderes para poder obligar a los Estados miembros, por ejemplo, a realizar pruebas en los productos alimenticios si sospecha que existe un fraude o problemas sanitarios. En la actualidad puede hacer “recomendaciones” –fue el caso de la campaña que aceptaron los 27 en marzo para buscar restos de equino en la carne de vacuno–, pero no obligarles.
Para financiar las medidas con las que se reforzarán los controles, la Comisión propone que el actual sistema de tasas se amplíe a otros sectores de la cadena que actualmente no deben pagar este coste, si bien prevé que queden exentas las microempresas y pymes de menos de 10 trabajadores o con una facturación por debajo de los 2 millones de euros anuales. Con todo, las empresas que se beneficien de esta exención sí deberán cumplir con los controles.
También se pedirá a los gobiernos nacionales que integren controles antifraude en sus planes nacionales y que fijen sanciones “realmente” efectivas contra los incumplidores. Las normas actuales establecen que los Estados miembros deben aplicar sanciones económicas “apropiadas”, lo que resulta ambiguo y no tiene el efecto disuasorio esperado, según ha subrayado el comisario.
Borg insiste en que este escándalo “no fue un problema de seguridad alimentaria, sino de fraude de ley” y por ello reclama cambios en las leyes comunitarias para que las multas “estén al menos a la altura del beneficio obtenido por el fraude cometido, para que nunca saquen ventaja”. “Si la sanción es demasiado baja, el infractor ve una ganancia inmediata”, insiste el responsable comunitario de los asuntos de sanidad y consumo.
El Ejecutivo comunitario considera que la política europea en materia de seguridad animal y producción alimentaria es eficaz y “funciona correctamente”, pero cree que hay problemas que se deben resolver aún, como “la extrema complejidad” del sistema actual, la falta de una estrategia global que permita una acción más coordinada y la “poca atención dedicada a la prevención de enfermedades”.
Fuente: europapress.es
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