Sumándose a la propuesta de Blake, Stiglitz y Akerloff, la Comisión Europea presentó una propuesta para armonizar las sanciones contra delitos financieros. El Ejecutivo comunitario dedicó un capítulo destacado de su propuesta a "las penas de prisión", para enviar un firme mensaje de rechazo a los inversores que creen que pueden seguir actuando a sus anchas en los mercados financieros. Según el documento, que será debatido por los 27 gobiernos, la posibilidad de acabar entre rejas apuntala el efecto disuasorio de las sanciones contra los abusos de mercado y las operaciones con información privilegiada.
Contra los delitos más graves, "la respuesta será la más dura", advirtió Michel Barnier, comisario de Mercado Interior, quien lamentó que las leyes que persiguen un mismo delito sean "muy divergentes" según el país en el que se cometa. La propuesta reconoce que la imposición de sanciones, sean administrativas o penales, es una competencia nacional, pero propone criterios de mínimos comunes para evitar una hiperespeculación escandalosa. Bruselas pretende reforzar el papel de los supervisores europeos que comenzarán a funcionar a principios del 2011, de manera que se mejore la transparencia y la responsabilidad: saber quién hace qué. Las autoridades lamentan que un mismo delito pueda estar estrictamente sancionado en un país de la UE y consentido en otro.
El documento presentado ayer va acompañado de una consulta pública para pulsar la opinión del sector. A lo largo de 2011, Bruselas presentará propuestas concretas, que sin embargo no pasan por el refuerzo de las sanciones contra los supervisores nacionales, que en algunos medios han sido vistos casi como un cómplice, por su inacción, de los excesos de la especulación que desembocaron en la crisis del verano de 2008.
Barnier presentó ayer otra consulta pública, en este caso sobre la reforma de la directiva de mercados de instrumentos financieros. El objetivo es "mejorar la transparencia y la seguridad de los mercados financieros" en el sector de las redes de inversión transfronteriza o las operaciones basadas en algoritmos e instrumentos tecnológicamente avanzados. La directiva actual entró en vigor hace solo tres años, pero se considera ya desfasada por la innovación en el sector, que ha mermado la capacidad supervisora de los reguladores.
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Tomado de Público.es Una mirada no convencional al neoliberalismo y la globalización