Leo con estupor en la prensa una información que hace referencia a una denuncia interpuesta contra el Gobierno vasco por ex-dirigentes de la antigua Cámara de la Propiedad Urbana de Bizkaia, que imputan al Ejecutivo autónomo la apropiación de catorce millones de euros que, en su opinión, serían patrominio de esta institución. Bien, al objeto de aclarar estos hechos ante la opinión pública, y evitar en la medida de lo posible la tergiversación de la verdad y su utilización con fines políticos, considero necesario realizar las siguientes puntualizaciones:
1.- En primer lugar, es preciso recordar que en el mes de enero de 2006 los Departamentos de Hacienda y Administración Pública y Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno vasco aprobaron un decreto por el cual se acordaba la liquidación del patrimonio de las extintas Cámaras de la Propiedad Urbana y su integración en la Administración Pública, en base a un inventario realizado por la Dirección de Patrimonio y Contratación del Ejecutivo autónomo, competente en este ámbito.
2.- En segundo lugar, constatar que este decreto tiene su base en el artículo 10.21 del Estatuto de Autonomía, que establece la competencia de la Comunidad Autónoma en materia de Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana; del mismo modo, una vez suprimidas por el Estado como corporaciones de derecho público, al amparo del artículo 149.1.18 de la Constitución, las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana entraron en un proceso de liquidación, acorde con la lesgislación vigente.
3.- En tercer lugar, el citado decreto establecía la elaboración del inventario de todos los bienes, derechos y obligaciones que constituían el patrimonio de las Cámaras Oficiales de la Propieda Urbana, los criterios para la determinación de los mismos, la aprobación del inventario, la cancelación de la deuda y el conjunto de medidas necesarias para llevar acabo esta transición. Así, la Orden de 29 de mayo de 2008, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, aprobada y publicaba en el Boletín Oficial del País Vasco, recogía el inventario realizado, avalado por una auditoría externa.
4.- En cuarto lugar, subrayar la oposición radical de los antiguos dirigentes de la entidad de la Cámara de la Propiedad Urbana de Bizkaia, que en todo momento rechazaron las sentencias que avalaban la decisión del Estado de suprimir estas instituciones como corporaciones de derecho público. Su posición contraria dificultó el tránsito al que la Administración estaba obligada, ante la resolución de los recursos que respaldaban la constitucionalidad de esta norma, lo que generó por su parte una primera denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
5.- En quinto lugar, poner de manifiesto que esta denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco fue archivada sin que ningún cargo del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco fuera ni siquiera llamado a declarar. Entendieron entonces que no había indicio alguno que justificara su tramitación. Ahora los ex dirigentes de la extinta Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Bizkaia han recurrido ante el Tribunal Supremo. Tengo la convicción de que el resultado será el mismo que en ocasiones precedentes.
6.- En sexto lugar, constatar, una vez más, que la acción política debe estar sometida a control y a fiscalización permanente, incluida la intervención de las instituciones públicas, con los instrumentos que existen para ello, pero en este caso concreto entiendo que hay un interés claro por desprestigiar la actuación del anterior Gobierno vasco, en el que cabe todo, incluso una denuncia desestimada en su momento, que ahora se reabre, coincidiendo en el tiempo con la denuncia interpuesta por el actual Ejecutivo autónomo contra el ex responsable de la Delegación Territorial de Bizkaia, que ya está siendo investigada.
7.- Por último, puntualizar que el presunto “agujero patrimonial” que denuncian los ex dirigentes de la extinta Cámara de la Propiedad de Bizkaia responde a su empeño por preservar como propios unos bienes que son, en realidad, propiedad legítima del Gobierno vasco, que es quien detenta en la actualidad su titularidad, acorde con el dictamente de sus órganos de gestión competentes. Hablar, por tanto, de “agujero patrimonial” y atribuirlo a Ezker Batua-Berdeak constituye un acto de mala fe, con una intencionalidad que se me escapa, pero, que en cualquier caso, no es inocente.