Ante la nueva liberación masiva de presos etarras sin cumplir ni treinta de sus miles de años de condenas, además que señalar como responsables a los jueces de la sala primera de la Audiencia Nacional que los redimen, debemos recordar que son parte de algo mayor: las camarillas ideologizadas que dominan la carrera y ven al Estado democrático como si fuera el franquismo.
Prácticamente todas las decisiones que benefician a terroristas o a los actos de manipulación de las leyes, como hacen por ejemplo en Cataluña, están bajo la jurisdicción de supuestos progresistas y nacionalistas de la “Unión Progresista de Fiscales” y “Jueces para la Democracia”.
Aunque minoritarias en las carreras fiscal o judicial son enormemente influyentes porque representan la grandiosidad de lo moralmente superior, y convierten la justicia en farsa apelando siempre al Art. 25.2 de la Constitución que señala que “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”.
Así imponen lo políticamente correcto sobre la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Francisco de Vitoria, y sobre miles de jueces no asociados, mayoritariamente independientes y no ideologizados.
La judicatura española sufre terribles lacras, como la de disponer de pocos medios, la de facilitar la prescripción de delitos al alargar los procesos por excesivo garantismo. o disponer de la mitad de jueces por habitante que Alemania, aunque esta ampliación sería innecesaria si se simplificaran las leyes procesales que multiplican la burocracia hasta el infinito.
Pero la mayor y peor desgracia de la justicia española es la existencia de esas camarillas de jueces y fiscales ideologizados, sobre todo los “progresistas” o “para la democracia”, estos últimos desgajados de la APM, acusándola de rigorista, a partir de 1983.
Esas minorías ven al bandido como víctima de la sociedad, como un opositor a Franco: pocos se enfrentan a esa moral superior.
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SALAS