Hay acontecimientos que no prestigian la imagen de la Justicia; el nombramiento del Consejo General (CGPJ), tampoco.
No se puede desvincular a la Administración judicial de la política porque la Constitución dice que “la justicia emana del pueblo” (frase tan rimbombante como imprecisa). Pero esa relación debería ser mínima. Si un magistrado sabe que su ascenso depende del sesgo ideológico de quien lo nombra se pervierte la pretendida independencia.
El CGPJ debería mantener la inspección y el régimen disciplinario sin intervenir en los nombramientos.
En el Constitucional el Parlamento podría elegir a la mitad más uno con mayorías cualificadas. Tanto en él como en el Supremo, los presidentes elegidos por sus magistrados y diferentes de quien presida el CGPJ.
La mejor garantía de un Estado de Derecho sano es un poder judicial independiente. Hay que esforzarse por lograrlo.