Cuando un político o un partido presentan una nueva propuesta, desde los medios de comunicación se plantea como si fuese la idea exclusiva de ese sujeto o grupo, que le ha venido por iniciativa propia, sin pararse a analizar a qué intereses sirve. Es lo que llamamos “personificación de la política” y, usada convenientemente, puede servir para fijar la atención exclusivamente en una de las partes interesadas mientras se omiten las otras. Así, el debate sobre el uso de las armas en Estados Unidos se plantea como una confrontación entre diferentes representantes de los partidos Demócrata y Republicano, como si la multimillonaria industria armamentística estadounidense no pintase nada, o en el debate sobre la privatización de la sanidad o la educación los únicos actores de los que se habla son los partidos que apoyan o se oponen a ello, sin apenas mencionar las grandes empresas privadas de los respectivos sectores.
Estas compañías ejercen presión a través de lo que comúnmente se conoce como lobbies empresariales, esto es, grupos de empresas con intereses comunes que se juntan a la hora de presionar a los Gobiernos o partidos políticos para que adopten decisiones que los favorezcan. Se calcula que solo en Bruselas hay más de 30.000 lobistas que intentan influenciar a los políticos de la UE y que conforman la nueva versión globalizada de los antiguos caciques, tan presentes en los siglos XIX y XX en América y Europa.
Generalmente, estos grupos intentan situarse fuera de la opinión pública y su presión no solo se limita a la esfera política, sino también a los medios de comunicación, de los que muchas veces son los principales financiadores, por lo que su intervención suele pasar desapercibida o camuflada la mayoría de las veces. Sin embargo, su poder es enorme y, dependiendo de su agresividad, son capaces de acciones que van desde conseguir la aprobación de una simple ordenanza municipal hasta la instauración de un equipo de gobierno completamente a su servicio, ya sea de apariencia democrática o dictatorial. Es de este último aspecto del que se hablará en este artículo.
Nada nuevo
La colaboración de empresas privadas con dictadores es un fenómeno que viene repitiéndose a lo largo de la Historia en lo que supone una relación mutuamente beneficiosa. Por un lado, el dictador consigue recursos logísticos o financieros que le ayuden a tomar el poder o a consolidarse en él, mientras que las empresas obtienen libertad absoluta para campar a sus anchas por el país y generar beneficios de una manera que no hubiese sido posible en otra situación. El caso más notorio fue la colaboración de algunas de las principales empresas alemanas con el Gobierno nazi de Adolf Hitler.
Para ampliar: “El Tercer Reich económico: las empresas que ayudaron a Hitler”, Fernando Arancón en El Orden Mundial, 2014
En España hubo ejemplos parecidos durante la dictadura de Francisco Franco. Algunas de las mayores empresas del país vivieron un auge espectacular durante el franquismo gracias a la estrecha relación de sus propietarios con el caudillo, que supo recompensar su ayuda durante la Guerra Civil y la posguerra. Compañías como Gas Natural-Fenosa, Acciona, ACS, Endesa, Iberdrola o San Miguel —y una larga lista— basan su actual riqueza en el desarrollo experimentado durante una de las épocas más oscuras de la Historia española y entre sus fundadores se encuentran antiguos ministros, alcaldes o diplomáticos franquistas que, en la mayoría de casos, continuaron en sus cargos tras el fin de la dictadura y no tuvieron que pagar reparación alguna, un asunto que continúa siendo tabú en la península ibérica.
Para ampliar: El franquisme que no marxa, Lluc Salellas i Vilar, 2015
Los ejemplos se multiplican por todo el mundo. En Argentina se sigue investigando la estrecha relación entre el Gobierno de Videla y algunos de los empresarios más significativos del país, una relación que se centró principalmente en la represión de los cuadros sindicales más destacados a través de amenazas, torturas, secuestros y asesinatos. Robert Mugabe, el recientemente depuesto dictador de Zimbabue, también debe agradecer a varias multinacionales extranjeras y a su financiación y apoyo que su mandato haya durado casi 40 años, entre ellas algunas compañías tan importantes como Enel, General Electric o el gigante de la comunicación Naspers, además de personajes mediáticos como el futbolista español Luis Figo, que posee minas de oro en el país.
Es también conocido el caso de la United Fruits Company, que con la inestimable colaboración de la CIA consiguió tumbar al Gobierno progresista de Jacobo Arbenz en Guatemala para implantar una junta militar afín a sus intereses. Este acontecimiento representa para muchos la quintaesencia del imperialismo estadounidense en América Latina por lo descarado y significativo que fue.
Para ampliar: “La CIA contra Guatemala: cuando Ernesto se convirtió en el Che Guevara”, Adrián Albiac en El Orden Mundial, 2015
En Libia encontramos otro ejemplo interesante. Antes de sucumbir ante las fuerzas de la OTAN, algunas empresas importantes de sus países miembros —y que fabrican material militar usado por la alianza—, como Boeing en Estados Unidos o la tecnológica Bull en Francia, fueron los proveedores de los sistemas de espionaje utilizados por Muamar el Gadafi para vigilar a sus opositores y consolidarse en el poder más de 40 años.
Se podría seguir con esta lista y llenarla de ejemplos hasta completar este texto —y, posiblemente, unos cuantos más—, ya que prácticamente ningún dictador se salva de la quema. Sin embargo, no obtendríamos ninguna conclusión válida si simplemente enumeramos estos casos y dejamos sin analizar otros factores vitales que hacen este proceso posible. Ahora bien, estos ejemplos ilustran perfectamente que, a la hora de hacer dinero, hay muy pocas cosas ante las que las grandes multinacionales pongan reparo, y los abusos humanitarios cometidos por estos líderes no parecen ser una de ellas. Las facilidades que les dan estos dictadores, especialmente en materia laboral y medioambiental, acaba pesando más que cualquier aspecto ético o moral. Bajo su lógica, algo que puede parecer tan terrible como niños trabajando en minas en condiciones lamentables es visto como una oportunidad de mercado más, que ayuda a bajar el coste de producción y, por tanto, otorga más beneficios a la compañía.
¿Dónde está la justicia?
Perseguir este tipo de acciones a través de la legalidad es bastante complejo por varios motivos —razón por la cual es aún más provechoso para las multinacionales, ya que el riesgo asumido es bajo en comparación con las ganancias—. Primero, los tribunales de un Estado controlado por una dictadura jamás van a iniciar un caso contra sí mismos, por lo que las acciones legales tienen que venir siempre de un tribunal externo. Llevar estos casos a tribunales extranjeros es un proceso que generalmente sale muy caro para las víctimas, y más si, como suele ocurrir, los juicios se alargan durante años, mientras que para estas compañías el gasto en abogados es una partida insignificante dentro de sus presupuestos multimillonarios. Además, determinar que una empresa ha participado en crímenes humanitarios o ha facilitado la implantación de un régimen opresivo es muy difícil de conseguir. En algunos casos en los que la empresa ha participado directamente, como en el caso de la proveedora del insecticida usado en las cámaras de gas nazis, esto puede ser más fácil, pero probar que una empresa sabía que sus productos o dinero estaban siendo usados para realizar abusos humanitarios es otro cantar.
Los principales tribunales internacionales del mundo, como la Corte Penal Internacional de La Haya o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, normalmente centran la responsabilidad de los crímenes humanitarios en las autoridades estatales o, como mucho, en organizaciones que, sin ser del Estado, están conectadas directamente con él, como milicias paramilitares, y se tiende a dejar al sector privado de lado. En lo que atañe a estos casos, los mecanismos legales para determinar la complicidad empresarial siguen en pañales y no parece que las autoridades judiciales internacionales tengan especial urgencia por solucionar este problema.
Por todo ello, los casos en los que una empresa ha sido condenada por su colaboración con dictaduras son muy escasos y ninguno ha sentado un precedente que sirva como base para otros casos similares. En su mayoría provienen de tribunales nacionales donde las víctimas personaron una acusación popular, generalmente con el apoyo de alguna ONG, pero las sanciones recibidas por las compañías no suelen ser demasiado perjudiciales. Un ejemplo es el caso de los ogonis contra la sociedad formada por la Royal Dutch Petroleum Company y Shell en 1995, en el que la gigante petrolera fue condenada por un tribunal estadounidense por participar en la represión violenta que la junta militar gobernante en Nigeria llevó contra la tribu ogoni, que eran los habitantes de las tierras que estas empresas querían explotar para extraer petróleo. Por silenciar todo tipo de oposición a sus operaciones, ya fuera a través de la tortura, asesinatos o arrestos arbitrarios, esta sociedad fue condenada a pagar 15 millones de dólares, una cantidad muy pequeña si la comparamos con los volúmenes en los que se mueven estas compañías.
En la mayoría de los casos, las autoridades nacionales de los países afectados se muestran poco interesadas en perseguir estas situaciones, cuando no entorpecen directamente las investigaciones destruyendo pruebas o silenciando a testigos. Sin embargo, hay un país que se ha convertido en referente a la hora de perseguir la responsabilidad empresarial en crímenes contra la humanidad: Argentina. De todos los casos abiertos contra empresas privadas por su complicidad con dictadores, el 65% se encuentran en el alargado país sudamericano.
Durante la dictadura militar de Videla, miles de argentinos sufrieron la represión llevada a cabo por el Ejército junto con algunas de las principales empresas del país, como los diarios Clarín y La Nación, las filiales de Fiat, Mercedes-Benz y Ford en el país o la azucarera Ledesma. Tras la caída de la junta militar, las autoridades judiciales del país han mostrado iniciativa y voluntad para condenar a los responsables, lo que los ha llevado a crear multitud de leyes y mecanismos para perseguirlos. De hecho, no son pocos los casos en los que las víctimas de situaciones similares en el extranjero, como las víctimas del franquismo en España, acuden al país andino en busca de justicia. Aun así, el proceso judicial avanza lentamente e incluso ha sufrido algún retroceso desde la llegada de Mauricio Macri al poder —en forma de anulaciones de condenas y nuevos jueces puestos a dedo—. Por ahora, son ocho los empresarios procesados, de los cuales solo uno ha sido condenado.
Para ampliar: “La complicidad empresaria de la dictadura aliada de la impunidad y el poder”, Giuliana Sordo en La Primera Piedra, 2017
Una colaboración muy rentable
La colaboración de empresas privadas para establecer o consolidar dictadores en el poder se hace con un único objetivo: conseguir la apropiación exclusiva de los principales recursos económicos del país. En Camerún y Chad podemos ver un ejemplo muy significativo de lo valiosa que puede ser esta cooperación para las dos partes interesadas. Los respectivos presidentes de estos países, Paul Biya e Idriss Dèby, dos de los dictadores más veteranos de África y responsables de múltiples abusos humanitarios, mantienen excelentes relaciones con las petroleras Exxon Mobil, Chevron y Petronas. Fruto de esas relaciones, surgió uno de los proyectos más importantes del África subsahariana: el oleoducto de Chad-Camerún, de más de mil kilómetros de longitud y que se encarga de transportar el crudo extraído en Chad hasta el puerto de Kribi, en Camerún.
Este proyecto fue inaugurado por los dos dictadores en 2004 con la promesa de que traería desarrollo económico y social a las dos naciones, pero 14 años después queda claro que aquellas palabras no eran más que un brindis al sol. El dinero obtenido por la exportación del petróleo se ha repartido —y se reparte— exclusivamente entre estas empresas y los Gobiernos corruptos de Biya y Dèby, sin que la población local se haya beneficiado lo más mínimo de sus preciados recursos naturales. Escuelas sin construir, fondos destinados a la financiación de guerrillas y la lucha contra los opositores del Gobierno, nulo control medioambiental del proyecto… y, en definitiva, una población igual o más empobrecida que antes.
Esto último es el denominador común de todos los países intervenidos por empresas. Si ya en los países que supuestamente gozan de democracia y libertad plenas, como Europa o América del Norte, es muy difícil conseguir una distribución de la riqueza justa y equitativa entre la población trabajadora y las grandes empresas, imaginemos lo utópico que es llegar a esta situación en un país donde estas compañías saquean a su antojo protegidas por el poder político y militar de sus gobernantes. Es la nueva forma de colonialismo: en el siglo XVII teníamos a la Compañía Británica de las Indias Orientales controlando medio mundo y sus recursos de manera directa, sin ningún disimulo; en el siglo XXI son los conglomerados empresariales como Exxon los que convierten a los Gobiernos en peones a su servicio —con la aquiescencia interesada de los propios gobernantes, que a su vez utilizan a las empresas para consolidarse en el poder— para seguir enriqueciéndose impunemente. Mismo resultado, pero adaptado a la era de apariencias felices en la que vivimos.
Para ampliar: “La política exterior de las multinacionales”, Trajan Shipley en El Orden Mundial, 2017
Dictaduras malas… y menos malas
Junto con la campaña antiterrorista, la lucha contra el autoritarismo es la principal cruzada que en estos momentos libran los representantes del autodenominado “mundo libre”. Sin embargo, resulta curioso analizar el doble rasero que se aplica en muchas ocasiones a la hora de combatir esta lacra. Mientras que figuras como Kim Jong-un, los hermanos Castro, Gadafi, Sadam Huseín o incluso presidentes elegidos como Hugo Chávez o Nicolás Maduro son el principal objetivo de las potencias occidentales, los dictadores más sanguinarios no reciben prácticamente ninguna atención.
Sin ánimo de caer en la conspiranoia, seguramente tenga mucho que ver la permisividad de estos dictadores con las multinacionales provenientes de las mismas potencias que dicen querer acabar con las dictaduras. El principal punto común de las políticas de Venezuela, Libia, Cuba, Corea del Norte o el Irak de Huseín es precisamente su negativa a permitir que compañías extranjeras exploten sus principales recursos, y ese puede haber sido uno de los detonantes para colocarlos en el punto de mira. Visto así, se entiende que todo un autócrata como Xi Jingping, dirigente de un Gobierno cada vez más represivo —y líder del Partido Comunista, para más inri—, no sea declarado enemigo público, ya que sería una declaración que amenazaría los intereses de las miles de corporaciones que, como Apple, basan gran parte de su riqueza en lo poco que cuesta fabricar casi cualquier cosa en el gigante asiático y en las facilidades que pone el Gobierno chino para producir en factorías que tienen en cuenta poco o nada las condiciones laborales y sanitarias de sus trabajadores.
Esta hipocresía, tan conveniente para los grandes empresarios del mundo, es uno de los principales obstáculos para combatir el autoritarismo en el mundo, por lo arraigada que está y por la relevancia que tiene en muchos de los sectores económicos más importantes del mundo. En nuestro día a día, todos usamos algún producto que ha sido producido en circunstancias más bien turbias en algún país gobernado de manera aún mas turbia. Sin embargo, el camino para acabar con el autoritarismo en el mundo no puede ser otro que el de la denuncia y condena de todas las partes involucradas, empezando por los principales proveedores logísticos y financieros de los dictadores. Todo lo demás son palabras que se llevará el viento.
Fe de errores: El título original del artículo contenía el término totalitarismo en lugar de autoritarismo. El cambio obedece a que los países mencionados en el texto corresponden a Gobiernos autoritarios, pero la mayoría de ellos no son totalitarios, ya que no disciplinan —o disciplinaban— completamente todos los aspectos de la vida social.
Capitalismo y autoritarismo: un matrimonio de conveniencia fue publicado en El Orden Mundial.
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