La situación que viven las personas privadas de libertad se encuentra al limite de lo éticamente permitido, moralmente aceptado y por sobre todo, alejado del derecho y dignidad.
Las cárceles de Chile se han transformado en verdaderos “centros de tortura”, muchas veces valiéndose de la invisibilidad en la política pública, las comunicaciones y el fuerte desprecio social que recae en estos recintos y sus reclusos, variables que han transformado los espacios penitenciarios en lugares de atropellos de los derechos Humanos en plena democracia.
Es fuertemente preocupante, como jóvenes ilusionados en un desarrollo laboral y académico se transformen con el pasar de los tiempos en torturadores, verdugos y seres perverso alimentados de la violencia.
Lo anterior nos hace pensar en el daño país que tenemos como sociedad y a la vez, en la miseria que esconde la pobreza y desprotección. Vulnerada por los distintos poderes del Estado. Hoy en donde la necesidad de hambre te puede transformar en una persona privada de libertad, mirar esta realidad, resulta un deber social.
Pensar que en un escenario como las cárceles Chilena se puede dar la bien llamada reinserción es una simple utopía, está idea es obsoleta en un sistema colapsado y del cual nadie quiere hacerse responsable. Dejando en un péndulo la vida y la integridad, no solo de todos los que cohabitan el mucho carcelario, sino también, a la familia de reclusos, gendarmes, profesionales y técnicos que se desempeñan en este recientos de opresión y experimento social.
La tortura en las cárceles ha sido demostrado en más de una ocasión: ejemplo de ello, fue la información levantada por el Instituto de Derechos Humanos realizada en los centros penitenciarios de valdivia, el 23 de junio del 2017;
“tortura hacia mujeres de la cárcel de Valdivia, luego de que Gendarmería violara los derechos humanos de las reclusas al haber lanzado gas pimienta en los genitales de una interna”
“Si toda esta realidad ya resulta compleja, la etnia supone una nueva carga para las reclusas; tal fue el caso de Lorenza Cayuhan, quien fue obligada a parir engrillada en octubre del año pasado”.
Mientras que la Defensoría Popular calificó esta situación como un acto de tortura, distintas organizaciones sociales acusaron doble discriminación solo por el hecho de ser mujer y mapuche”
La violencia no se ha detenido y tampoco ha disminuido, quedando en evidencia toda su perversión durante la crisis social que cruza nuestro país, en la cual lamentablemente, desde un enfoque punitivo, vemos como el gobierno actual del Presidente Piñera y su gabinete, intenta resolver los problemas sociales y la deficiencia del manejo de la pandemia en penas de cárcel y castigo.
Hoy resulta importante revisar la crisis penitenciario, ya que el sentido común, que nos hace pensar que en las cárceles están los antisociales de este país, se rompe cuando acá no solo se encarcela la pobreza sino también el hambre.
Otro, ejemplo de la tortura que se presenta al interior de gendarmería es la vivida por el ex recluso y hoy activista en derechos humanos penitenciarios, Carlos Espinola Robles: previamente a su libertad condicional, quien señala;
“antes de salir estuve, 7 meses encerrado en una cárcel bajo el sonido incansable de una gotera” el daño físico que dejo esta situación me acompañara toda la vida, a su vez el impacto en mi familia fue mayor”
Para Espinola, la cárcel no distingue entre etnia, religión, orientación sexual, ahí simplemente las personas se transforman en elementos de experimentación. “sin embargo debo reconocer que la población homosexual se lleva la peor parte”, señala Espinola.
La corte de apelaciones de Santiago ordeno el cierre a gendarmería al Modulo Alfa, Colina dos, al constatar la vulneración a la constitución y al reglamento interno de de la institucion, caso llevado en ese entonces por el actual diputado Hugo Gutierrez y Boris Paredes, en representación de Carlos Espinola Robles y otros a otros internos
Cita: El Mercurio, 1/02/02
Los antecedentes de violacion a derechos humanos parte desde la creacion de las carceles en chile y son históricos, entregando material suficiente para un centro de memoria carcelaria en donde se cuente los atropellos humanos al interior de los recintos de reinserción social, sin embargo llama la atención el desconocimiento de las otros poderes del Estado en torno a esta materia, el poder judicial, es uno de ellos.
Frente a esto, en consulta a un alto representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el cual comenta que; levantan la información, realizan la denuncia y fiscalía en un gesto casi recurrente y deportivo hace escaso seguimiento a las miles de causas, presentadas por el organizamos , priorizando al parecer, el cierre de la carpeta investigativa, dando cuenta de la existencia de vicios en el sistema que deben ser erradicados, ya que ningún país democrático puede avanzar con torturas y más aún cuando se habla de crímenes que pueden ser sancionados en cualquier corte internacional.
Si bien, los cientistas sociales podemos afirmar que nadie soñó con ser parte de la cárcel, no podemos ignorar que vivimos en una sociedad que establece el camino para que ello se cumpla, la marginación, segregación, violencia y olvido de los sectores más vulnerados de nuestro país han pavimentado el camino para la concreción del delito, restarle responsabilidad a la sociedad de los presos de Chile, sería una mirada miope para la solución.
Hoy al parecer todo espacio de reclutamiento social se ha transformado en el nuevo negocio de los empresarios, un negocio inescrupuloso, donde la vida pasa a segundo plano y el valor por el dinero su eje principal, esto nos puede abrir una puerta a una vulnerabilidad mayor.
La privatización requiere más presos para justificar sus cárceles, desde ahi los constantes mensajes de criminalización del gobierno de turno tienen, el sentido empresarial de abastecer las cárceles obtiene buenos dividendos económicos.
Lo privatizado que tiene nuestra sociedad, ha dejado el valor de la vida por debajo del valor del dinero, las cárceles de chile. Los atropellos son variados y al parecer la responsabilidad social que tenemos como país, queda encerrada al mismo momento que se entrega la sentencia, dejando en total desprotección social a reclusos, gendarmes, profesionales y técnicos que viven en bajo el mismo techo.
La pandemia que azota nuestra región y sobre todo a nuestro país, ha dejado al descubierto las falencias que se instala con la (in)justicia social y la falta de oportunidades que enfrentamos como sociedad, dejando a una parte mínima de la población colmada de privilegios y otra parte más bien observadores de los mismos, obligándolos a estos últimos a ser futura población penal.
En la actualidad la población recluida en sus distintas modalidades, llega a un total de 38834 personas, de las cuales 24264 se encuentran en cárceles tradicionales y 14570 en recintos concesionario, cifras entregadas en gendarmería de Chile en su página oficial. Si a esta población sumamos las personas que trabajan directa o indirectamente con la población recluida, finalmente superamos las 50 mil personas, es decir más de 50 mil familias relacionadas directamente con la situación que se vive en las cárceles de Chile. Dato no menor para hacernos responsable no solo de la víctima y su necesidad de justicia, sino también del victimario.
Esto nos coloca frente a un nuevo desafío, podemos seguir avanzando en una sociedad que todo lo resuelve con la sanción penal y la privación de derechos y libertades, sin reconocer que llenando las cárceles no se han solucionado el problema principal para lo que fueron diseñadas.
Es posible que sigamos aumentando la población penal, sin hacer las distinciones correspondientes para asegurar que el delito cometido sea realmente sancionado según lo que establece la ley penal y no la “ley sin límites” que se vive en los recintos penitenciarios, lo cual muchas veces transforma a los mismos funcionarios en víctimas y victimarios en el ejercicio de la profesión.
Hoy en tiempos de pandemia, resulta vital hacer un alto, detenernos en esta población penal y revisar las vulnerabilidades que se enfrentan a diario en los recintos.Las cárceles de chile hoy tienen presos y vulnerados a gendarmes, profesionales, población penal y familia de los antes mencionados.
Al final la nota damos a conocer la mesa de Derechos humanos y cárceles impulsadas por Claudia Dides en representación de la Senadora Adriana Muñoz y Carlos Espínola en representación de la red por la Libertad y dignidad, en la cual también trabaja su agrupación, Libertad sin cadenas.
Santiago 15 de julio del 2020
Por Ps. Jose Luis Diaz.
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