Encarcelar niños es una respuesta recurrente de sectores de la política ante cada crimen que conmueve a la opinión pública. Más si el caso en cuestión tiene a un menor como ejecutor. Las masas representadas por “la gente” televisada claman venganza y la demagogia puede más que la realidad o cualquier estudio sobre la materia. Países que meten presos a niños de 12 años padecen por inseguridad mucho más que Argentina, como México, por mencionar uno.
El gobierno de Macri se montó a la ola imputadora de menores cuando Brian Aguinaco, de 14 años, cayó muerto por las balas de otro Brian, de 15 años, en Flores. La propuesta mediática del ministro de Justicia, Germán Garavano, logró desviar la atención de la reacción popular, que acusó a la Policía de liberar la zona del ataque, al mismo tiempo que metió en la discusión a los políticos que estaban ocupado en los efectos sobre la economía del despido de Prat-Gay del gabinete, cuando no en sus vacaciones.
“Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija”. Ni las autoridades políticas –de cualquier signo- ni las judiciales han evitado que la cita del artículo 18 de la Constitución se convirtiera en letra muerta. ¿Por qué las mismas autoridades evitarían que las cárceles para niños se conviertan en centros de profesionalización de delincuentes, como pasa con los mayores? Urge una reforma integral del sistema penal. Reducir el debate a la prisión para niños malos es una simplificación inaceptable para quienes se autodefinen expertos en la materia.