Los trabajadores de todos los gremios estatales hemos demostrado sin duda nuestra disposición a enfrentar la infame ley 10078 y defender el 82% móvil.
El gobierno provincial pretende descargar sobre los trabajadores el apropiamiento que la Nación hace de los fondos de Córdoba. Pretende, a su vez, ocultar que entre gobiernos radicales y justicialistas desfinanciaron la Caja de Jubilaciones con el trabajo precario, las sumas en negro, las tercerizaciones, después de mantener durante 17 años el manejo discrecional de nuestros fondos a través de la intervención.
El gobierno nacional niega a la provincia los fondos que le corresponden porque han hecho de la ANSeS una gran AFJP: despilfarran los fondos como las AFJP. No se asegura una jubilación acorde con el salario de los últimos años del trabajador sino un mínimo de subsistencia. Las inversiones de la ANSeS son tan ruinosas como las de las AFJP: el 60% está en bonos del Estado, en la misma proporción que cuando estaban en manos de aquellas. Además la ANSeS financia al Tesoro para que pague la deuda externa y sus intereses a favor de los acreedores financieros internacionales. Y el resto son créditos a multinacionales, inversiones en acciones de multinacionales, etc., etc. Al igual que la Caja provincial, la ANSeS se encuentra intervenida.
Bossio y Abal Medina deschavan la “táctica” de los K: obligar a De la Sota a hacer todo el trabajo sucio, que no es otro que una liquidación total del actual régimen provincial de jubilaciones con la llamada “armonización”.
El asalto de De la Sota a la Legislatura da cuenta de una quiebra generalizada del estado provincial. La decisión de avanzar sobre las jubilaciones e imponer un impuestazo obedece al derrumbe de las finanzas públicas como resultado del alto endeudamiento público; de la política de subsidios y eximiciones impositivas a sojeros, a las patronales negreras de los calls centers y a los pulpos industriales, y a la caída de la actividad económica, fundamentalmente la industria metalmecánica y la construcción. Estas medidas son sólo el comienzo.
De la Sota quiere quebrar la lucha popular, hacernos pagar la crisis a los trabajadores y erigirse en el eje de un agrupamiento capitalista ajustador. Pero Cristina también va al ajuste, aunque trate de disimularlo con la 'sintonía fina' o el dirigismo estatista de Kicillof, que oculta la centralización de una caja que toma todas las cajas -Anses, Banco Central, Banco Nación, Obras Sociales- para mantener los subsidios a privatizadas y el pago en dólares de la deuda externa.
Los delegados y activistas estatales reunidos en el plenario clasista convocado por el Partido Obrero entendemos que cualquier clase de asociación política con los gobiernos capitalistas de Nación y Provincia abrirá paso a un operativo político para dividir a los trabajadores, quebrar la lucha y asociar a las direcciones sindicales a alguna de las dos variantes ajustadoras. El resultado, sin lugar a dudas, será un golpe a los trabajadores: a sus ingresos, a sus condiciones de vida, a sus derechos. Sostenemos que las direcciones deben romper políticamente tanto con el gobierno nacional como el provincial. La defensa de los derechos e intereses de los trabajadores exige la total independencia política del movimiento obrero respecto de variantes políticas capitalistas.
Ante el ajuste en marcha y la tentativa de descargar la crisis capitalista sobre la espalda de los trabajadores, sostenemos que solo el movimiento obrero unificado y en lucha puede desbaratar esos planes; por ello somos partidarios y planteamos a ustedes las conducciones sindicales la inmediata convocatoria a un plenario general de delegados de base de todos los gremios estatales, que con mandato de base resuelva un plan de lucha unitario y un programa de intervención independiente.
Proponemos como programa las siguientes medidas de defensa de las condiciones de vida de los trabajadores:
1. Abajo el ajuste. Reapertura de las paritarias sin tope. Por el pago en tiempo y forma. Salario mínimo igual a la canasta familiar. Por la indexación automática del salario de acuerdo a la inflación. Derogación del impuesto al salario o elevación del mínimo no imponible a 15.000 pesos. Devolución de las asignaciones familiares.
2. Basta de despidos. Basta de precarización laboral y trabajo en negro. Pase a planta de todos los trabajadores estatales. Respeto de la estabilidad laboral. No a la privatización de servicios que debe garantizar el Estado.
3. No a la armonización. Por el 82% móvil. Plena vigencia de la ley 8024 y derogación de la 9504 y la 10078. Eliminación del aporte adicional del 7% y que se establezca un plan para que el aporte sea íntegramente patronal. Abajo la intervención de la caja, que la misma sea dirigida por trabajadores y jubilados, elegidos libremente. Por una Anses dirigida por jubilados y trabajadores.
4. No a los tarifazos. No al desguace de la Epec. Fuera Electroingeniería de la EPEC y control obrero de la misma.
5. Contra el rescate de los privatizadores a costa del presupuesto público y de tarifazos; que se cobre impuestos extraordinarios a los pools sojeros y las grandes industrias para garantizar los servicios esenciales que debe prestar el Estado. Que cese el pago de la deuda usuraria que los capitalistas dejaron a los bancos provinciales y que gobiernos de la UCR y del PJ estatizaron.
PLENARIO DE TRABAJADORES ESTATALES DEL PARTIDO OBRERO