Exposición conmemorativa del Centenario, de la Ley de Casas Baratas; una norma que, para la vivienda en España, marcó para siempre la primigenia línea de salida y constituye la piedra fundacional de un proceso constructivo de mejora y bienestar social al que todavía consideramos totalmente vivo y abierto. Por otra parte, un patrimonio que hasta ahora no ha sido demasiado conocido siendo como es un bien común y de primer orden para todos nosotros en su aspecto cultural, artístico e histórico.
Los antecedentes de la Ley de Casas Baratas y de la intervención del estado en materia de vivienda se remontan a la real Orden de 9 de septiembre de 1853 del ministro Egaña, ordenando que se construyesen en Madrid y Barcelona “casas para pobres” y se tasaran los alquileres, aunque el primer gran paso lo daría la creación en 1883 de la Comisión de Reformas Sociales, que transformada en 1903 en el Instituto de Reformas Sociales, efectuó en 1906 la primera propuesta para otorgar subvenciones y exenciones fiscales a las sociedades constructoras de alojamientos urbanos “populares”.
La piedra angular de la legislación sobre las Casas Baratas se puso en 1907 con la Preparación de las bases para un Proyecto de Ley de Casas Baratas, obra casi personal de Adolfo González Posada que convenció a distintos parlamentarios vinculados al reformismo de Canalejas. Fue el conde de Sagasta, don Fernando Merino, ministro de la Gobernación, quien logró su aprobación el 12 de junio de 1011, después de dos largos años de debate.
La segunda Ley, propuesta por el ministro de Trabajo, Carlos Canal y Migolla, el 10 de diciembre de 1921, intentó ser más ambiciosa y precisa que su antecesora, mejorando las condiciones de los préstamos y aumentando los presupuestos, si bien sus resultados tampoco fueron los deseados.
Con la llegada de la Dictadura de Primo de Rivera se redactaron nuevas medidads legislativas que ampliaron el proyecto dando como resultado la conocida como tercera Ley de Casas Baratas, elaborada por Eduardo Aunós Pérez.
La nueva Ley contó con grandes inversiones estatales en forma de ayudas fijas y estableció los tipos de viviendas beneficiadas en cinco niveles económicos: “Casas Ultrabaratas o Populares”, “Casas Baratas”, “Casas Económicas” para clase media, “Casas para Funcionarios” en Madrid y Barcelona, y “Casas para Militares”.
Al amparo de la Ley de Casas Baratas se acogieron los Ayuntamientos, personas particulares, empresas constructoras como “Fomento de la Propiedad”, “Edificaciones Económicas”, “Asociación General de la Construcción”, etc. Pero especialmente activas fueron las cooperativas de Casas Baratas, que fueron las que acabaron por identificarse con el proyecto, acaparándolo y convirtiéndose en sus principales beneficiarias y gestoras, lo que llevó también a que entidades públicas locales y sociedades constructoras adoptasen este sistema o lo imitasen.
Coincidiendo con la crisis de 1929, que afectó especialmente a la construcción, salió a la luz el mal uso que se había hecho de las ayudas estatales y el sistema de Casas Baratas quedó en entredicho. En 1931, la Segunda República creó el Patronato de Política Social Inmobiliaria, que no consiguió articular soluciones válidas al respecto. Finalmente, la Guerra Civil acabó por enterrarlo todo.
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La exposición se puede ver en Madrid del 15 de septiembre al 13 de noviembre de 2011 en la Sala “José Luís Sert”, en las Arquerías de Nuevos Ministerios.