Todos los días en casi todos los medios de información se habla de los componentes de la antigua Batasuna. La conclusión casi siempre es la misma. Sortu, la nueva marca de Batasuna, no puede legalizarse. Unos, hablan de que detrás están los mismos. Otros dicen que hay que ponerles en cuarentena de cuatro años, y si en ese tiempo se demuestra su “bondad” se les podría dar el aprobado.
Ahora ya no basta la Ley de Partidos, esa ley que roza la inconstitucionalidad y que se puso para frenar la legalización de los partidos que supuestamente están ligados a la banda terrorista ETA. Y es que aunque se cumpla con ella, se condene la violencia en general y la de ETA en particular, no vale. Hay que pedir más. Y el gobierno y el PP, por encima de esa ley, quiere forzar la ilegalización de ese partido nuevo llamado Sortu.
Con la ley de partidos en la mano, la declaración que han hecho y los estatutos que han presentado como partido cumplen escrupulosamente la norma. Luego entonces, todo lo demás responde, guste o no, a otras cuestiones.
Entre los que se han manifestado a favor de que se legalice Sortu está Izquierda Unida, que por boca de su coordinador, Cayo Lara, ha manifestado que si cumple la ley de partidos no hay excusa para no legalizarlo.
Lo dice, también, bien claro Eguiguren, el presidente del Partido Socialista de Euzkadi: “La presencia del nuevo partido de la izquierda abertzale en las próximas elecciones del 22 de mayo supondría un triunfo de los démócratas y que Batasuna ha entrado en la legalidad"
Este líder vasco es el único político del PSOE que defiende con claridad esta tesis. La que acerca a la normalidad democrática al País Vasco. Mientras, los demás socialistas, timoratos de efectos electorales vascos (recordemos que si Batasuna estuviera en el parlamento vasco Patxi López no habría llegado a lendakari y los populares vascos pintarían menos que Tomasa en los títeres), y de posibles consecuencias en el resto del Estado (saben que en Euskadi el 80% quiere que sea legalizado Sortu, mientras que las encuestas dicen que sólo el 20% del total de España quiere que se le legalice) siguen las tesis populares.
De lo que piensa el PP, poco que decir salvo que no quieren que se apunte el tanto el PSOE –de haber estado en el poder, seguro que no hubieran puesto problemas— y prefieren esperar a ser ellos los que acaben con el terrorismo. Porque todos sabemos, incluido ellos, que estamos ante el final del terrorismo y que dar la oportunidad a Sortu de que se legalice, acelera el proceso, y eso no les conviene hasta que no estén en el gobierno.
Desgraciadamente, esta democracia está supeditada a intereses electorales, aparcando a un lado el interés del país: el final del terrorismo, la llegada de la paz.
Dejar entre el 10 y el 15% de los vascos sin representación por prohibirles su opción, cuando ésta cumple la ley, es hacer trampas y poner otro palo en esta democracia, cada vez más distorsionada.
Salud y República