El Gobierno tiene pendientes de tramitación un 78,9% de las 837.333 solicitudes presentadas por los españoles para acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV). Siendo Cataluña, Melilla y Madrid las comunidades o ciudades autónomas con porcentajes más altos en este sentido, según los datos oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Según estas cifras, de las 837.333 solicitudes presentadas se han aprobado y pagado 12.789, es decir, un 1,5% del total, frente a las 69.530 que ya han sido denegadas, las 34.531 que están en trámite y las 720.483 que están pendientes.
Euskadi es la comunidad con un mayor porcentaje de solicitudes en espera, con un 96,5% sobre el total. Se han reclamado 8.844 ayudas y aún están pendientes 8.536. Este es un caso excepcional, ya que las competencias se traspasaron al Gobierno autonómico.
También se cedieron las competencias a Navarra que, sin embargo, es la comunidad con el menor porcentaje de solicitudes pendientes: un 34,9%. De las 2.175 presentadas, quedan pendientes 761.
En cuanto a los territorios dependientes de la gestión del Ministerio de Inclusión, quienes llevan más retraso en la tramitación son Melilla (94,8%), Cataluña (92,9%) y la Comunidad de Madrid (92,6%), seguidos muy de cerca por Baleares (91,3%) y Canarias (90,8%).
Por debajo de estas cifras, se encuentran Castilla-La Mancha (89,2%), Aragón y La Rioja (86,6%), Comunidad Valenciana (84,8%), Andalucía (83,8%), Galicia y Ceuta (81,6%), Extremadura (79,5%), Cantabria (79,2%), Región de Murcia (75,6%), Castilla y León (74,1%) y Asturias (64,4%).
El relativo "éxito" del ingreso mínimo vital
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, destacó en una entrevista concedida durante la semana pasada en los Desayunos Informativos de Europa Press, el "esfuerzo extraordinario" que han realizado para desplegar "rápido" el Ingreso Mínimo Vital y se mostró convencido de que están teniendo "éxito" pues ya han dado respuesta "en un tiempo récord" a 500.000 del millón de solicitudes, y 140.000 familias ya reciben la prestación, lo que supone un 14%.
Llevamos desde el mes de marzo sufriendo gravísimas consecuencias debido a la pandemia mundial de la COVID-19, y de esos nueve meses, seis los hemos pasado con innumerables quebraderos de cabeza causados por el IMV.
Lejos de paliar los efectos del virus a nivel económico y social, como se nos prometió al lanzar dicha prestación, la solicitud del IMV está trayendo más problemas si cabe de los que está solucionando.
Este subsidio comenzó de manera atropellada y confusa, las familias debían solicitarlo junto con documentación que no se podía conseguir, debido al cierre de las administraciones correspondientes. Y aun se complicaba mas si tenemos en cuenta que no toda la población tiene acceso o conocimientos necesarios para tramitar documentación online.
Prometieron tramitar las solicitudes en un plazo de tres meses, cosa que no fue así ni de lejos. Llegando al límite del plazo que desde el Gobierno y la Seguridad Social determinaron, tuvieron que ampliar dicho plazo, y modificar ciertos requisitos para, en su opinión, facilitar y acelerar el proceso de concesión de la ayuda.
¿Ante que escenario nos encontramos?
Dos meses después de dichas modificaciones, nos encontramos con los datos que os hemos presentado al comienzo del artículo.
Entonces, ¿Cómo es posible que el Ministro Escrivá continúe afirmando que van a buen ritmo en la tramitación de solicitudes?
Casi el 80% de las familias solicitantes del IMV siguen esperando a que les den respuesta, tras seis meses esperando, y sufriendo la carencia de ingresos y recursos básicos para la vida diaria.
Se ha producido un enorme colapso en la Seguridad Social, las líneas telefónicas llevan meses saturadas, conseguir cita previa se hace casi imposible, y el personal es insuficiente lo mires por donde lo mires.
Se han denunciado irregularidades en los supuestos y escasos refuerzos de personal, afirmaron recibir casi nulos recursos para el teletrabajo y una limitada formación previa. Todo esto quedó en el olvido y no se ha vuelvo a saber nada más del tema.
Los requisitos a cumplir han resultado ser excluyentes para gran parte de la población con situaciones específicas. Las cuales siendo personas carentes de ingresos, no podían acceder a la prestación. Resultando un sin sentido si tenemos en cuenta que el IMV dice busca la protección de aquellos con unos ingresos por debajo de los básicos.
Nuevas modificaciones
Lo último, han sido los cambios en los estados de tramitación en la sede electrónica de la Seguridad Social, los cuales dejaban a los solicitantes más confusos y perdidos de lo que ya estaban, ya que no dejaban claro su significado.
Todo este largo proceso, que aún continúa, no ha hecho más que crear malestar e incertidumbre a una población bastante golpeada por los efectos de la pandemia. Personas que se han encontrado con un grave empeoramiento de su economía, que han perdido su empleo, y que no saben cuándo y cómo van a poder superar esta situación.
La idea principal de una renta básica para toda aquella persona carente de los ingresos necesarios es muy acertada. Pero no se está llevando a cabo de modo que funcione como debería de funcionar.
Está resultando lenta, tediosa, excluyente y confusa. Los ministros y responsables de esta prestación quizá deban realizar una evaluación profunda del problema y replantear todo el procedimiento. Ya que, evidentemente, esta gestión no está dando buenos resultados.
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