Saquen sus propias conclusiones.
Capítulo II: El largo y tortuoso proceso que ningún torpedo logró frenar
Baltasar Garzón cogió el caso Gürtel en sus manos y fiel a su estilo, apretó a fondo. Para neutralizar sus efectos tuvieron que ponerse a trabajar a tope todas y cada una de las células dormidas que el gran brujo jurídico-judicial del PP, Federico Trillo, había colocado en lugares estratégicos a lo largo de sus muchos años de dirigir o supervisar las tropelías de la derecha judicial, un subgénero especialmente reaccionario de la derecha más rancia de este país. Al mismo nivel, por cierto, que los medios de comunicación españoles, caverna mediática que para sí la quisieran la extrema derecha de algunos países europeos. Unos medios de comunicación que no solo acompañaron, sino que elevaron hasta la repugnancia la desaforada y feroz estrategia de ataque político al Gobierno socialista por parte del PP y todos sus dirigentes. Y juntos, unos y otros, no solo lograron arrancarle el caso Gürtel, sino que acabaron con su carrera como juez. Pero un caso en manos de Garzón durante todo un mes da mucho de sí. Tanto que sobrevivió al letargo del Tribunal Superior de Madrid y sus intentos de dejarlo en nada.
A todas las maniobras espurias hay que añadir la ya endémica situación de falta de medios en la justicia, tanto de jueces como de fiscales, especialmente anticorrupción. El largo y tortuoso caminar del caso Gürtel —cinco años y aún se están recogiendo documentos— es un buen ejemplo de las dificultades que atenazan a la justicia. Menos mal, para la salud democrática del país, que algunos funcionarios públicos, como el juez Ruz, el juez Flors, el juez Ceres o los fiscales anticorrupción han permanecido firmes en su labor de investigar los presuntos delitos.
Las órdenes de detención y registro del 6 de febrero de 2009 que llevaron a Francisco Correa y Pablo Crespo se precipitaron. La policía informa en los últimos días de enero al juez Garzón que Correa, el presunto cabecilla de la red, al que se estaba investigando durante meses, tiene billetes para viajar a Panamá el día 8, donde ya tenía una cierta estructura, al día siguiente de asistir en Barcelona a una celebración familiar. Garzón consulta con la fiscalía, habla con los policías… y se decide a actuar. Correa es detenido en su chalé de la hermosa urbanización de Sotogrande, en Cádiz. Los presuntos delitos, blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias. De ahí hasta el 5 de marzo en que Garzón se inhibe del caso se desata la galerna. Cuatro días después, el 10 de febrero, ya son 37 los imputados en el caso. Además de los socios de Correa, se multiplican los altos cargos del Partido Popular inmersos en la trama. Llueven las dimisiones. Entre ellos, un consejero del gobierno madrileño, Alberto López Viejo, además de los alcaldes de Boadilla, Arturo González Panero, de Arganda, Ginés López, y Pozuelo, Jesús Sepúlveda, marido de Ana Mato. También cae el ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, que Esperanza Aguirre había premiado con la gerencia del Mercado Puerta de Toledo de Madrid tras tener noticias de varias irregularidades en su municipio. Hay más cargos de la Comunidad de Madrid y de los Ayuntamientos implicados: Benjamín Martín Vasco y Alberto Bosch, diputados regionales, además de unos cuantos responsables de las áreas urbanísticas de los Ayuntamientos implicados. Presuntamente, dinero, regalos, joyas, coches de alta gama o viajes a distintos países le habrían servido a Correa para comprar su voluntad y lograr concursos amañados. Hablamos de cientos de millones de euros. También aparecen diputados como Jesús Merino, cercano colaborador de Soraya Sáenz de Santamaría, eurodiputados como Guillermo Galeote y, sobre todo, el tesorero nacional del partido, el todopoderoso Luis Bárcenas.
Pero hay algo más que extiende el caso Gürtel y le quita su carácter de ser un problema enquistado únicamente en Madrid. En Valencia la nómina de implicados es de mucha altura. Allí el principal implicado es el propio presidente de la Comunidad, Francisco Camps, junto al secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa. La lista de la Comunidad se ampliará después con otros altos cargos: desde el vicepresidente Víctor Campos, hasta una consejera de Turismo, Milagrosa Martínez y su sustituta, Angélica Such, además del ex jefe del gabinete de la consejería, Rafael Betoret. Y no serían los únicos. Las acusaciones, de nuevo, haber recibido prebendas variadas —los conocidos trajes—, relojes de lujo, bolsos de Louis Vuitton y un largo etcétera de atenciones. Allí, en Valencia, el encargado de la empresa —Orange Market, en adaptación muy propia de sus responsables— era Álvaro Pérez, El Bigotes.
Garzón, con la ayuda de la UDEF (la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía) y la implicación de la Fiscalía Anticorrupción, había cosido y dado cuerpo a tres aportaciones clave al caso. La más importante, definitiva en el arranque, un CD con 18 horas de una grabación explosiva que había llevado un exconcejal de Majadahonda del propio PP, José Luis Peñas, y su abogado, Ángel Galindo, a la Fiscalía Anticorrupción, en marzo de 2008. Un año, pues, llevaba trabajando la fiscalía cuando Garzón unió esta denuncia a un fleco de otro caso investigado en el mismo Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, el del BBVA-Privanza, donde se había investigado a un bufete especializado en ocultar dinero en paraísos fiscales, el del abogado Luis de Miguel. Allí aparecieron unas cuentas a nombre de un entonces desconocido Francisco Correa. Curiosamente, De Miguel era consejero o administrador único de varias de las empresas luego implicadas en Gürtel: Orange Market, Easy Concept, Inversiones Kintamani y Caroki. Pero no solo en ellas, porque también aparece su nombre en Real Estate Equity Portfolio, como TCM o Special Events.
La tercera la aporta —a su pesar— uno de los mismos detenidos. Los policías que fueron a detener al contable de varias de las empresas de la ya conocida como trama Gürtel, José Luis Izquierdo, y tras acompañarle a su casa para continuar el registro, vieron cómo mantenía la mano apretada durante todo el tiempo —prolongado— que duró el registro de la sede de Serrano, 40. Escondía, ya se ve que con escasa perspicacia, un pen drive que los policías incautaron. “El puto pen drive,macho”, que diría después Correa. “Es que sin ese pen drive no tendrían nada, me pongo malo”, añadiría el principal implicado.
Por fin, con toda esta instrucción ya desarrollada y 31 imputados, Garzón decide inhibirse el 5 de marzo —¡solo un mes después y todo lo que había ocurrido!— en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia, ante la aparición de aforados y otros altos cargos que no pueden ser juzgados por la Audiencia Nacional, como el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, por ejemplo. Pero Garzón hace aún una última aportación. Envía una detallada relación de todos los indicios —17 o 18— que implicaban a Luis Bárcenas. Incluso envió copia del auto que debería cursarse al Supremo por su condición de aforado al ser senador por Cantabria. Ahí empieza otra historia. Atormentada.
En el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el caso cayó en manos de Antonio Pedreira, un juez con fama de honesto pero que atravesaba un grave y duro empeoramiento de una enfermedad progresiva. Daba igual. Las presiones se multiplicaron. La enfermedad, poco a poco, le iba quebrando. Nadie le presta apoyo y el poco que le llega mejor se hubiera quedado en casa. De la Comunidad de Madrid aparecen dos ayudantes que echan una mano a redactar los autos a Pedreira. ¿Ayudantes elegidos por la Comunidad de Madrid tuvieron acceso a todos los papeles? Pues eso parece.
El 16 de junio de 2009, Pedreira remite el caso al Tribunal Supremo en base a los datos que ya le había aportado Garzón sobre Bárcenas, con el añadido de Merino y Galeote. El encargado del caso es el juez Francisco Monterde, que no solo asume lo referido a Luis Bárcenas y Merino, sino que, en contra de algunos pronósticos, pone en marcha todo el procedimiento legal que obliga al extesorero y al exdiputado Merino a pedir su dimisión. Monterde se queda con el caso de ambos pero devuelve lo demás, todo el Gürtel, a Pedreira apenas una semana después, el 24 de junio. Y al cabo de muchos meses de pequeños, lentos y dubitativos pasos por parte del juez instructor y la fiscalía, en contraste con la velocidad de Garzón, ocurren dos cosas. El 8 de junio de 2011, Pedreira decide inhibirse y pasar el caso a la Audiencia Nacional. Pero sorprendentemente, el 1 de setiembre el propio Pedreira acuerda “el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto a D. Luis Bárcenas Gutiérrez”. Un cambio de criterio que aún hoy es un misterio. Pero la propia justicia deshizo el entuerto y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acuerda el 15 de marzo de 2012 la nulidad de dicho auto y, por tanto “la continuidad del procedimiento contra el imputado D. Luis Bárcenas Gutiérrez”. Y es entonces cuando el caso llega a Pablo Ruz, un joven juez que había sustituido a Garzón, ya apartado a manotazos de la Audiencia. Y el proceso renace de sus cenizas.
En Valencia el camino no fue menos tortuoso. El 16 de marzo de 2009, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana recibe las cinco cajas con toda la documentación que le ha hecho llegar Garzón tras su inhibición. Se encarga de la instrucción el juez José Flors. Comienzan los interrogatorios, se conocen los regalos fastuosos, las firmísimas declaraciones del sastre, y el juez fija el día 15 de julio la audiencia preliminar con jurado para sentar a Camps en el banquillo. El presidente recurre y el 3 de agosto —¡oh sorpresa!— el TSJ acuerda, con el voto de dos de los tres magistrados, admitir el recurso de los acusados Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret y ordena el sobreseimiento libre de la causa abierta por supuesto delito de cohecho pasivo. Sorpresa… relativa. El presidente del Tribunal era José Luis de la Rúa. Pocos meses antes, el propio Camps dijo lo siguiente de su juzgador en un acto público: “Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta a la de amistad que resuma y defina la íntima y sentida colaboración entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat”. Y de la Rúa devolvió el cumplido: “Me siento feliz de esa relación”. Pues ni uno ni otro consideró que la renuncia al tribunal era obligada en el caso que se juzgaba. Anchas tragaderas, como se ve. Menos mal que la insistencia de la Fiscalía Anticorrupción y del diputado socialista Ángel Luna con sus recursos, además de todos los datos que aparecían en Madrid sobre las relaciones de El Bigotes y Camps y el resto de acusados, obligó al TSJ a reabrir el caso.
Al final, pues, todas las zancadillas del PP fracasaron y 70 cargos del partido —uno más, uno menos— caminan con todas las vergüenzas al aire hacia el desagradable banquillo de los acusados.
© Jose María Izquierdo, para El País