Lo que queda muy claro ante toda esta campaña independentista catalana, que inunda los medios nacionales y autonómicos, es que la inmersión lingüística en catalán de todos los escolares que viven en Cataluña (y sin papás con medios para pagarse una enseñanza privada en español) nunca ha tenido como intención “proteger de la extinción a una de las lenguas españolas minoritarias”, sino crear las bases para imponer la quimera nacionalista. Han tardado más de 30 años, toda una generación. Y ahora quieren recoger los frutos de su psicótica falsificación. Por cierto, que en el ámbito internacional, Catalonia sería reconocida sólo por súper-mega-estados como Lituania y Letonia.
En Cataluña, el Estado jamás ha garantizado los derechos ni lingüísticos ni sociales de los castellano parlantes. A nadie, a ningún gobierno de España, ni socialista ni de derechas, le ha importado una mierda proteger los derechos fundamentales de los españoles que viven en la tierra cuatribarrada. Que se los protejan ellos solos o que les den por culo con un chorizo de la cuatribarrada.
Como aquí somos más viejos que el ojo del culo, sabemos que la presión del Govern de la Generalitat hacia el independentismo, más rara que una sirena con bragas, viene de la ingente cantidad de crímenes en los que están pillados algunos bastardos de Convergència i Unió con diligencias vivas en los juzgados. Hasta tres diputados de CDC conservan su escaño pese a estar imputados. Los casos de corrupción acorralan a CiU. Sin ánimo de exhaustividad, de entre los varios procesos judiciales, señalemos:
–El expolio del Palau de la Música Catalana a manos del ex presidente de la entidad, Félix Millet, expolio que financiaba ilegalmente a CiU.
–El caso Pretoria de corrupción urbanística, por el que pasaron por la cárcel los antiguos hombres fuertes de la Generalitat de la época de Jordi Pujol, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra.
–El caso de la descapitalización de Eurobank.
–El caso ITV, que señala como responsable a Oriol Pujol, el entonces secretario general de CDC, imputado por tráfico de influencias.
–El caso Pallerols, en el que un acuerdo entre las partes condenó a Uniò Democrática de Catalunya (UDC), el partido que lidera Josep Antoni Duran i Lleida.
–El caso Clotilde, donde Xavier Crespo, diputado de CiU y exalcalde de Lloret de Mar, está imputado por su presunta relación con la mafia rusa y el blanqueo de capitales.
–El caso Adigsa, o del 3%, sobre el cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de obras de reforma de pisos.
Esto para empezar. De todos modos, el ranking de partidos políticos corruptos en España sigue encabezado por el PP, con 146, seguido del PSOE, con 128 casos. Parece que la podredumbre es directamente proporcional a la cuota de poder de cada partido.
Esta barbaridad pseudo independentista, de anteponer los intereses de una minoría de 800.000 habitantes al resto de los catalanes, se debe al sistema anti-democrático que impera en España, donde los parlamentos eligen a los presidentes, vulnerando el principio de independencia de poderes del Estado.
En efecto, desde hace más de 30 años, los españoles no tenemos más derecho político que el de acudir a las urnas legislativas a escoger entre listas de partido en las que apenas conocemos a nadie, más allá del candidato a Presidente; en medio de campañas emponzoñadas por el chantaje emocional de la apelación al voto útil, que nos arrastra al bipartidismo galopante. Luego, tras los mercadeos entre líderes partidarios en los pasillos del Congreso para investir al Presidente del Gobierno, hemos de soportar durante cuatro años la inseparación de los Poderes del Estado, con repugnantes doctrinas judiciales de protección especial a las clases privilegiadas; el poder político único, omnímodo e impune post-franquista; el transfuguismo de diputados corruptos, los escándalos en retorcidas investiduras presidenciales que secuestran la voluntad popular; la proliferación de partidos bisagra sin otro fin que la compraventa de cargos; la sobrevalorada influencia de los partidos nacionalistas, su exigencia de nuevas competencias autonómicas a cambio de la investidura presidencial, que conduce al federalismo o incluso al independentismo imparable; el inconstitucional mandato imperativo del Presidente del Gobierno al Parlamento con sus oportunistas decretos-ley y los subsiguientes rodillos legislativos parlamentarios; y la supeditación del poder político al poder financiero, porque éste lo sustenta de facto a fondo perdido.
La solución, en principio, a todos estos problemas es imponer la INDEPENDENCIA DE PODERES DEL ESTADO, y se consigue por el sencillo procedimiento de que sea el Pueblo Español el que elija al Presidente del Gobierno en una segunda vuelta en las urnas, en vez del Parlamento. Dotar al Consejo general del Poder Judicial de presupuesto propio. Sacar al Gobierno del Parlamento. Y acabar con el lujo de un Senado hogar de tunantes.
Ningún político que niegue el Poder Soberano del Pueblo Español debiera recoger un solo voto más de los españoles decentes. Y todo ello aderezado con el principio de mandato imperativo de quienes sostienen España: los españoles.