El golpe de Estado del 11 de abril de 2002 es tal vez la mejor demostración tanto del carácter no democrático del oposicionismo venezolano, como de la no garantía de que con elecciones este abandone su actitud golpista. Si este fuera el caso, entonces el golpe no se hubiera producido, ni el sabotaje petrolero de 2002-2003, y, en términos generales, habría paz en el país desde 1998, cuando en promedio se ha realizado una elección por año, en las que han ganado tanto chavismo como oposicionismo.En abril de 2002 Chávez tenía poco más de tres años en la presidencia. Y contando las elecciones de 1998, con las cuales arribó a Miraflores, había ganado seis elecciones, incluyendo unas generales en las cuales ganó con el 60% de los votos, y un referéndum constituyente aprobado por el 81% de los electores, todo un récord. E igual e independientemente de esto, le fue dado un golpe de Estado bajo la consigna de “Chávez vete ya”.Dejando de lado las cifras de heridos y muertos, el golpe de abril de 2002 y la secuela de sabotajes que lo siguieron costaron al país entre 30 mil y 40 mil millones de dólares en pérdidas directas. Con este saldo, lamentable, se dio inicio a una práctica recurrente por parte del oposicionismo venezolano, que, bajo la excusa de defender la democracia, la viola recurrentemente y de paso genera costos y pérdidas innecesarios al país. En esta nota que publicamos el año pasado, y que hoy republicamos, damos cuenta de esta realidad.Prohibido olvidar.
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El 12 de abril de 2002, cuando Fedecámaras, los partidos tradicionales (AD, Copei, Bandera Roja, Proyecto Venezuela, etc.), los “no tradicionales” (Primero Justicia, dirigido por el trío Julio Borges, Capriles y Leopoldo López; Alianza Bravo Pueblo, de Antonio Ledezma, etc.), los medios de comunicación, la Asociación Bancaria, las organizaciones de la “sociedad civil” (encabezadas por SUMATE de María Corina Machado), los autodenominados “meritócratas” de PDVSA, la cúpula de la Iglesia Católica, los rectores de las universidades autónomas y de las privadas capitaneados por Luis Ugalde de la UCAB, consumaron su golpe de Estado apoyados por una cúpula de generales, los comandos de la extinta Policía Metropolitana y las policías municipales de Chacao y Baruta (dirigidas por los entonces alcaldes Leopoldo López y Capriles Radonski, respectivamente), así como mercenarios extranjeros y nacionales contra el gobierno de Hugo Chávez con la excusa de “recuperar la democracia, defender los DD. HH. y salir del fracasado régimen castro-comunista”, no había control de precio ni control de cambios.
Tampoco existían las misiones sociales. Ni Petrocaribe, ni el ALBA, ni otros gobiernos progresistas o de izquierda en la región (con la única excepción de Cuba).
No se habían producido expropiaciones ni recuperaciones de empresas, ni creación de nuevas empresas públicas de producción o comercialización de bienes y servicios. La CANTV y la actual Corpoelec, por ejemplo, seguían siendo empresas privadas, lo mismo que bancos actualmente del Estado, como el de Venezuela o el Bicentenario. Y en lo que a PDVSA refiere, está claro que distaba de ser “roja, rojita”.
La Ley del Trabajo de entonces era la misma aprobada por la dupla Caldera-Petkoff, ley que entre otras cosas garantizaba la no retroactividad de las prestaciones. La inamovilidad laboral tal cual la conocemos hoy no existía, así como muchos otros beneficios de los cuales gozan los trabajadores y trabajadoras.
Y con todo eso, pese a que todas esas cosas que hoy existen y que, según los “expertos” y el presidente de Fedecámaras son causantes de los problemas económicos actuales y del “fracaso del modelo”, entonces no existían, con todo y eso, Fedecámaras y compañía dieron un golpe de Estado bajo la consigna “Chávez vete ya”.
El golpe de Estado de abril de 2002 entre sus virtudes tiene la de exponer la particular concepción que sobre la democracia tiene la derecha venezolana, en aquel entonces agrupada en lo que llamaban Coordinadora Democrática, primera versión de la actual MUD: un presidente llegado al poder a través de unas elecciones organizadas por un CNE dentro del cual a nadie –y menos a sus directores– se podía acusar de chavista, que inmediatamente convoca a un referéndum popular inédito en la historia, con la intención de conformar una Asamblea Nacional Constituyente, y lo gana por paliza, que luego convoca a otro referéndum, también inédito, para aprobar la Constitución resultante de dicha Asamblea ganándolo de igual forma, que después se somete él mismo a referéndum relegitimador, y vuelve a ganar por más de 20 puntos de ventaja, para más tarde enfrentar unas parlamentarias que los partidos que lo apoyaban ganaron con holgura. Ese presidente será acusado de antidemocrático por un sector que, apenas tomado el gobierno ilegalmente, auto-juramenta a un señor como “presidente” de la República por la única razón de ser líder de la gremial patronal, disuelve todos los poderes y órganos de gobierno electos popularmente, la propia Constitución Nacional, y hasta cambia el nombre oficial del país.
El golpe de Estado de abril de 2002 dejó, por lo demás, una larga lista de víctimas mortales y heridas. Víctimas que, como fue público, notorio y comunicacional –pues hasta lo confesaron por TV los promotores del golpe y lo dijo un periodista de CNN– eran parte del plan del golpista: estaban calculadas para crear las condiciones bajo las cuales legitimar el golpe militar luego de que los medios de comunicación privados culparan al presidente Chávez y los Círculos Bolivarianos de haberles dado muerte. Se organizaron cacerías de seguidores del chavismo y miembros del gobierno caídos. Muchos fueron muertos en barrios y calles caraqueñas. Leopoldo López y Capriles Radonski protagonizaron arrestos ilegales con flagrantes violaciones de los derechos humanos, e incluso allanaron una embajada.
Meses después, en un insólito fallo, el Tribunal Supremo de Justicia sobreseyó a los militares golpistas bajo el argumento de haber actuado “preñados de buenas intenciones” al detener y secuestrar al presidente legítimo y constitucional Hugo Chávez. En noviembre de 2004, Danilo Anderson, el fiscal encargado de hacer las investigaciones sobre los autores intelectuales del golpe, es asesinado al volar la camioneta donde se trasladaba, cerca de la actual UBV, con una carga de explosivo C-4. Expolicías junto a paramilitares colombianos y venezolanos fueron detenidos y encarcelados por ser los autores materiales de su muerte. De los intelectuales nunca se supo judicialmente. Los detenidos, como los hermanos Guevara, forman parte de lo que la oposición pide liberar por tratarse de “presos políticos” (entre los cuales se encuentran también varios de los policías culpables de los asesinatos del golpe de abril).
Síguele la pista al dinero
Pero el golpe de abril de 2002 también sirve para exponer las razones económicas que han animado y animan a los sectores, que desde la misma llegada al poder del presidente Chávez y ahora del presidente Maduro, han empleado todos los métodos de sabotaje y conspiración habidos y por haber para derrocarlos, sin medir consecuencias ni escatimar los costos que sus acciones tienen para el país. Y esas razones –las verdaderas– no son solo “nacionales”, siendo que los sectores oposicionistas no solo conspiran para imponer y conservar sus intereses internos, sino también –y sobre todo– los de agentes externos.
Esto es lo que explica por qué sobre Fedecámarasy los “meritócratas” de PDVSA recayó el peso del golpe de abril de 2002 y el posterior sabotaje petrolero de 2002-2003. Los segundos eran el cuerpo gerencial dejado por las transnacionales tras la nacionalización del petróleo, y, en cuanto tales, opuestos a toda política soberana en materia petrolera que contraviniera los intereses del gran capital petrolero global, al cual servían. Con base en ello, durante los 80 y 90, se dieron a la tarea de desmantelar tanto a la industria petrolera como la política energética, haciendo desaparecer la regalía de los marcos tributarios, rematando las reservas de gas y petróleo a precio de gallina flaca, dejando fuera del país el ingreso petrolero mediante la compra y colocación de activos en el exterior (lo que pomposamente llamaban internacionalización) bajando los precios del petróleo venezolano a su mínimos históricos (llegó a estar en 8 dólares en 1998), y no conformes, vendiéndolo con descuento y en cuotas a los Estados Unidos. Esos mismos meritócratas adelantaron la política de Apertura Petrolera que no era otra cosa que la privatización de PDVSA, política interrumpida de raíz tras la llegada del presidente Chávez al prohibirse dicha posibilidad en la Constitución de 1999.
Cuando en agosto de 2000 el presidente Chávez tomó la decisión de realizar una gira histórica por todo el mundo para revitalizar la OPEP, el conflicto con los meritócratas y con el gran capital petrolero mundial se abrió definitivamente. Y es que ya no solo se trataba de detener toda posibilidad de privatizar PDVSA e impedir que, lo que ya se sabía, eran las mayores reservas petrolíferas del mundo fueran entregadas, sino además de reposicionar el poder de negociación de la organización más poderosa en la defensa de los intereses de los países periféricos que ha existido, lo cual podía generar –como en efecto generó– un giro en los términos del intercambio global y la consiguiente correlación de fuerzas.
Entre los países que visitó el presidente Chávez estuvo el Irak de Saddam Hussein, entonces sometido a un bloqueo comercial y aéreo tras la invasión de 1990. El presidente Chávez tuvo que trasladarse por tierra, atrevesando el desierto, tras la negativa nortamericana de los vuelos. Los medios de comunicación, encabezados por CNN, satanizaron al presidente, acusándolo de apoyar el terrorismo. Lo cierto del caso es que en el año 2000 se realizó la Cumbre de Caracas. La segunda luego de 25 años de la Cumbre de Argel. Durante la instalación de la Cumbre, Chávez destacó que las desigualdades en materia petrolera y “un modelo de explotación colonial” se mantuvieron como una constante hasta la creación de la Opep, pero que su paulatino deterioro propició un nuevo advenimiento de condiciones injustas, por lo que solo la unificación y coordinación de estrategias permitiría “lograr el equilibrio y precios justos en defensa de nuestros intereses”.
La revitalización de la Opep provocó el rescate de su política de precios que revalorizaría el petróleo, dando así inició a una progresiva escalada que, entre otras consecuencias, tuvo la de detener el subsidio que los países productores –en su gran mayoría periféricos– estaban haciendo de los grandes países consumidores, particularmente los más desarrollados, y fundamentalmente Estados Unidos. Todos los miembros de la Opep reconocieron el mérito del presidente Chávez y su liderazgo, tanto que el secretariado general de la organización recayó sobre Alí Rodríguez Araque.
El paso siguiente de esta política de soberanía energética pasaba por poner orden en la casa. Así las cosas, en 2001, en el marco de la aprobación de las Leyes Habilitantes, en materia económica se reforma la Ley de Hidrocarburos, que recuperaba el marco tributario desmantelado por la “meritocracia” y las potestades de la República sobre el manejo de sus recursos estratégicos. A todo esto, como decíamos, se oponían férreamente los meritócratas, quienes se dieron a la tarea de sabotear toda iniciativa gubernamental contraria a los intereses que defendían.
El nombramiento del economista Gastón Parra Luzardo sirvió de excusa a dichos meritócratas para definitivamente alzarse. Argumentaban que no conocía la industria, siendo que no provenía de las filas de las nóminas ejecutivas de la empresa, lo cual violentaba una “sana tradición”. El argumento era pueril si se considera que Parra sustituyó a Guaicaipuro Lameda, un militar nombrado por Chávez que tampoco “venía de la industria” pero que luego encabezó la rebelión de los “meritócratas”, participó en el golpe de abril, y hasta fue nombrado presidente de PDVSA tras el golpe. En realidad, el problema con Parra Luzardo era que, a diferencia de Lameda, compartía la política de soberanía energética del presidente Chávez, lo cual le granjeó la enemistad de lo que a partir de entonces comenzó a llamarse la gente del petróleo.
El nombramiento de Parra Luzardo fue en febrero de 2002. Y por esos mismos días el entonces director de la CIA, George Tenet, en una presentación ante el Comité de Inteligencia del Senado, manifestó su preocupación por la situación venezolana. Literalmente, señaló estar preocupado por Venezuela “nuestro tercer mayor proveedor de petróleo”, pues la “insatisfacción doméstica con la revolución bolivariana del presidente Chávez está creciendo, las condiciones económicas se han deteriorado con la caída de los precios del petróleo, y la atmósfera de crisis probablemente va a empeorar”.
Un día después del pronunciamiento de Tenet, en el marco de un Foro oposicionista realizado en el Hotel Caracas Hilton, un coronel de la aviación militar de nombre Pedro Soto se pronunció contra el presidente Chávez. Fue el primero de una serie de oficiales activos que salieron a manifestar su no subordinación al presidente como antesala al alzamiento de abril.
Debe recordarse que Estados Unidos había retirado previamente su embajador en Caracas por la denuncia que Chávez realizó de los bombardeos contra la población civil afgana, tras la invasión resultante de la llamada lucha global contra el terrorismo, impulsada por el gobierno de George W. Bush tras los “atentados” de septiembre de 2001. Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela ya eran entonces tensas, no solo por el tema petrolero y la oposición de Venezuela al unilaterismo nortemericano, sino por la ruptura del “consenso” con Washington manifestada por Chávez en la Cumbre de Québec, al votar contra el ALCA y criticar la exclusión de Cuba de la OEA.
La denuncia de Chávez contra los asesinatos de civiles por las fuerzas armadas norteamericanas fue a finales de octubre de 2001. El 13 noviembre de ese mismo año se terminan de sancionar las leyes habilitantes, entre las cuales las más destacadas serán las de hidrocarburos, pesca, tierra, banca y cooperativas, las primeras por tocar obvios intereses sensibles y la última por promover el desarrollo de un sector económico alternativo, cuando no directamente contrario al capitalista. El 10 de diciembre de ese año se produce el primer “paro” de Fedecámaras y Consecomercio.
El resto de los acontecimientos que llevaron al 11 de abril y a la autojuramentación del presidente de Fedecámaras como “presidente” de la República, son conocidos. Nos interesa destacar acá que además de todos los poderes y la Constitución, los golpistas se dieron a la tarea de derogar las leyes habilitantes, incluso de restituir prácticas especulativas y fraudulentas prohibidas por el Tribunal Supremo de Justicia a solicitud del Ejecutivo Nacional. Ese fue el caso al menos de la prohibición a la banca de otorgar créditos indexados, las tristemente célebres cuotas balónpara créditos de vivienda que a tantas familias de sectores medios arruinaron. Su restitución fue, de hecho, el único decreto específico que tuvieron tiempo de firmar antes del alzamiento popular-militar que traería de vuelta al presidente Chávez.
El golpe de Estado de abril, su precuela de diciembre de 2001, toda la desestabilización que lo antecedió a principios de 2002 y su continuación de sabotaje petrolero de diciembre de 2002 a marzo de 2003, supuso para el país grandes pérdidas económicas. Solo en fuga de capitales se estima que diarimente salían del país entre 500 y 600 millones de dólares. El desempleo, que para marzo de 2001 había descendido de 15 a 13%, se disparó a 20%. La inflación pasó de 12 a 31,2%. Y en cuanto al PIB, este sufrió una histórica caída en el año 2003 de 9,4%. Pero entre los meses de diciembre de 2002, enero, febrero y marzo de 2003, se contrajo en un increíble 27,8%, lo que debe ser un récord mundial. Se estima que toda la cadena de saboteos y golpes de ese año le supuso pérdidas al país en torno a los 40 mil millones de dólares.
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