Se introdujo en el Congreso un proyecto de reforma constitucional, apoyado con abrumadora mayoría por la coalición del Gobierno, que parece ser la propuesta más clara sobre cómo se pretenden aterrizar los eventuales acuerdos de La Habana. Es algo necesario, por supuesto. Sin embargo, preocupa que ese consenso y la falta de suficiente discusión parlamentaria hagan que el proyecto pase sin tener antes una evaluación concienzuda de sus disposiciones. Disposiciones que por lo demás —contrario a lo que parecen querer hacer creer sus proponentes—, por lo extraordinario de la situación, plantean reformas estructurales a las reglas de juego de nuestro ordenamiento jurídico.
Nos explicamos. El Gobierno persiste con la idea de su “congresito”, aunque debe reconocerse que tuvo en cuenta varias de las críticas que se le hicieron cuando lanzó la idea. Si la reforma constitucional es aprobada, se creará una comisión dentro del Congreso que se encargará de hacer el primer debate sobre todos los proyectos que se desprendan de los acuerdos de paz. La reforma, además, modifica el trámite que las leyes deberían surtir y reduce el número de debates. Esto, aunque justificado en la necesidad de diligencia, es una modificación sustancial de la forma como funciona el Congreso: como los acuerdos de La Habana tratan múltiples y diversos temas, la comisión estaría suplantando las funciones de la organización constitucional y legal del Congreso. Insistimos en la misma pregunta: si el Legislativo ya tiene comisiones asignadas para cada tema, ¿cuál es la necesidad de una nueva comisión especial? ¿Que sea de bolsillo, acaso, para evitar el debate?
El mismo argumento sobre las competencias del Congreso puede hacerse contra las facultades extraordinarias para el presidente. Darle al Ejecutivo la potestad de expedir decretos ley sobre lo acordado en La Habana es, en la práctica, permitirle legislar sobre una gran variedad de temas que, en condiciones normales, deberían pasar por el Congreso. No son infundados los miedos que produce esta clase de poder omnímodo. ¿Cuál será el costo institucional de la implementación de lo pactado? ¿Cómo funcionarían esas facultades para introducir a las Farc en la discusión del aterrizaje de lo acordado?
Ahora bien, tampoco es cuestión —como lo proponen las pocas voces opositoras— de someter la implementación a los trámites regulares del Congreso y, sobre todo, a la merced de unos mecanismos de participación popular que, en un país con un abstencionismo mayoritario (52% en las elecciones parlamentarias del año pasado), no son un espacio prometedor para un esfuerzo de esta magnitud. Esta situación excepcional requiere creatividad, claro, pero ésta debe ser cautelosa y lo más apegada posible a las salvaguardas de poderes que estableció nuestra Constitución.
Para comenzar, esperamos ver una propuesta de delimitación clara y precisa de las facultades extraordinarias del presidente: el país debe saber sobre qué se va a legislar y con qué fundamento. En cuanto a la comisión y a los tiempos de trámite, debe encontrarse una manera de darle mayor participación a la organización con la que ya cuenta el Congreso. El tema es de afán, sin duda, pero también debe ser de respeto por las instituciones.
Finalmente, la propuesta de un plebiscito, aunque interesante por la necesidad de darle voz al pueblo colombiano, debe explicar de mejor manera por qué este mecanismo, casi inutilizado en la historia nacional, es el más adecuado. ¿Se harán modificaciones?
La paz es un fin que apoyamos con ansias, pero —y esto ya lo hemos dicho—, si pretendemos que sea duradera, su implementación debe fortalecer las instituciones que ya existen, no saltárselas. La cautela, aunque no es popular en la política, es un aliado necesario para el añorado posconflicto.
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