Los recortes de la Xunta en asistencia social no solo amenazan con el desamparo a casi la mitad de los dependientes gallegos (un estudio de CC OO cifra en un 47% la lista de espera para recibir los servicios de la dependencia) sino que ponen contra las cuerdas al colectivo profesional que ayuda a domicilio. El sindicato da la voz de alarma. "La Consellería de Benestar reducirá el próximo ańo de 5.000 a poco más 1.500 el número de trabajadores" que asisten a los dependientes en sus casas, sostiene el secretario de Comunicación del sindicato, David Freire. Explica que como consecuencia de la norma de la UE que obliga a la obtención de un título de capacitación profesional a los trabajadores, "la Xunta abrió una primera fase" para obtener la acreditación "con un límite de 500 plazas".
Desde el gabinete que preside Beatriz Mato matizan que a esas 500 plazas se sumarán otras tantas, o más, "de una nueva convocatoria" y destacan que se tramitan acreditaciones para 3.000 profesionales a través de cursos de formación. El sindicato alerta de que "ya que son necesarios dos ańos de experiencia para acceder a la acreditación", los nuevos profesionales no podrán ejercer la ayuda a domicilio. De esta forma, cuando entre en vigor la norma de la UE "los 5.000 trabajadores serán 1.500 o 2.000". CC OO, mayoritario en el sector, intenta que Mato acepte una reunión para negociar las condiciones laborales.
"Desmantelamiento"
Freire denuncia el "desmantelamiento" del servicio. A los problemas citados ańade el "incumplimiento del convenio" por Benestar mediante el proceso de selección de horario de atención que marca a los usuarios y que supone "sustituir la jornada completa por contratos de tres horas todos -los usuarios eligen la franja horaria de 8 a 11 horas- acabando con la estabilidad laboral en el sector".
No son las únicas "deficiencias" que afectan al sector. CC OO insiste en la "precariedad" laboral en la que se encuentran estos trabajadores del servicio de ayuda a domicilio. "Hay mujeres que tienen que bajar con el usuario en silla de ruedas dos pisos sin ascensor". Ante situaciones como esta que "la Xunta no solventa", CC OO reclama que los domicilios se reconozcan como lugar de trabajo "para que los delegados sindicales podamos comprobar las condiciones laborales con la máxima discreción".