En esta ocasión, este galardón recaerá en las manos de Teófilo Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal y Rómulo Arias Mireles, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal y Dominga González Martínez, quienes cumplen condenas de hasta 50 años de prisión injustamente.
José Antonio Lara Duque, presidente del CDHZL, recordó que a pesar de que durante el juicio no se puedo determinar el grado de participación de cada uno de los sentenciados —además de que las pruebas y testimonios fueron inducidos-- el juez dictó una sentencia con argumentos racistas.
Además, puntualizó el abogado, durante todo el proceso no se respetaron los derechos de los imputados, tomando en cuenta su calidad como personas indígenas, juzgados desconociendo normas básicas del derecho internacional en lo que respecta al tema e invisibilizando su contexto histórico cultural, usos y costumbres.
“En este marco –añadió Lara Duque-- se puede reconocer un rasgo común a todos los inculpados: haber sido activos líderes en la defensa del derecho al agua en su comunidad, lo que nos lleva a creer que se trata de un grave caso de persecución política, donde se busca dar un castigo ejemplar intimidando a la comunidad y a los defensores de derechos humanos”.
Lara Duque recordó que en la acusación en contra de Dominga González Martínez los denunciantes rindieron su declaración después de tres años y medio de los hechos a quién identificaron como “una señora morena y chaparrita” como una de las personas responsables de la muerte del empresario antes mencionado.
Quedó demostrado en el juicio que esta “identificación” se produjo luego de que la Secretaria de gobierno del estado de México, mostró a sus acusadores una fotografía para que la recordara. Además, con estos tres calificativos (señora, morena y chaparrita) fueron suficientes para inculpar de un delito grave a una mujer adulta mayor, quién participaba activamente en su comunidad por la defensa de su derecho al agua.
El Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” ha documentado numerosas inconsistencias, reforzando la carencia de credibilidad e imparcialidad tanto de los denunciantes como del poder judicial, así como señalamientos contradictorios.
Es por ello, aseguró, el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” emprendió una campaña denominada #SentenciaRacista, la cual oficialmente inició este mes en el que se realizarán diversas actividades de difusión y denuncia pública como foros en universidades y comunidades, actividades de volanteo, colocación de mantas y la participación en diversas acciones organizadas en conjunto a la sociedad civil.