CENSO 2012: La Radiografía de Bolivia...

Publicado el 07 agosto 2013 por Alanvargas4784 @alanvargas4784

Regiones, en alerta por la redistribución de escaños

Se anuncian ‘estados de emergencia’; y la decisión de no ceder ninguna curul
La Razón / Yuvert Donoso, W.F / I.C. / La Paz
04:45 / 01 de agosto de 2013
Representantes de Santa Cruz, Chuquisaca, La Paz y Tarija manifestaron su preocupación y alerta luego de conocer los resultados del Censo de Población y Vivienda 2012; el mayor temor es que les afecte en la redistribución de recursos y de escaños parlamentarios.
La encuesta ubica a Chuquisaca en el quinto lugar, por lo que el Comité Cívico pedirá que la redistribución de los escaños no se aplique para las próximas elecciones generales, mientras que los campesinos anunciaron que no permitirán que la región reduzca su presencia política en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“Una de las consecuencias para Chuquisaca es que podríamos perder un escaño, de ningún modo aceptaremos la reducción en la Asamblea”, afirmó el presidente cívico, Milton Barón.
También propuso que se genere un gran debate nacional para encontrar soluciones para las regiones que tienen menos habitantes en el país. En el mismo departamento, el dirigente de la Federación de Campesinos de Chuquisaca, Leonardo Maturano, advirtió que “nosotros no vamos a permitir perder ningún escaño en la AsambleaLegislativa” y planteó que oficialistas y opositores se unan en la región para defender al departamento.
Recursos. En la misma línea, los cívicos de Tarija, que ocupa el sexto lugar en el Censo Nacional de 2012, expresaron su preocupación por los resultados de la encuesta, que muestran una disminución con relación a los datos preliminares que presentó el presidente Evo Morales en enero.
“Estamos preocupados por los resultados del censo frente a la poca seriedad que ha tenido el Gobierno central al manejar un tema tan delicado”, afirmó el presidente del Comité Cívico de Tarija, Waldemar Peralta. Además dijo que se debe rediseñar la representación política y reasignar recursos.
En Santa Cruz, por el desplazamiento al segundo lugar, el Comité Cívico se declaró en emergencia y anuncia que una próxima Asamblea de la Cruceñidad definirá las medidas de presión que habrá en rechazo a los datos emitidos por el Gobierno.
Para el presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Castedo, las diferencias numéricas entre las cifras emitidas a principios de año y ayer, son inaceptables y técnicamente insostenibles. La reunión cívica emitió una resolución, en la que rechaza los resultados, y demanda al Instituto Nacional de Estadística (INE) una explicación por la variación negativa en las cifras entre enero y julio. 
En La Paz, a pesar de que haya recuperado el primer lugar en población en el Censo 2012, la jefa de bancada del Movimiento Sin Miedo (MSM) de la Asamblea Legislativa, Vilma Magne, afirmó que ahora sería el momento adecuado para debatir el tema del pacto fiscal, porque al departamento tendrían que llegar más recursos económicos.
“Creemos que estos resultados del censo deberían servir para que haya un espacio de diálogo entre los gobiernos autónomos departamentales; éste es el momento adecuado para que el Gobierno pueda discutir la distribución de recursos”, mencionó.
Aprueban decretoDistribución
La ministra de Planificación, Viviana Caro, informó que el gabinete aprobó un decreto supremo que instruye la distribución de recursos económicos de acuerdo con los datos del censo. Servirá para lo que es el presupuesto de 2014 y para los “requerimientos presupuestarios que incorporen como coeficiente de distribución la participación de la población”.
Un proceso que cuesta $us 56 millonesChristian Galindo
Con un presupuesto de $us 56 millones, el Censo 2012 fue programado con el objetivo de obtener información estadística actualizada sobre las características demográficas, económicas, sociales y habitacionales de la población del país. El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que los datos serán utilizados para la formulación de políticas, planes y programas públicos y privados.
Además, los resultados poblacionales definirán la redistribución de recursos tributarios y los escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El empadronamiento se realizó el 21 de noviembre de 2012 en el marco de un proyecto denominado “Fortalecimiento de la capacidad estadística y de la base de información para la planificación basada en evidencias”.
El plan tiene cuatro componentes: Actualización cartográfica Multipropósito,  Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, el Censo Nacional Agropecuario y la Encuesta de Hogares. En los dos últimos se tiene prevista su realización en los siguientes meses.
El financiamiento llegó a través de un crédito internacional del Banco Mundial de $us 50 millones, según el INE, que respondió un cuestionario de La Razón en diciembre de 2012. Además, el Gobierno presupuestó otros $us 6 millones como contraparte del Estado.
El censo se realizó después de 11 años del anterior, en 2001, por lo que tuvo un retraso de un año, por temas de organización y definición gubernamental. Incluso para 2012 la fecha inicial estaba prevista para agosto, ésta fue postergada hasta noviembre y, siete meses después, se dieron los resultados finales.
Reymi Ferreira: Lo mejor es una auditoría técnica
Ha generado (el resultado del censo) dos tipos de preocupación: una legítima, de la ciudadanía que desconfía, que no está de acuerdo con el trabajo técnico, con la transparencia del censo; y, otra, interesada políticamente en usar cualquier error, cualquier distorsión para sus propios intereses. Políticamente esto va a generar confrontación y, en lugar de ser un insumo para elaborar una política pública de concertación, puede ser un insumo para el conflicto.
Pero ahora no solamente va a estar la discordia por el resultado (del censo) en los departamentos de Santa Cruz o La Paz, sino también habrá otros departamentos en los que sus dirigencias van a luchar por legitimar sus resultados, por lo menos aquellos que pierden en proporción a su población.
Este escenario de confrontación no creo que sea encendido ni violento, pero creo que va a ser una confrontación de argumentos, de discusión  bastante fuerte que apuntará, por un lado, a deslegitimar el censo;también habrá otro sector que va a querer transparencia, auditoría, una justificación técnica.
Yo creo que van a ser estas dos las posiciones ciudadanas: La de los que llevan el conflicto al plano político electoral, y la de los que llevan el tema al plano de la exigencia de transparencia, de pedir un informe, de credibilidad, de fundamentos técnicos.
Si una auditoría valida técnicamente y sostiene lo organizado y la cifra, ese va a ser el principal argumento, y si no (valida el censo), se tendrá que rehacer lo hecho y realizar un nuevo censo; pero esa sería la salida extrema, la última, en caso de que se pruebe que definitivamente hubo poca transparencia, manipulación o errores garrafales sobre los instrumentos técnicos.
Yo creo que mal haría el Gobierno en caer en la provocación de reducir cualquier cuestionamiento del censo al tema político, esto sería un gravísimo error.
Reymi Ferreira es abogado y docente universitario

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2,8 millones dicen pertenecer a nación o pueblo indígena

Hay 16.329 afrobolivianos, lo que representa el 0,58% de la cantidad total
La Razón / Micaela Villa / La Paz
04:15 / 01 de agosto de 2013
De 6.916.732 personas de 15 o más años, 4.032.014 (58%) negaron pertenecer a algunas de las naciones o pueblos indígenas originarios y 2.806.592 (41%) afirmaron una pertenencia. Éste es el resultado del recojo de información del Instituto Nacional de Estadística (INE) con relación al Censo Nacional de 2012.
Como boliviana o boliviano ¿pertenece a alguna nación o pueblo indígena originario campesino o afroboliviano?, era la pregunta 29 de la encuesta, en la que el empadronador no podía leer las opciones de respuesta.
Los quechuas, con 1.281.116 (46%) —626.307 hombres y 654.809 mujeres—, y los aymaras, con 1.191.352 (42%) —592.817 y 598.535 comparativamente—, lideran la lista. Les siguen los chiquitanos con 87.885 (3%), los guaraníes con 58.990 (2%), los mojeños con 31.078 (1%) (ver cuadro).
Respecto a los afrobolivianos, se indica que son 16.329 (0,58%), aunque este medio informó en julio que según una estimación había más de 35.000, de los cuales la mayoría habita en los Yungas, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.
Sin embargo, los datos presentados ayer por el INE no explican qué pasó con más de 3 millones de personas que supuestamente estarían en el grupo de menores de 15 años. Cuando la pregunta 29 fue incluida en el capítulo F 1 denominado: Para todas las personas.
En los anteriores censos no se reconocía la identidad de afrobolivianos, sólo de los quechuas, aymaras y tupiguaraníes. Actualmente esta etnia incluso tiene una jornada de celebración, cada 23 de septiembre es el Día Nacional del Pueblo Afroboliviano.
En agosto de 2012, el Gobierno descartó incluir la categoría “mestizo” en la boleta censal, porque fue considerada racial y discriminatoria y no se contemplaba en la Constitución Política del Estado.
“Hace diez años que esta opción no se incluye en los censos de los países de la región, incorporarla significaría retroceder”, enfatizó en ese tiempo la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro.
El viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, declaró a ANF que las personas que se consideran mestizas no tienen territorio ni cultura ni religión ni idioma, y que el término sólo representa la construcción “colonial” definida en tres estamentos, el blanco, el criollo y el mestizo A pesar de que asambleístas y autoridades de Santa Cruz y Beni pedían incluir la opción mestizo, sólo se tomó en cuenta las 36 etnias, como también Weenayek, Yuki, Leco, Tapiatapé, Mojeño, Chacobo, Cayubaba, Ayoreo, Itonama, Moré y otros.
Los resultados dan a conocer además que del total de los que negaron su origen, 1.975.811 (49%) son del sexo masculino y 2.056.203 (51%) del femenino.  Por otra parte, 73.707 empadronados se definieron como extranjeros y 42.188 optaron por responder “Otros”, que el INE no especificó en sus resultados.
La pertenencia
Estos son los resultados totales de la población a partir  de los 15 o más años
Nación o pueblos   TOTAL
Afroboliviano    16.329Araona    910Aymara    1.191.352Ayoreo    1.862Baure    2.319Canichana    617Caviveño    2.005Cayubaba    1.424Chacobo    826Chipaya    786Chiquitano    87.855Esse Ejja    695Guaraní    58.990Guarasugwe    42Guarayo    13.621Itonama    10.275Joaquiniano    2.797Kallawaya    7.389Leco    9.006Machineri    38Maropa    2.857Mojeño    31.078Moré    155Mosetén    1.989Movima    12.213Murato    143Pacahuara    161Quechua    1.281.116Sirionó    446Tacana    11.173Tapiete    99Tsimane (chimán)    6.464Weenayek    3.322Yaminahua    132Yuki    202Yuracaré    3.394Yuracaré- mojeño    292Otros    42.188No especificado    4.419No soy boliviana (o)    73.707Resultados totales   Total    6.916.732Pertenecen    2.806.592No pertenecen    4.032.014FUENTE: INE
Sólo 10% cuenta con servicio de internet
Sólo 281.271,5 (10%) de 2.812.715 (100%) viviendas cuentan con servicio de internet, así lo indican los resultados del Censo de Población de 2012. Santa Cruz es el departamento con mayor uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).
Los datos señalan que 2.109.536 (74,73%) familias cuentan con equipos de radio, 2.025.154 (71,59%) con teléfono fijo o celular, 1.844.516 (67,24%) con aparatos de televisión y 646.924 (23,36%) con computadoras. (Ver cuadro).
Luego de Santa Cruz, los que más hacen uso de teléfonos móviles son Tarija, Cochabamba y La Paz. En radios, La Paz y Oruro; y en televisión, La Paz y Cochabamba. Beni, Pando y Potosí son los que menos computadoras tienen.
“En cuanto al acceso a (la) tecnología, en 2012, el 75% de la población tenía por lo menos radio y más del 40% televisión”, destacó ayer la ministra de Planificación, Viviana Caro. En países como Chile, en 2012  se alcanzó un crecimiento del 62% en acceso a internet y en  Perú, el 25,5%.
Factor de crecimientoDesarrollo
El Instituto Nacional deEstadística informó que las TIC representan un factor importante de desarrollo, lo que conlleva a que cada vivienda tenga mayor impacto social y económico.