Los asuntos migratorios siempre son complejos y difíciles de abordar de una manera desapasionada y objetiva. Cerrar fronteras, abrirlas, solidaridad y prioridades, gente que de verdad tiene necesidad, sean de aquí o de allí, refugiados de verdad, de mentiras, futuros inadaptados, gobiernos que usan la televisión para darse bombo, centros de internamiento de extranjeros donde se los hacina como trastos viejos, carnés de identidad, asilo político y un sinfín de conceptos, cuya única finalidad parece ser encontrar el lagrimeo de unos y el cabreo de los otros.
Como en tantas otras ocasiones, cuando el problema se hace presente el gobierno ya llega tarde a una solución realmente efectiva. Con la inmigración y los refugiados no es una excepción. Nunca se apaga el fuego hasta que no entra el humo por debajo de la puerta.
En realidad, la endeble justificación de la cosa pública está en la base de todo. Pretendemos que por la elección de un gobierno este deba ajustarse a un modo determinado de actuación. Tenemos unas leyes, una Constitución, así con mayúsculas, y pretendemos que todo ello sea inamovible. O que todo pueda cambiar, para gustos, leyes. Un gobierno que puede manejar a su antojo el uso que se hace de las cotizaciones a la Seguridad Social, es decir los dineros que se usan para pagar la sanidad de todos, entre otras cosas, puede perfectamente determinar que esos todos sean 629 más o menos.
Un gobierno que tiene potestad para obligarnos a llevar un número de identificación como si fuéramos ganado puede identificar y marcar a cuantos crea conveniente y otorgarles cualquiera de los estatus que nos puede otorgar al resto. ¿En virtud de qué no podría hacerlo?
En definitiva, un gobierno al que damos potestad para maneje el dinero, acabará por manejarlo. No entiendo las quejas de aquellos que dicen que no lo maneja a su antojo, al antojo de los que se quejan, me refiero. Los gobiernos manejan el dinero a su antojo, al del gobierno, porque se sienten capacitados para ello, porque así lo dicen las leyes, esas leyes que ellos pueden cambiar, porque esas mismas leyes dicen que pueden así cambiarse.
Es maravilloso decir que el país es de todos y que todos tenemos que decidir sobre el país, pero la verdad es que ejercer derechos de propiedad sobre el país, la nación, el Estado o lo que quiera que sea esto, solo lo pueden hacer aquellos delegados para ello, el gobierno democrático. Sin propiedad real de los contribuyentes, quien ostente el gobierno hará lo que quiera, abrir o cerrar fronteras. Esta propiedad no existe y es absurdo pretender reclamarla, así es en democracia. El que quiera cerrar fronteras, que las adquiera legítimamente, mientras que nos dejen transitar por aquello que no es de nadie.
Publicada en DesdeElExilio.com