Natalie Sofía Rojas, Simón Rubiños Cea y Sergio Pascual
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15 DICIEMBRE, 2023
- Hace un mes se cumplieron cuatro años del estallido social y tres del plebiscito que dio inicio a la redacción de una nueva Constitución para Chile. Un 78% de la población votó entonces a favor de una iniciativa que parecía ser una salida a la crisis política, social y económica que vivía el país.
- Desde entonces Chile pasó por:
- La elección de la Convención Constituyente, donde la izquierda, dividida en dos bloques, obtuvo una amplia mayoría (mayo de 2021);
- Una elección presidencial con victoria en balotaje del bloque progresista sobre la ultraderecha y la derecha tradicional. En la concurrente elección parlamentaria se conformó un Congreso que obligó al Gobierno a asumir complicados equilibrios y alianzas (noviembre de 2021);
- El plebiscito sobre la propuesta constitucional redactada por la Convención Constituyente,: la propuesta fue rechazada por el 61.89% de los electores (septiembre 2022);
- La negociación política para adelantar un nuevo proceso constitucional condujo a otra elección para un consejo constituyente; esta vez la derecha obtuvo mayoría absoluta para redactar la nueva propuesta de Constitución (mayo de 2023).
- En medio del proceso se modificó la legislación electoral, restituyendo el voto obligatorio con consecuencias considerables. Mientras que en el referendo de arranque del proceso votó el 50,95% del electorado, en el plebiscito de salida sobre la primera propuesta constitucional la participación se elevó al 85,86%. Una participación similar se vio en las elecciones al Consejo Constitucional de 2023, en el que venció la derecha con una participación del 84.87%.
- Con este escenario, el próximo 17 de diciembre Chile asistirá nuevamente a un plebiscito para validar o rechazar la nueva propuesta de Constitución elaborada por un Consejo Constitucional dominado por la derecha y la extrema derecha, y tutelado por el poder constituido.
- El largo y fallido proceso constituyente viene enfrentando la desconexión y cierto hartazgo de la sociedad, lo que se vio reflejado en el 21,5% de votos nulos y blancos en la última (la cuarta en dos años) convocatoria a las urnas. En la elección del último Consejo Constituyente 2,7 de los 12,9 millones de votantes votaron opciones de rechazo al proceso. En paralelo, según distintas encuestas, la ciudadanía sigue percibiendo como principales problemáticas las que llevaron al Estallido de 2019 (pensiones, educación, salud y, ahora también, seguridad).
Sobre la propuesta que se someterá a plebiscito el próximo 17 de diciembre
- Tras el rechazo a la propuesta anterior en septiembre de 2022, y en el entendido que el mandato constituyente seguía abierto, las fuerzas políticas presentes en el Congreso lograron un acuerdo para desarrollar un nuevo proceso, esta vez con mayor control del poder constituido. Entre lo pactado, destacan los siguientes elementos:
- El proceso se compone de tres instancias, dos conformadas proporcionalmente según la presencia de los partidos en el Congreso: el Comité Experto, a cargo de redactar un anteproyecto, y el Comité Técnico de Admisibilidad, ente arbitral para evaluar que el proceso se ciñera a 12 bases políticas que el poder constituído impuso al constituyente:
- 1. Chile es una república democrática; 2. Estado unitario y descentralizado; 3. Respeto a los DDHH y tratados internacionales; 4. Los pueblos indígenas son parte de la nación unitaria e indivisible; 5. Estado social y democrático de derecho sujeto a la responsabilidad fiscal a través de instituciones estatales y privadas; 6. Respeto a los emblemas nacionales; 7. Separación de poderes, consagrando el congreso bicameral; 8. Definición de entidades autónomas; 9. Garantía de derechos a la vida, igualdad, propiedad, consciencia y derecho preferente de padres a escoger la educación de sus hijos; 10. Fuerzas Armadas subordinadas al poder civil; 11. Estados de excepción constitucional (asamblea, sitio, catástrofe y emergencia); 12. Conservación de la naturaleza.
- La tercera instancia, la decisoria, corresponde al Consejo Constitucional, integrado paritariamente por 50 miembros electos por voto popular bajo el sistema electoral del Senado chileno (un diseño cualitativa y electoralmente favorable a la derecha). En la elección del Consejo celebrada en mayo de 2023, como era previsible, la derecha logró la mayoría con 33 representantes (22 del Partido Republicano, de ultraderecha con los que logró poder de veto, más 11 de derecha tradicional). El oficialismo logró 16 representantes sin poder de negociación, mientras que los pueblos indígenas eligieron un escaño, el cual posteriormente se articuló con este último sector.
- El proceso se compone de tres instancias, dos conformadas proporcionalmente según la presencia de los partidos en el Congreso: el Comité Experto, a cargo de redactar un anteproyecto, y el Comité Técnico de Admisibilidad, ente arbitral para evaluar que el proceso se ciñera a 12 bases políticas que el poder constituído impuso al constituyente:
- Finalizados los trabajos de las tres instancias, el texto propuesto por el Consejo Constitucional a plebiscitar conserva solo el 27% de los 221 artículos planteados en el anteproyecto del Comité Experto. Numerosos constitucionalistas han calificado el texto propuesto como una constitución neoliberal donde prima la posición mayoritaria circunstancial de las derechas.
- Entre algunos de sus nudos críticos, se encuentran:
- Estado: a pesar que se consagra formalmente el Estado Social y Democrático de Derecho, el modelo planteado en el texto consolida, por el contrario, un Estado subsidiario, en oposición a lo reclamado en el estallido. El texto promueve la desconfianza sobre lo público y abunda en la desconcentración del Estado.
- Derechos sociales: En pensiones y salud, el texto constitucionaliza el modelo de administración privada de cada servicio; en educación, se mantiene el modelo de que motivó movilizaciones estudiantiles y privilegia el enfoque de la libertad educativa entendida como la libre e irrestricta elección familiar, moral y religiosa. En lo que se refiere a derechos laborales, la propuesta ha sido criticada desde sectores sindicales.
- Democracia y participación: para reformar la Constitución se fija un quórum de 3/5 del Congreso, el cual seguirá siendo bicameral, y delega a una ley el total de miembros que compondrán las cámaras. Las modificaciones al sistema político electoral serán con quórum de 4/7 y se restringe la representación a entre 2 a 6 escaños por distrito, dejando como norma transitoria un total de 138 diputados (hoy 155), reducción que beneficiará a los partidos mayoritarios. Además, se prohíbe la conformación de listas independientes y se deja el umbral electoral para acceder a un escaño a aquellos partidos que superen el 5% del total de votos emitidos a nivel nacional o logren 8 curules en la Cámara Baja, castigando a las expresiones electorales minoritarias.
- Medioambiente: el espíritu del texto es desarrollista, adscrito al modelo de desarrollo sustentable. Las acciones dispuestas son de carácter preventivo y reactivo, pero no precautorias, mientras que las disposiciones sobre el agua favorecen el modelo privado sobre la materia, eliminando los controles que impuso la última reforma del Código de Aguas.
- Género: no hay avances en paridad ni en derechos laborales vinculados a las brechas de género, se desconoce derecho al cuidado y, si bien no se pronuncia directamente contra el aborto, retrocede respecto a la interrupción voluntaria en las tres causales, ya que se indica que la ley protege la vida de quien está por nacer.
- Seguridad: dado el contexto y el énfasis conservador, se incluyen varios aspectos en esta materia que dan un carácter más punitivo que el texto vigente.
Escenarios y reflexiones finales
- Las encuestas indican que se rechazará ampliamente la propuesta de Constitución (ver tabla al final del informe). No obstante, se observa una tendencia a cerrar la brecha entre ambas opciones.
- La derecha política y mediática está tratando de desviar el plebiscito de su objeto real, la Nueva Constitución. Sabedora de la negativa valoración de la gestión del Gobierno, el establishment chileno busca asimilar la consulta con un plebiscito sobre el desempeño gubernamental. Votar Rechazo es apoyar al Gobierno, dicen, buscando salvar su proyecto constituyente. Por otro lado, han avivado el debate sobre la inseguridad, aupándolo al primer lugar de la agenda pública. Se trataría de lograr que el electorado vote pensando exclusivamente en el único elemento de la Constitución que parece recibir respaldo.
- Entre tanto, los partidos del Gobierno -y en particular el Frente Amplio del presidente Boric- se han manifestado por el rechazoa la propuesta.
- Los expresidentes vivos se han repartido en sus opiniones, dos a favor (Eduardo Frei y Sebastián Piñera), y dos en contra (Michelle Bachelet y Ricardo Lagos).
- Si se confirma la victoria del “en contra”, el mandato constitucional seguirá irresuelto, por lo que las fuerzas políticas deberán discutir cómo proceder.
- El oficialismo ha manifestado que no existe disposición política de impulsar un tercer proceso.
- Otras salidas menos probables, como una veda constitucional hasta el 2030, han sido propuestas por miembros del Partido por la Democracia (PPD), que hace parte de Socialismo Democrático y, por tanto, de la coalición de gobierno. No obstante, esta idea ha sido criticada por el resto del oficialismo.
- Por su parte, desde el Partido Comunista se ha planteado una continuidad futura del proceso, mientras que el Frente Amplio afirma que no promoverá un nuevo proceso en el Gobierno de Gabriel Boric.
- Finalmente, las encuestas siguen señalando que existe consenso sobre la necesidad de cambiar la Constitución actual. La decisión y las posturas de cada bloque serán clave de cara a las elecciones municipales en 2024, y elección parlamentaria y presidencial en 2025.