Al poco de quedar embarazada, Francisca, de 20 años, casada, dio positivo con VIH. La mujer de escasos recursos comenzó un tratamiento antirretroviral, aterrada de transmitirle el virus al bebé en camino. Rompió fuentes el 4 de noviembre de 2002 en el hospital público de Curicó, a 200 kilómetros al sur de Santiago.
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Empresa sorteará venta de entradas para el show de Daddy Yankee en ChileMeteorológica advierte de heladas temperaturas en varias regiones del paísMientras esperaba que le practicaran una cesárea, el personal médico de turno la acusó de irresponsable por tener un hijo en sus condiciones. El niño nació sano, pero cuando Francisca despertó, una enfermera le informó que la habían esterilizado. Ella nunca solicitó el procedimiento quirúrgico, ni dio su consentimiento por escrito ni verbal, como obliga la ley desde el 2000.
22 años después de lo ocurrido, el presidente Gabriel Boric le ha pedido perdón a nombre del Estado chileno en un acto en La Moneda por la violación a los derechos sexuales y reproductivos a los que fue sometida.
Francisca no se llama así. Es el nombre que adoptó cuando comenzó la extensa batalla judicial por su caso. Durante mucho tiempo pensó que lo que le había ocurrido era normal.
Criada en una zona rural, sin educación sexual, y sumergida en una cultura llena de prejuicios hacia las personas con VIH, no tomó conciencia de que era una víctima hasta que la Fundación Vive Positivo, dedicada a entregar información y acompañar a personas con VIH, se acercó a ella y la instruyó, según contó en un episodio de Radio Ambulante.
Asesorada legalmente, Francisca interpuso en 2007 una querella contra el médico que la atendió. En el juicio, el doctor dijo que la paciente sí le había otorgado el consentimiento verbal de practicarle una esterilización. La mayoría de las enfermeras apoyaron dicha versión y el juez falló en contra de Francisca.
La abogada Catalina Martinez, directora regional del Centro para Derechos Reproductivos, explica por teléfono que, ya que no pudieron encontrar justicia en los tribunales chilenos, presentaron en 2009, junto a Vive Positivo, una denuncia contra el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando la vulneración de derechos de la Convención Interamericana de DDHH: integridad personal, garantías judiciales, protección de la honra y de la dignidad, entre otros. En 2014 la comisión la declaró admisible.
Con Información de El País.