El gobierno dice que “no pagará un peso” por la gráfica, ya que podría compensar el valor de sus activos con la deuda acumulada con la Afip. Los que afirman esto no tienen en cuenta que, a través de ese arreglo, los actuales accionistas dejarán de pagarle al fisco unos 250 millones de pesos. Pero la expropiación “sin pago” no pasaría de una expresión de deseos. Ocurre que “hay acreedores en el concurso con privilegios mayores que la Afip” (La Nación, 9/8). Según algunos especialistas, la vía elegida por el gobierno, la expropiación de las acciones de la gráfica -y no de sus máquinas- es “un proceso más rápido, pero muchísimo más costoso” (La Nación, idem). Acaba de revelarse que entre los aportistas a la misteriosa sociedad que pasó a controlar Ciccone están los banqueros Brito y Moneta. En estas condiciones, la expropiación no sólo encubriría el negociado anterior, sino también facilitaría otro rescate de intereses privados con los recursos del Estado. Como prueba de ello, ninguno de los supuestos expropiados -los nuevos accionistas de Ciccone- han abierto la boca contra la medida oficial. El mismo Vanderbroele, según informan los diarios, habría servido de nexo entre los Ciccone -hoy accionistas minoritarios- y el Estado, en torno de este arreglo.
Adicionalmente, la expropiación buscaría tapar el vaciamiento de la Casa de Moneda, que tuvo como contrapartida la tercerización en la producción de billetes. El último de ellos, con la ‘nueva’ Ciccone, se vino abajo con el escándalo de Vanderbroele-Boudou.
Frente a estas imputaciones, el oficialismo ha defendido el proyecto afirmando que las investigaciones judiciales sobre Ciccone “corren por cuerda separada”. Con el mismo argumento, Juez y Solanas se han plegado al kirchnerismo, y “confiando en la justicia”. Los diarios oficialistas, sin embargo, anticipan que el caso Ciccone- Boudou podría terminar en la justicia con un gigantesco cero. En el recinto, Pino Solanas habló contra las ‘mafias’, pero terminó dando un cheque en blanco a este salvataje mafioso. El mismo que otorgó a la ‘nueva’ YPF, que, una vez “estatizada”, salió de inmediato a negociar con Chevron y Exxon Mobil.
En el senado, Luis Juez también levantó la mano, en disidencia con los senadores del FAP y de Morandini, la otra integrante del juecismo. En Diputados, el FAP se partió en tres, con los juecistas votando a favor, los socialistas y el GEN en contra y la abstención de Lozano. La expropiación de Ciccone dejó ver la inconsistencia del bloque centroizquierdista que se plantea como “alternativa” al gobierno.
Toda esta operación de rescate económico y político de grupos capitalistas nada tiene de ‘nacional’. Pero en lo sustancial, reitera toda la saga de las estatizaciones kirchneristas.
Para fundamentar el voto por la expropiación, el senador oficialista Fuentes dijo que “el estado es el único que hoy tiene capacidad para acumular capital, dirigir y planificar la actividad con los privados”. (La Nación, 20/8). Pero ninguna de las estatizaciones kirchneristas es el resultado de un plan deliberado. Han sido impuestas por la crisis capitalista y el “derrumbe” del modelo. Ciccone-Boudou-Brito se inscribe en la línea de YPF -Esquenazi o TBA-Cirigliano. Ciccone es sólo la versión grosera del estatismo kirchnerista, que es siempre una variante de rescate del capital.
Marcelo Ramal