Cifuentes, en entredicho.

El jueves, 18 de mayo, Alberto Oliver, diputado de Podemos, echaba en cara a Cristina Cifuentes, presidenta de la Asamblea de Madrid, su presencia en el sumario de la Púnica y le acusaba de formar parte de la “formación más corrupta de la historia de este país”. Oliver la culpaba de apoyar a los cuerpos de seguridad del estado sólo “cuando le viene bien”, haciendo referencia a sus críticas al informe de la Guardia Civil que la implicaba en la financiación irregular del PP de Madrid. Cifuentes abandonó airada el pleno de la Asamblea de Madrid durante la intervención del diputado de Podemos. La presidenta de la Comunidad de Madrid se levantó de su asiento y salió del pleno al que no regresó durante el resto de la sesión. Fue en ese momento cuando la actual líder del PP madrileño decidió marcharse. Según, el político de Podemos, Cifuentes le calificó de “sinvergüenza” y afirmó que sus palabras eran “mentira”. Minutos después de que Oliver comentara el incidente en Twitter, Cifuentes proclamaba su respeto por la Guardia Civil a través de la misma red social: “Que no os engañen: todo el mundo sabe de mi respeto y cariño por la Guardia Civil y la Policía. Son un ejemplo y un orgullo para todos”. La UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil aseguraba que el Partido Popular de Madrid había usado dinero público de una subvención destinada al desarrollo de cursos, que finalmente no se impartieron, para sufragar gastos de la campaña electoral de 2008, la segunda con Mariano Rajoy como cabeza de lista. Eran gastos como la publicidad exterior, las banderolas, los trípticos o telepronter… La UCO aclaraba que Ignacio González, encarcelado por el caso Lezo, concedía las subvenciones que eran desviadas al PP. Y criticaba a Cifuentes por llevar “26 años en la formación más corrupta de la historia de este país que, además, está siendo investigada por la Guardia Civil”. Los informes de la UCO revelaban que el PP cometió delitos de prevaricación y cohecho en la adjudicación de los contratos de la cafetería de del Pleno de la Comunidad de Madrid, cuando Cifuentes era vicepresidenta del mismo. 
Cristina Cifuentes, en una imagen de 2015.
Tras las reacciones de la presidenta, que lo negaba todo, alegando que el documento era “un juicio de valor”, la Guardia Civil ratificó sus sospechas, dando a conocer un segundo informe, en el que se advertía de un delito de prevaricación en la adjudicación del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en los años 2009 y 2011. El documento incidía en el contenido del informe conocido si bien no hablaba del delito de cohecho, centrándose en una presunta prevaricación apuntada por diversos testigos interrogados por la Guardia Civil sobre este expediente. La UCO concluía que las declaraciones prestadas ponían de manifiesto la existencia de “significativas y evidentes contradicciones” entre los diferentes testimonios y permitían concluir la existencia de “una pluralidad de acciones” por parte del Comité de Expertos –del que formaba parte Cifuentes– “que tuvieron como única finalidad favorecer de manera preconcebida a la empresa Grupo Cantoblanco Colectividades S.L.(perteneciente a Arturo Fernández, expresidente de la Confederación de Empresarios de Madrid CEIM-CEOE)”. Este favorecimiento se habría materializado a través de conductas “arbitrarias que derivaron en actos injustos y de percepción paladina” en cuanto a la comisión de los mismos por parte de sus partícipes. La UCO relacionaba estas adjudicaciones con donaciones realizadas por el vicepresidente de los empresarios madrileños a Fundescam, fundación del PP de Madrid, que habrían servido para financiar irregularmente campañas electorales, si bien en este segundo informe no aludía a esta circunstancia. La Guardia Civil puntualizaba que Isaac Arturo Zubiri, componente del comité de expertos, faltó a la verdad a la hora de elaborar el informe de valoración de las ofertas. De esta circunstancia, concluye la UCO, “tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras las otras dos componentes del comité expertos, Cristina Cifuentes Cuencas y María Merino Muñoz, lo cual ha podido acreditarse de manera indubitada respecto al criterio de adjudicación que valoraba otras mejoras de los licitadores”. La Guardia Civil pedía investigar a Cristina Cifuentes por prevaricación y cohecho. “Los elementos probatorios puestos de manifiesto en el presente Informe Policial y relativos a los hechos descritos en el mismo podrían ser constitutivos de la comisión de los supuestos delitos de prevaricación continuada y cohecho”, reza uno de los informes policiales que forman parte de la pieza de Púnica. 

Del informe de las fiscales del caso Púnica, en el que asumen el famoso informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, tan denostado por Cristina Cifuentes, se desprendían “actos injustos, altamente discriminatorios” cometidos en dos contrataciones que favorecieron al empresario Arturo Fernández, exvicepresidente de la CEIM y donante del PP. El PP de Madrid manejaba un sistema de recompensa para sus donantes, a los que favorecía con contratos públicos con el fin de financiar sus excesos electorales cercanos a los 5 millones de euros. El propio juez instructor del caso en la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, sostuvo el 6 de marzo de 2017 que existen “sólidos indicios” que acreditabann que Arturo Fernández y otros empresarios “fueron adjudicatarios de determinados contratos públicos vinculados con la Asamblea de Madrid en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes”. Y, aunque no aludían a la propia Cifuentes, ésta defiendía su honorabilidad y desautorizaba el informe de la UCO, difundido por la prensa como si fuera una resolución judicial cuando, en el sumario, no constaba que se hubiese adoptado decisión alguna sobre el informe. El propio juez hacía llegar a la prensa que, por ahora, no tenía intención de investigarla. “Lo que ha explicado en rueda de prensa, sin preguntas, por cierto, y lo que ha explicado a través de redes sociales, que lo explique aquí, que es donde tiene que explicárselo a los madrileños –explicó Ignacio aguado,  portavoz de Ciudadanos en la Asamblea–. Que nos explique si conocía o no la financiación irregular de su partido, si recibió instrucciones de algún dirigente o ex dirigente del PP; en definitiva, que nos explique por qué aparece su nombre reflejado en un informe de la Guardia Civil, ratificado ayer mismo en un segundo informe”.  Por su parte, Enrique Ossorio, portavoz del PP, lamentaba que esta comisión de investigación actuase “a golpe de noticia y sin ninguna planificación”, ya que el funcionamiento habitual era estudiar el asunto, que se solicitase la información precisa, se analizase y pidiesen venir otros comparecientes, “no precisamente la cabeza de la Comunidad”.
Miembros del Gobierno  regional madrileño forman un pasillo y aplauden a la presidenta, Crisitna Fuentes.El PP puso la mano en el fuego por Cifuentes antes de su comparecencia en la Asamblea el 2 de junio. La presidenta del PP madrileño preparó sola su declaración, sin las injerencias de Génova. Estaba convencida de que el informe de la UCO jamás se traduciría en una imputación. El PP nacional destacó su apoyo “absoluto” a la presidenta y descartó que los informes de la UCO pudieran llegar a convertirse en una imputación formal de un tribunal. Cifuentes  se justificó alegando que no maniobró para dar prioridad al grupo Cantoblanco sino que, simplemente, se limitó a apoyar la propuesta hecha por los técnicos de la Cámara autonómica. La presidenta de la Comunidad de Madrid, quien llegó arropada de decenas de “amigos” y cargos públicos del PP, expresamente invitados para la ocasión, defendió, en un tenso debate, que no hubo ninguna irregularidad en la contratación que adjudicó a Arturo Fernández la cafetería de la Asamblea. Cristina Cifuentes compareció ante la comisión de investigación para explicar las presuntas irregularidades del contrato que adjudicó a Arturo Fernández la cafetería de dicha institución. Y fue cuestionada en una densa sesión en la que la oposición consiguió sacarla de sus casillas. La presidenta madrileña acusó a Ramón Espinar y a César Zafra, de Podemos y  Ciudadanos, de tener motivos electoralistas en su insistencia para que compareciera. Comparó su situación con la época de la Inquisición y criticó el “linchamiento” al que dijo estar sometida, con único fin, de “arañar votos” y de ligar a ella misma y a su Gobierno con la corrupción. “Siempre he actuado con honestidad e integridad”, se defendió una y otra vez. PSOE, Podemos y hasta sus socios de Ciudadanos le preguntaron una y otra vez sobre quién decidió que ella formara parte también del Comité de Expertos, sobre si conocía que hubiera algún cambio en los criterios de contratación, sobre los responsables de la elaboración de los pliegos, sobre la incompatibilidad de los cargos, y sobre las presuntas presiones para que Arturo Fernández saliera ganador. Ella insistió en que se fió de la palabra de los técnicos y que no cometió ninguna irregularidad. “Cometí el pecado de no valorar, di por bueno el criterio del técnico –confesó–. Escuché el criterio del técnico y le di mi visto bueno. No valoré, di por bueno lo que dijeron los técnicos, como siempre he hecho. Reconoció que era posible que se hubieran cometido errores. Y volvió a arremeter contra la UCO. “Está equivocada en muchas cosas”, sentenció. Insistió en que “el informe de la UCO tiene errores e incorrecciones”. Reconoció que era posible que se hubieran cometido errores que entrarían dentro del “ámbito contencioso-administrativo y no penal” en la elaboración de los pliegos. Y acusó a quienes “pretenden convertir esto en un paseíllo para hacerme un juicio paralelo. Algunos han querido convertirse en Torquemadas fallidos y han hecho conjeturas frente a hechos. Han querido manchar mi trayectoria con la corrupción, pero no lo han conseguido”.
Cifuentes se enfrenta, en un tenso debate, con las preguntas que le hacen.Cifuentes protagonizó varios momentos de tensión al enzarzarse, especialmente, con los portavoces de Podemos y Ciudadanos, Ramón Espinar y César Zafra, respectivamente, aunque también con la diputada socialista, Encarnación Moya. Dijo que “todo es un relato de ficción” Que “se usa la corrupción para perjudicarme”. Sostuvo que poder estar implicada en la adjudicación irregular de contratos en la cafetería de la Asamblea de Madrid era contar un cuento. “Todo es un relato de ficción que no tiene que ver con la realidad y en el que se quiere llegar a una conclusión: que la presidenta de la Comunidad de Madrid está relacionada con un asunto de corrupción. Para llegar a esa conclusión, se ha creado todo un relato paralelo”. Cifuentes mantuvo que se estaba usando “la corrupción para perjudicar políticamente a los adversarios”. Y se defendió: “Si algo ha quedado demostrado en estos 22 meses de gobierno que  tengo el honor de presidir es que he combatido la corrupción”. En un momento de su intervención, Cifuentes declaró: “Viva la Guardia Civil, que siempre he defendido”. Ramón Espinar, portavoz de Podemos, la acusó de defender a la Guardia Civil sólo cuando le convenía, porque cuando era la UCO quien pedía que se la investigase, todo cambiaba. Cifuentes le contestó: “A lo mejor fui elegida “porque comía todos los días en las Asamblea”. Al ser preguntada por los motivos que le dieron para elegirla a ella y no a otra persona, detalló que “no lo pregunté”. Por otra parte, respecto al informe de la UCO, la presidenta  expresó desde siempre su máximo respeto por la Guardia Civil y destacó que, para demostrarlo, traía puesta con mucho orgullo una insignia de la Guardia Civil. Ramón Espinar le recriminó que su Grupo pasaba de gritar “Viva la Guardia Civil, a decir ¡Cuidado! que viene la Guardia Civil”.

“Cuando Cristina Cifuentes se convirtió en presidenta de la Comunidad de Madrid –escribe Javier Nix Calderón en LQSomos, bajo el título ‘Cristina Cifuentes o el rock de la corrupción’–, pareció que olvidábamos quién era esa mujer de melena rubia, mirada astuta y apariencia moderna que nos pedía su voto, allá en mayo de 2015, desde los cárteles y marquesinas de Madrid. El PP realizó una extraordinaria campaña de marketing político para adecentar la imagen de una candidata que, unos años atrás, había escrito una de las páginas más negras de la historia de nuestra comunidad. El PP habló de regeneración en sus filas, de relevo generacional, de cambio de actitud, de nuevo proyecto político. Cristina Cifuentes se convirtió en pocos meses en la candidata del cambio en un partido instalado en el inmovilismo político, que ha hecho de la inacción su herramienta de gobierno. Nos vendieron la imagen de una mujer moderna, con ideas frescas, más mesurada y ecuánime, con predisposición al diálogo y al pacto. Una mujer fuerte, independiente, que circulaba en moto por Madrid, con tatuajes (hasta cinco, según ella confesó). Una mujer que sobrevivió a un grave accidente de tráfico cuando circulaba con su moto por el Paseo de la Castellana (sin ITV y por un carril prohibido). Una mujer que copó portadas de revistas de moda y tendencias, que hacía gala de un ‘espíritu rockero’, que llegó a definirse como ‘agnóstica, republicana y defensora del matrimonio homosexual’. Quizás Cristina Cifuentes representa mejor que ninguna otra la esquizofrenia de un PP capaz de sacrificar sus más rancios valores con tal de mantener el poder. O quizás es la introductora de ese nihilismo neoliberal que el PP ha comenzado a mostrar en los últimos años… Cristina Cifuentes era la Delegada del Gobierno en Madrid durante las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid durante el verano de 2012. Fue la responsable última de la brutal carga policial en la manifestación del 25-S. Yo estaba allí. Observé a los antidisturbios cargar y emplearse con más brutalidad de la que nunca había visto antes. Para quien no lo recuerde, los vídeos de aquel día se encuentran en YouTube. Antes de comenzar la carga, un grupo de encapuchados se situó ante los antidisturbios y comenzaron a golpearlos con unos sospechosos banderines rojos. Según se supo después, era la señal para el comienzo de la carga. Se dijo, y creó en esta teoría, que eran infiltrados de la policía cuya labor era reventar la concentración para provocar la carga de la UIP (Unidad de Intervención Policial). Quien haya acudido a una manifestación, sabrá que las banderas rojas de plástico barato no suelen abundar, y que son otros los símbolos que los grupos llamados antisistema utilizan. Tras esto se desató el caos. Los antidisturbios, enfurecidos, cargaron por todo el Paseo del Prado. Aquella noche nos dejó imágenes memorables, como la del camarero que se situó ante la puerta de su negocio extendiendo los brazos, impidiendo que los policías entraran en su local. En su frenesí, los antidisturbios llegaron hasta la estación de Atocha, entrando hasta los andenes y golpeando a todos los que encontraron a su paso: viajeros, personas en silla de ruedas, simples paseantes. Llegaron a intimidar a periodistas, exigiéndoles que entregaran los rollos de película e incluso destruyeron partes de las cámaras fotográficas”.

        Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, en una imagen de archivo.“Tras conocerse los informes de la Guardia Civil que implican a Cristina Cifuentes en una presunta prevaricación por la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid a Arturo Fernández, donante pero sobre todo tomante del PP, y, por tanto, en la financiación ilegal del partido, la presidenta regional defendió su inocencia, sugirió que era víctima del fuego amigo por su intransigencia con la corrupción y sentenció que estaba muy mayor para creer en casualidades”. Así comienza el artículo ‘Cifuentes y las casualidades’, firmado por Juan Carlos Escudier y emitido en Publico el 18 de mayo.  “Con su negación del azar –que Paul Auster le perdone–, Cifuentes ha empezado a caminar en un terreno muy resbaladizo donde es fácil que se estampe ella y su vestido blanco. Sostener que las casualidades no existen sino que son causas ignoradas de un efecto desconocido es un peligroso argumento para quien defiende también que en 26 años de carrera política vinculada al PP de Madrid jamás fue consciente de lo que se cocinaba en aquel cocedero de enjuagues y de marisco. Sería demasiada casualidad o supina ignorancia. Aceptemos que no puede ser casual que el mismo día en el que se levanta el secreto sumarial sobre los 19 tomos del ‘caso Lezo’ lo primero en ser revelado sean los informes de la UCO que inculpan a Cifuentes, paladín hasta ese momento de la lucha contra la corrupción de sus excompañeros de filas. Y que, en la medida en que ni el juez ni la Fiscalía Anticorrupción hayan actuado contra ella, cabe suponer que hay quien intenta cobrarse venganza sin dar tiempo al plato para que se enfríe. Siguiendo esa lógica, no parece una casualidad que un empresario que dona una importante cantidad a Fundescam –la caja desde la que se pagaban ilegalmente los gastos electorales del partido y entidad de la que Cifuentes era patrona además de integrante del comité de campaña del PP– se adjudique luego los contratos de restauración de la Asamblea de Madrid, en un concurso en el que Cifuentes presidió a un tiempo la comisión de expertos que hizo las valoraciones y la mesa de contratación, una incompatibilidad manifiesta de la que debió haber alertado e informado la secretaria general de la Asamblea. Súmese a ello las irregularidades detectadas en el concurso, desde el reparto arbitrario de puntos a la exclusión indebida de algunas empresas, para obtener la misma conclusión que la Guardia Civil: el contrato estaba amañado y la adjudicación decidida de antemano”.

Gumersindo Lafuente  escribe en Eldiario.es sobre ‘La gran mentira de Cristina Cifuentes’: “La vida política de Cristina Cifuentes es larga, muy larga. Han sido muchos años de trabajo y responsabilidades. De servicios a los ciudadanos y a su partido. De ir de lista o hacerse la rubia, según convenía en cada momento. Puede que al principio ni siquiera sus propios compañeros la tomasen en serio, como se afirma en  algún perfil que hemos podido leer hace unas semanas. Pero su cabeza, sin duda, albergó siempre una ambición, un afán por llegar a lo más alto… En sus seis legislaturas como parlamentaria, desempeñó más de una decena de cargos, entre ellos, los de vicepresidenta primera, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular y portavoz de comisiones como Presidencia, Justicia e Interior; Educación, Vigilancia de las Contrataciones, Cultura y Control del Ente Público Radio Televisión Madrid. Además de estar en el partido y en Fundescam y en el Canal y en Caja Madrid. Como ven anduvo presente en todos los escenarios del crimen, en todos aquellos lugares en los que el PP madrileño, si nos fiamos de la Policía, la Guardia Civil, los jueces y los fiscales, iba vendiendo favores a cambio de millones de euros. Uno para el partido, dos para mí, otro para el partido, tres para mí... Con González en la cárcel y Aguirre en capilla, Cifuentes debió pensar que el momento de dar el último salto estaba cerca. Ya se prodigaba en los medios y aparecía en las quinielas para ‘heredar’ a Rajoy, pero aceleró su presencia. Y en esto llegó  el informe de la UCO para desbaratarlo todo… Y es que, después de tantos años haciéndose ‘la rubia’, no debe extrañarle que ahora ya no nos creamos nada. Por eso la gran pregunta hoy es: ¿qué es verdad y qué es mentira en Cristina Cifuentes?
      Jaime González Taboada toma posesión de su cargo ante Cristina Cifuentes.“Las grabaciones en el despacho de Ignacio González –publicó el pasado miércoles ElPlural.com, bajo el nombre M. P.– siguen dando sus frutos. El expresidente de la Comunidad de Madrid, ahora en prisión, hablaba en su despacho sin ambages, y echando por tierra, a sus antiguos compañeros, como Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre, María Dolores de Cospedal y su esposo o Alberto Ruiz-Gallardón. Pero esta vez le ha tocado a Cristina Cifuentes, su principal rival y sucesora quien presume de haber iniciado la investigación que ha dado con el expresidente en prisión. Y, de paso, a su número tres y hombre de confianza, Jaime González Taboada, el actual consejero de Medio Ambiente y coordinador general autonómico en el PP regional. ‘Cristina, ¿por qué tira de éste ahí y tal?’, le pregunta González a su hermano Pablo, en una conversación interceptada por UCO, grabada en el despacho del expresidente el 24 de noviembre y difundida por El Español. ‘Éste’ es Jaime González Taboada. ‘Pues porque se llevaba bastante bien en otras cosas, porque, como ella se encargaba de la coordinación en la campaña electoral de los pueblos y quien daba dinero a los pueblos, era éste. Yo creo que ahí hicieron sus chanchullos, señala González. Los supuestos ‘chanchullos’ a los que hacen referencia se remontan a cuando Cifuentes era secretaria ejecutiva de política territorial del PP en la Comunidad de Madrid (2004 a 2008) y González Taboada era director general de cooperación con la Administración Local de la Comunidad de Madrid (de 2003 a 2015). González tampoco se fiaba de las cualidades de Taboada para asumir una consejería. El nombre de González Taboada es recurrente en las investigaciones que pesan sobre la Comunidad de Madrid, sobre todo, desde que el socio de Francisco Granados, David Marjaliza, le acusara ante el juez de liderar el ‘reparto’ de las obras públicas de la empresa madrileña Arpegio en el Plan Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (Prisma). Este proyecto, dotado con cientos de millones para la realización de infraestructuras en municipios madrileños, era planificado por Taboada”.

Ignacio Escolar describe en varios apartados los pasos dados en este caso:
- La UCO acusa a la presidenta de Madrid de dos delitos muy graves: prevaricación continuada y cohecho. No hay todavía una imputación en firme, y aún no es seguro que eso vaya a suceder. Cristina Cifuentes es aforada, solo la puede imputar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y antes lo debería pedir la Audiencia Nacional. Pero el informe de la UCO sí aporta datos muy graves contra Cifuentes y la implica en la financiación ilegal del PP: una maquinaria electoral que  hizo trampas en todas las campañas que ganó y que, según la Guardia Civil, atentó contra “el pluralismo político”.
- Cristina Cifuentes formó parte del patronato de Fundescam, la fundación opaca del PP de Madrid que durante años ejerció como base de operaciones de la financiación ilegal del partido. A través de Fundescam, el PP recaudaba dinero de empresarios amigos: unos donativos ilegales, porque los donantes contrataban con la administración y no podían aportar fondos al partido. Después el PP empleaba ese dinero en sus campañas electorales, manipulando las facturas para esconder su verdadero destino y ocultando esos gastos ante el Tribunal de Cuentas. En varias de las elecciones, gracias a estas trampas, la candidatura de Esperanza Aguirre gastó más del doble del dinero que declaró.
- Cristina Cifuentes también fue vicepresidenta de la Asamblea de Madrid en los años en los que uno de los donantes de esta fundación se llevó varios contratos públicos del parlamento madrileño.
- Hay serios indicios de que aquella adjudicación a Arturo Fernández “estaba decidida de antemano”, asegura la Guardia Civil, que implica a Cifuentes en esa presunta prevaricación para favorecer al donante de Fundescam. La UCO, en tres informes distintos, detalla hasta seis irregularidades en ese concurso en el que participó directamente la hoy presidenta de la Comunidad de Madrid: los criterios de valoración fueron “contrarios a derecho”, hubo “arbitrariedad” en el reparto de puntos, se “excluyó” a otras empresas indebidamente... Además, Cristina Cifuentes estuvo al mismo tiempo en dos sitios incompatibles entre sí. Según la Guardia Civil, compaginar estos dos puestos es “contrario a la legalidad” y “vulnera la imparcialidad” del concurso.
“Que no os engañen. Todo el mundo sabe de mi respeto y cariño por la Guardia Civil y la Policía” (Cifuentes)- A pesar de estos informes de la Guardia Civil, que recogen también las declaraciones del resto de las personas no aforadas que participaron en esa adjudicación, el juez Eloy Velasco, que lleva el caso Púnica, descarta pedir al Tribunal Superior de Madrid la imputación de Cristina Cifuentes. La opinión de Velasco es relevante, pero no salva del todo a la presidenta de Madrid porque el juez dejará el central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en cuestión de semanas.
- Eloy Velasco no se va “a tomar por culo a Onteniente”, como quería Ignacio González. Pero, casi con seguridad –así lo cree el propio juez–, Velasco se irá del juzgado que lleva Púnica y Lezo por un puente de plata: un ascenso y mejor sueldo a la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Elisa Beni explica muy bien qué es esta nueva sala de apelaciones para gobernarlos a todos y por qué tenemos que temernos lo peor.
- Las fiscales del caso Púnica son Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez. Las dos han tenido ya serios enfrentamientos con sus superiores cuando han intentado actuar contra un dirigente importante del PP. Fueron ellas quienes pidieron imputar en la Púnica al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez; sus jefes no les dejaron y ellas se negaron a firmar. Y García Cerdá también está en el caso Lezo: es una de los dos fiscales a los que Manuel Moix intentó parar algunos de los registros de esta operación que afectaba a la gestión del Canal de Isabel II en los años de Alberto Ruiz-Gallardón.
- La presidenta que ha hecho bandera de la lucha contra la corrupción no puede despejar este asunto acusando a la Guardia Civil de participar en una operación política en su contra. La máxima exigencia obliga siempre a la máxima ejemplaridad.Iniciamos esta sesión de fotomontajes con una instantánea de Manuel Moix, el Fiscal Anticorrupción que el pasado jueves dimitía:
TREMENDING TOPIC | “Manuel Moix dimite. Suena Bertín Osborne”.
 —Ha dimitido el fiscal jefe anticorrupción Moix—¿Dimitir? ¿Que es dimitir?—Ni idea—Márcalo como spam.                                                                   
No lo sabía...No me consta...Esas cosas las llevaban mis hermanos…(protestona1)

 — Mariano, hay que buscarle un curro a Manuel Moix— El tipo se maneja bien en los paraísos fiscales, igual lo coloco en el Banco Mundial     (Fairlane4)

El Presidente de España, que hasta ahora había vivido en el interior de los televisores del país, ha sido citado por la Audiencia Nacional como testigo del llamado caso Gürtel.

Según El Jueves, el Presidente del Gobierno ha sido forzado a abandonar su anterior forma de vida en estado de plasma y rematerializarse en carne.

Muchas familias de derechas han vivido la imagen pesadillesca de Rajoy, abandonando la tele como si recibieran el primer rayo de Sol después del invierno, con un estallido de júbilo.




El humor en la prensa de esta semana: El roto, Forges, Peridis, Vergara, Manel F., J. R. Mora, Pat, Atxe, Dani Gove…





















Pep Roig, desde Mallorca: No va más, Fiscalía antichismes, Bajo control, En otras palabras, Fugaz, En las cloacas, A la orden de la superioridad...







Y es que todo es cuestión de huevazos, los de Trump, los de Mariano, los del fiscal anti-corrupción con cuenta en Panamá...
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