Son cínicos al querer confundir su afánindependentista con la verdad histórica, como si Cataluña hubiera sido alguna vez un reino independiente de España que fuera conquistado, colonizado y sometido por Castilla en los arcaicos tiempos fundacionales de España como nación. Así elaboran la gran mentira de que se vale el nacionalismo soberanista catalán para promover la secesión de España y constituirse en república independiente, incluso en caso de que tal pretensión no sea avalada por la mayoría matemática de los ciudadanos catalanes. Gracias a este ardid pseudohistórico, el cinismo independentista construye un enemigo (que prohíbe su identidad, que rechaza su lengua, que inhibe su talento, que les roba) contra el que enfrentarse y que justifica la rebelión. Ello permite, también, identificar la veleidad de algunos, por muchos que sean, con una supuesta realidad nacional, se equiparan con el pueblo al que dicen representar sin que nadie se lo pida, de tal manera que, o bien estás con ellos, o bien no eres un buen y auténtico catalán. Ellos son el pueblo catalán, los demás, todos los que discrepen, son traidores españolistas. Es cinismo elevado a la máxima expresión.
Pervierten la legalidad al convocar un referéndum ilegal del que son conscientes que no podrán realizar sin cometer delitos punibles por la justicia y actuando desde la deslealtad institucional, la arbitrariedad jurídica y con claro desprecio del Estado de Derecho. Lo hacen cínicamente con la excusa de satisfacer un supuesto “derecho a decidir” (¿no deciden cuando votan en elecciones legales?), pero para decidir sólo lo que a ellos interesa y con el resultado asegurado previamente gracias a esas condiciones laxas de participación (eximen de un resultado cualificado y de una participación también incontestable) y al control absoluto de su organización (depuración del Govern de los consellers poco dados a quebrantar la legalidad, nombramiento de radicales independentistas al frente de la Policía autónoma, constante movilización ciudadana por organizaciones soberanistas que chantajean al Ejecutivo catalán, incluida la burda manipulación de cualquier tipo de manifestación ciudadana, como la celebrada en contra del terrorismo, etc.). Es tal la influencia de tales organizaciones radicales en la Generalitat (CUP, Asamblea Nacional, etc.), que el gobierno catalán actúa al dictado de ellas si pretende seguir gobernando. Ejemplo palmario de tal influencia es Carmen Forcadell, activista de Omnium Culturaly de la Asamblea Nacional Catalana, organizaciones que reclaman la independencia de Cataluña, que con su actitud consiguió ser designada presidenta del Parlamento catalán, no por sus méritos jurídicos y de servicio público, sino por la fuerza intimidatoria de sus movilizaciones. Ahora es ella la responsable de controlar la labor del Parlamento en favor de las iniciativas de sus afines independentistas. Y si para ello hay que subvertir la legislación vigente y no acatar las resoluciones del Tribunal Constitucional, ella está dispuesta a consentirlo desde su tribuna parlamentaria, la misma desde la que niega la labor de discusión de las leyes y el control al gobierno de la oposición. Si eso no es cinismo, habrá que redefinir el concepto.
Pero lo más peligroso de este envite cínico no es que una independencia de Cataluña sumiera en el aislamiento y la irrelevancia a la nueva república por causa del rechazo de la Unión Europea y del Derecho Internacional a reconocerla, en el improbable caso de que triunfara la consulta por mayoría indiscutible, sino el riesgo de enfrentamiento armado que podría derivarse entre Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que actuarían dependiendo de los poderes públicos en defensa de la legalidad constitucional, por un lado, y del “autogolpe” catalán, por el otro. Es un peligro cada vez más evidente conforme se acerca la fecha prevista del referéndum, aunque casi nadie lo aluda ni lo comente. Sin embargo, podría producirse un escenario de enfrentamiento violento entre los Mossos d´Esquadra y la Guardia Civil o el Ejército, cada cual obedeciendo órdenes en defensa de diversas legalidades, la existente y la que quiere imponer la Generalitat en sustitución de la constitucional vigente. Unos querrían asegurar la viabilidad del proceso electoral, otros impedirlo por ser ilegal. Afectados por una mutua desconfianza y directrices opuestas, no sería descabellado pensar que la tensión hiciera que se perdieran los nervios en algún momento. También, incluso, que unidades del Ejército tomaran el control de centros y organismos relevantes de una Comunidad a la que se le suspenden sus competencias por parte del Gobierno ante el claro incumplimiento constitucional y legal y su actuación contraria al interés general de España, según contempla la aplicación del Artículo 155 de la C.E. Noes, pues, un escenario improbable, sino factible y al que parece conducir la actual dinámica de los acontecimientos. Provocarlo y desearlo es, en realidad, una actitud cínica irresponsable, por cuanto se pueden producir víctimas inocentes que enconarían todavía más el enfrentamiento, la división social y el odio en una región hasta la fecha pacífica y tolerante con las ideas, las culturas, los idiomas, las razas y los credos. Perseguir deliberadamente la ruptura de esa tradición y la buena convivencia que hasta ahora imperaban en Cataluña es un acto de cinismo supremo por parte de dirigentes independentistas catalanes, contrarios a cualquier solución que no sea la previamente diseñada en sus mentes cínicas.