Revista Opinión

Ciudadanos de ascendencia haitiana en la República Dominicana, donde la nacionalidad es una quimera

Publicado el 04 mayo 2015 por Juan Juan Pérez Ventura @ElOrdenMundial

“La Española” es una histórica isla en la que dos países muy diferentes comparten un mismo territorio. Ante este escenario, a priori idílico, se han observado con el paso de los años disparidades en cuanto a índices de desarrollo, percibiéndose a día de hoy dos mundos sustancialmente diferentes.

Mapa de

Mapa de “La Española”

Para hacernos una idea sobre el escenario, Haití tiene unos índices de mortalidad infantil casi tres veces mayores que su vecino, por no hablar de las bajas tasas de alfabetización que presenta la comunidad haitiana.

El presente artículo surge debido a la necesidad de poner en evidencia el proceso de desnacionalización judicial de la comunidad dominicana de ascendencia haitiana, fenómeno que se está llevando a cabo actualmente y que podría culminar con una deportación masiva bajo mandato Dominicano el 15 de junio.

El contexto en el que se encuentra inmerso buena parte de la comunidad dominicana de ascendencia haitiana al este de la isla, poco o nada tiene que ver con las imágenes mentales que aparecen en nuestra cabeza al pensar en la zona del Caribe. La información con la que cuenta Europa se circunscribe al turismo de pulsera-playa, y si cabe a algún que otro desastre natural.

Pero, ¿Quién sabe lo que está ocurriendo estos meses con gran parte de esta comunidad asentada en territorio Dominicano?, para entender esta problemática debemos mirar en retrospectiva las dinámicas internas que han caracterizado el rumbo de esta isla dividida, no solamente en términos fronterizos como veremos más adelante.

Herencia colonial distinta, una mirada al pasado

Resulta llamativo que dos vecinos insulares se hayan desarrollado de una manera tan diferente. Las respuestas las encontramos en los procesos coloniales que ha sufrido el territorio que como en buena parte de Latinoamérica ha condicionado el porvenir de sus pueblos.

Durante mucho tiempo, toda la isla, “La Española”, estuvo sometida bajo dependencias del Imperio Español, hasta 1697, fecha en la cual se culminan las negociaciones y se firma el Tratado de Ryswick, en el que España cede el oeste de dicha isla a Francia y se constituye el “Saint Domingue” francés. Este hecho es el origen de la separación actual de la isla, compartiéndose en un mismo territorio la lengua francesa, que abarca la parte occidental y la lengua española que cubre la restante parte oriental de la isla.

La ocupación francesa no fue en vano, rápidamente “Saint Domingue” fue eclipsando al territorio oriental, tanto en aprovechamiento de los recursos como en población se convirtió en la colonia más rica y próspera de las Indias Occidentales. En su momento contó con el puerto más importante de la región para los bienes y productos que después engordarían las arcas Europeas, las inversiones se forjaban en la isla caribeña y numerosos ciudadanos franceses decidieron instalarse allí, todo ello le propicio el apodo de la “Perla de las Antillas”.

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Resulta indudablemente paradójico, pero por aquel entonces el territorio insular occidental ocupaba una importante posición geoestratégica, proveía a Francia un cuarto de su fortuna y era la mayor azucarera del mundo, a fin de cuentas tenía poder, riqueza y esclavos. Aquel saqueo se convierte en la base del movimiento anticolonial que se iba fraguando, al ver como sus tierras estaban siendo sobreexplotadas, revirtiéndose de ese modo la riqueza en recursos de la zona.

A finales del siglo XVIII, bajo estímulo de los ideales de la Revolución Francesa se inician las primeras revueltas contra la metrópoli francesa, que culminarían en 1804, cuando Haití se convierte en la segunda colonia independiente y precursora del triunfante movimiento antiesclavista. Ese momento supuso un punto de inflexión en la historia del país, Francia le impuso una deuda no terminó de pagarse hasta mediados del siglo pasado, cuando Haití ya era por entonces uno de los países más pobres del hemisferio occidental.

A pesar de que un gobierno independiente se había creado en Haití, la sociedad del país continúo condicionada por los patrones establecidos bajo mandato francés. Los latifundios habían sido entregados entre la población, pero muy pocos podían vivir de ella, este proceso resultó en el surgimiento de un campesinado amplio y enmarcó una clase de terratenientes que junto con los comerciantes se convirtieron en la clase dominante post descolonización.

A todo ello hay que sumarle el carácter profundamente heterogéneo de la población. Los esclavos, que conformaban más de un centenar de grupos étnicos diferentes y que poco o nada tenían que ver unos con otros. La comunidad haitiana fue sucesivamente presa de gobiernos débiles y autoritarios, golpes de estado que no hicieron sino aumentar la pobreza de una economía saqueada y profundamente determinada por el bloqueo sufrido durante gran parte del siglo XIX, bajo el yugo francés y británico que no deseaban que la revolución esclavista sirviera de ejemplo a sus colonias.

Diáspora haitiana, esclavos de la caña

Dentro del análisis del fenómeno migratorio transfronterizo de la isla podemos encontrar algunas claves que nos servirán como base para comprender las motivaciones que han propiciado dicho flujo.

En este sentido observamos dos pautas de flujo migratorio; por un lado las motivaciones derivadas de la bonanza de la industria del azúcar, que ha caracterizado la estructura productiva del estado dominicano y las relaciones de vida en el país y por otra parte, la nueva realidad migratoria caracterizada por un cambio en los patrones, al haberse diversificado la funcionalidad económica de los migrantes y el asentamiento en zonas urbanas, donde destacan las actividades secundarias y terciarias que difieren de la preponderancia agrícola de la etapa anterior.

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Un factor decisivo que actuó como elemento de atracción durante los primeros años del siglo pasado fue la proliferación de la industria azucarera, elemento indispensable para comprender la situación de exclusión social actual de la comunidad dominicana de ascendencia haitiana en los bateyes.

Durante la década de los años veinte se incremento el flujo migratorio de forma exponencial, las comunidades haitianas comenzaron a asentarse en las zonas rurales del interior, alrededor de la industria azucarera.

Es necesario apuntar que este proceso estuvo condicionado por las decisiones arbitrarias del dictador dominicano Rafael Trujillo, éste celebró un convenio con los dictadores haitianos para la compra masiva de trabajadores de la caña de azúcar, todo ello de forma indocumentada y sin ningún tipo de contrato laboral previo al cruce.

A partir de ese momento la comunidad haitiana se ha ido asentando en los enclaves más vulnerables, donde proliferaba la mano de obra barata y la sobreexplotación. Como consecuencia, la aglomeración provocaba unas condiciones de salubridad pésimas. Por lo tanto, estamos hablando de una emigración forzada, profundamente condicionada por la ocupación militar estadounidense, tanto en Haití como en la República Dominicana y el posterior enorme proceso de recepción de inversiones dedicadas al comercio del azúcar procedente de Norteamérica.

Muchas de las generaciones que se han ido asentando década tras década en las comunidades rurales durante aquella época son el fruto de un proceso de reclutamiento que se localizaba en la frontera para dar respuesta a la lógica expansiva de la industria dedicada al corte y tiro de la caña. Estas comunidades fueron recolocadas deliberadamente sin ningún tipo de protección legal, constituyendo una importante fuerza productiva para el país, así es que la industria se convirtió en la principal fuente de ingresos de divisas a la República Dominicana.

Este patrón migratorio fue cambiando a finales de los años setenta cuando la actividad entra en crisis. Los trabajadores asentados en los bateyes tuvieron que diversificar su actividad económica y se empieza a observar una mudanza en los trabajos desempeñados por la población dominico-haitiana hacia sectores de tipo secundario y terciario. Paralelamente, la República Dominicana comenzó a experimentar un proceso de modernización en el que destacaron los servicios y construcciones.

A partir de ese momento la realidad también transformo el carácter etimológico de lo que significaban los bateyes, ya no estaban íntimamente relacionados a la industria del azúcar y los sucesivos asentamientos se posicionaron en zonas urbanas y semirurales, convirtiéndose en una red de relaciones sociales, políticas y económicas, desgraciadamente sin prescindir de la marginación como rasgo distintivo.

Migración como herramienta de sugestión en el imaginario colectivo, la demonización de la comunidad haitiana

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En las últimas décadas se ha experimentado un considerable aumento en la migración incentivado por la construcción, la agroindustria y el comercio informal. Todo ello sumado a la amplia comunidad haitiana que generación tras generación se había asentado en los bateyes. Ambos presentan como denominador común la pobreza y el riego de exclusión, en especial el de mujeres y niños.

Bajo el análisis se observa un punto en el que confluyen los actuales problemas insulares y que tienen como principal telón de fondo esas dinámicas económicas de larga duración, estrechamente vinculadas a un trasfondo político.

El proceso de modernización en la República Dominicana aconteció de forma paralela a la irrupción de las incipientes estructuras democráticas que ayudaron a visibilizar el fenómeno de la inmigración haitiana y la emplearon como objetivo de la política de los partidos. Sin embargo esta comunidad, ya vulnerable de por sí, fue utilizada como instrumento político consolidándose paulatinamente un antihaitianismo de Estado.
Este racismo ya arraigado a la historia insular, sobre todo entre la clase dirigente dominicana, se fue convirtiendo en una campaña sistemática contra los trabajadores haitianos y la comunidad con ascendencia al oeste de la isla.

Al oeste de la isla, la muerte y agonía del dictador François Duvalier desencadenó en una escambrosa apertura democrática que paradójicamente propició el ascenso al poder de su hijo Jean-Claude Duvalier, apodado «Baby Doc». El ascenso al poder de este último en 1986 inició una crisis que se alarga hasta nuestros días, poniendo en evidencia a la arraigada oligarquía haitiana en sus pretensiones de frenar el cambio democrático. El balance durante estos últimos años es desalentador y ha puesto de manifiesto el carácter inestable de un Estado ya resquebrajado por los sucesivos golpes militares, invasiones extranjeras y el ascenso al poder de outsiders que poca o ninguna conexión tienen con la sociedad civil haitiana.

Ante este escenario se han ido desencadenando diversos sucesos cargados de xenofobia y antihaitianismo, significativo fue el trágico suceso de “Hatillo Palma” que supuso un punto de inflexión en las relaciones entre ambas sociedades, desatando una crisis insular. Progresivamente se ha ido produciendo una escalada de xenofobia y sentimientos ultranacionalistas a escala insular, donde se puede apreciar como ese antihaitianismo arraigado históricamente en la población y instrumentalizado por buena parte de los partidos conservadores se ha traducido en acciones que van contra los derechos humanos y ponen entre la espada y la pared a la comunidad dominicana de ascendencia haitiana.

Esta campaña ha alcanzado su clímax bajo el gobierno actual, cuestionándose el principio de la Constitución de 1936, según la cual una persona puede adquirir la nacionalidad dominicana por haber nacido en el país.

Orfandad normativa de la comunidad dominicana de ascendencia haitiana, la desnacionalización judicial

A lo que hoy en día se enfrenta esta comunidad podría culminar con una deportación masiva sin precedentes el 15 de junio, orquestada por el gobierno del que hoy por hoy es su país.

Bajo directriz de una reciente sentencia (“La Sentencia 168-13, emitida por el Tribunal Constitucional (TC) el 23 de septiembre de 2013”), todas las personas nacidas de madres y padres extranjeros quedarían bajo una misma categoría, negándosele de este modo el derecho a la nacionalidad dominicana. Todo ello a pesar de que en su momento la población contó con el amparo de la Constitución y leyes vigentes, al dar por válidos los registros de nacimiento en la oficialía civil. Este mandato legislativo debe entenderse como un producto directo del proceso de pérdida de poder ciudadano y exclusión social que intenta asumir por la vía autoritaria los problemas que genera la masiva inmigración haitiana.

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Lo que está realizando el gobierno dominicano es utilizar la ascendencia de generaciones y generaciones como pretexto para revocar su derecho a la nacionalidad dominicana. todo hombre, mujer, niño y niña de origen haitiano que no haya conseguido regularizar sus documentos antes del 15 de junio, aunque haya nacido en República Dominicana, aunque lleve más de 30 años viviendo y trabajando en este país, será deportado por el Ejército de la República Dominicana. Muchas de estas personas no han pisado nunca suelo haitiano, no saben el idioma ni tienen familia allí.

Mientras tanto el Gobierno dominicano repite continuamente la farsa de que todos los descendientes de haitianos que viven en la República Dominicana pueden adquirir la nacionalidad haitiana, cuando la realidad es que según la Ley de Nacionalidad de 1984 haitianas, las personas de origen haitiano nacidos fuera del país no pueden acceder automáticamente a esta nacionalidad. Por lo tanto, estamos hablando de una comunidad profundamente vulnerable, a la que el gobierno dominicano le ha robado su condición de ciudadanos/as y los ha convertido en apátridas. Las familias quedan así desprovistas de protección legal y social, careciendo de identidad y dificultando el registro de nacimiento de sus hijos e hijas, por no hablar de la imposibilidad de encontrar empleo bajo los cauces legales, viajar libremente o votar.

ARTÍCULO RELACIONADO: La apatridia, pérdida de ciudadanía (Raquel Jorge Ricart, Enero 2015)

Bajo estos mandatos maquillados de “regularización”, lo que está llevando a cabo el gobierno dominicano es la desnacionalización judicial de un conjunto poblacional que supone una fuerza productiva enorme para el país y que desempeñan en su mayoría los trabajos más precarios, como el ejemplo de los bateyes, arriba mencionado.

La ya conocida sentencia ha suscitado el rechazo unánime por parte de los principales organismos defensores de los derechos humanos y es que la decisión del TC no tiene precedentes, el número de afectados ante este mandato oscila entre 250.000 y 200.000 personas. Por otro lado, el mandato legislativo tal y como está redactado podría enviar la señal a otros Estados de que las desnacionalizaciones arbitrarias son aceptables en tanto que estén respaldadas por una decisión judicial.

NOTA DEL AUTOR: Me veo obligado a subrayar que la interiorización de esta problemática no podría haber ocurrido sin la presencia en la capital gallega de Cristiana Francisca, presidenta del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA). El encuentro que tuvo lugar en Santiago de Compostela, constituyó sin duda un alegato a la toma de conciencia, a pesar de los miles y miles de kilómetros que separan a ambas sociedades.


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