Indignación, impotencia, rabia, dolor…, miedo. Cuando veáis ‘Ciutat morta’ (Ciudad muerta) lo entenderéis. Si ya habéis visto el documental valiente de Xapo Ortega y Xavier Artigas, periodismo comprometido, del que toma partido por la justicia (la real, no la institucional) sin ambigüedades, imagino que, como me pasa a mí, no habéis podido dejar de darle vueltas desde entonces.
Es muy inquietante llegar a la conclusión de que lo que hicieron con los chicos del llamado caso ‘4F’ podría pasarle a cualquiera. Puedo llegar a entender que la policía se equivoque al detener a los presuntos culpables de un incidente tan lamentable como la agresión que sufrió aquel 4 de febrero de 2006 un agente de la guardia urbana de Barcelona, que lo dejó al borde de la muerte por un terrible impacto en la cabeza.
Quienes creen de veras que vivimos en un estado de derecho, una democracia moderna y avanzada, donde las garantías procesales y la presunción de inocencia son derechos sagrados, confiarían en que esas personas recibirían un trato humano y que en cuanto resultara evidente que no tenían nada que ver con el incidente serían puestas en libertad.
Pues no. En España no ocurre tal cosa. Y lo verdaderamente inquietante es que lo relatado por ‘Ciutat morta’ no es excepción. En esta ocasión nos hemos enterado porque la película se emitió el sábado en el Canal 33, el segundo canal autonómico catalán, batiendo todos los récords de audiencia de la cadena. Las redes sociales ardían (y siguen haciéndolo) de indignación, y varios partidos políticos ya han pedido la reapertura del caso.
Lo inquietante del caso ‘4F’ es tomar conciencia de que las instituciones, que deberían garantizar nuestros derechos ciudadanos, pueden confabular en cualquier momento para destrozar la vida de personas inocentes con no se sabe bien qué objetivo.
Lo inquietante de lo que relata ‘Ciutat morta’ es llegar a sentir miedo de la policía, y cuando alguien que no tiene nada que ocultar, que no ha cometido un delito (ni piensa hacerlo) en la vida, siente miedo de la policía y pierde toda esperanza en que los órganos judiciales castiguen las injusticias, la conclusión es más que inquietante: nuestra democracia modélica se tambalea.
A las víctimas del caso ‘4F’ las torturaron en comisaría, causándoles terribles heridas físicas y psicológicas; las procesaron en un juicio-pantomima donde la jueza instructora, Carmen García Martínez, ya tenía decidida la sentencia de antemano, pese a no contar con más prueba que la declaración de dos agentes de la guardia urbana que posteriormente serían condenados por torturar a un ciudadano de Trinidad y Tobago en septiembre de 2006. Esos agentes ya disfrutan de una jubilación dorada a la edad de 33 y 38 años.
Lo inquietante del caso ‘4F’ es que dos de las personas condenadas fueron detenidas en el hospital del Mar, a donde habían ido para curarse las heridas causadas por un accidente de bicicleta, simplemente por vestir y llevar un peinado diferente a lo que se considera “normal”. Una de ellas, Patricia Heras, acabó suicidándose en 2011, estando cumpliendo condena en régimen de tercer grado. Este lamentable suceso fue el germen de ‘Ciutat morta’, lo que ha hecho posible que hoy esté escribiendo este artículo.
Todo el mundo se lleva ahora las manos a la cabeza, políticos incluidos. Aún no hemos podido escuchar lo que tienen que decir los que entonces gobernaban en el Ayuntamiento de Barcelona, como el ex alcalde Joan Clos, que el día siguiente de los hechos aseguraba que el policía herido había recibido el impacto de una maceta lanzada desde el local (un teatro abandonado, propiedad municipal) donde se desarrollaba una fiesta ilegal, como ocurría cada fin de semana. La juez rechazó la comparecencia del alcalde ni investigar de dónde había obtenido esa información. La versión final, la que condenó sin pruebas a personas inocentes, fue que habían apedreado al agente desde la calle.
¿No es inquietante? ¿Este es el sistema ejemplar que hay que defender?
He escuchado y leído a otros políticos defender sin atisbo de duda la labor de la guardia urbana, supongo que con la intención de desacreditar la versión de los hechos que explica ‘Ciutat morta’. Imagino que no han visto la película, ni la verán. Para ellos que personas inocentes sean torturadas es inadmisible (no el hecho en sí, sino aceptar la posibilidad de que suceda), inimaginable. Esos políticos jamás reconocerán que cosas así pasen en Barcelona ni en ningún otro sitio del Estado, aunque sepan que, efectivamente, ocurren. En su fuero interno se dicen que son los molestos daños colaterales necesarios para que el sistema funcione como debe funcionar.
Yo no creo que todos los policías sean torturadores corruptos. Quiero creer (de veras lo quiero) que se trata de excepciones. Pero si efectivamente es así no entiendo el corporativismo. Me inquieta que un sindicato de policías calificara el sábado por la noche de “fantasía” el documental sobre el caso ‘4F’. Me hace sospechar que no se trata sólo de corporativismo, y la conclusión consiguiente es mucho peor que inquietante.
Ved el documental y llegad a vuestras propias conclusiones.