Las autoridades israelíes cerraron hoy una oficina cartográfica palestina en Jerusalén que representaba a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y vigilaba toda la actividad comercial inmobiliaria que se realizaba en la parte este ocupada.
Bajo la ley del apartheid palestino está prohibida la venta de tierras a judíos israelíes y quien lo hace puede ser castigado con pena de cárcel, incluso con la pena de muerte.
La institución clausurada se encargaba de seguir las transacciones inmobiliarias y las posibles ventas de tierras de palestinos a judíos, información que trasladaba a los organismos de seguridad en Ramala para que abriesen una investigación para un futuro enjuiciamiento o amedrentamiento.
Fuente: La Vanguardia