Si al terminar de escribir estas líneas salgo a la calle con tal infortunio de que me caiga un tiesto sobre la cabeza dejándome sin sentido sobre la acera y teniendo que ser trasladado de urgencias a un hospital…, entiendo que en ese hospital seré un herido, un accidentado, un enfermo, una persona con derecho a que salven mi vida, pero no un cliente.
Cuando he sido estudiante he sido eso: estudiante. Un ciudadano con derecho a la educación que no se ha considerado un cliente de, por ejemplo, la Universidad Complutense de Madrid.
Últimamente, con la desbocada privatización de servicios escondida en circunloquios como “colaboración entre sector privado y administración pública” tengo la impresión de que el uso de la palabra “cliente” gana posiciones en detrimento de la palabra “ciudadano”. Una vez más es la perversión, la manipulación del lenguaje, de conceptos. Poco a poco nos empapan de clientelismo. Cuando abrimos el grifo del agua no nos fijamos en que tenemos derecho a ella porque tenemos derecho a la vida. Ya no somos ni siquiera “usuarios” del Canal de Isabel II, somos “clientes”.
Desde luego nos hemos terminado creyendo que la Constitución es papel mojado, por eso no tenemos conciencia de que tenemos derecho a una vivienda digna. Ya no somos ciudadanos, somos clientes de inmobiliarias y bancos que nos han hipotecado la vida.
Desde luego no recordamos cuando utilizar un teléfono era un servicio público que nos garantizaba la comunicación.
Nos quieren hacer clientes de algo privado que se llama “Marca España”, incluida la Justicia de Gallardón, que entre tasas y palos en las ruedas del turno de oficio hará inviable que seamos presuntos inocentes e imposible que denunciemos a los todopoderosos.
Miedo me da que, como en Estados Unidos, terminemos privatizando hasta las cárceles y que, como en Estados Unidos los empresarios de cárceles exijan una cuota mínima de “clientes”, o sea, de ocupación a los gobiernos, haya o no haya crímenes.