Desde hace un mes el mundo es testigo de las protestas que se están sucediendo en las calles de gran parte de Colombia, con muchos de sus ciudadanos rebelándose contra la nueva política fiscal de del Gobierno.
Con acusaciones iniciales de desinformación e imágenes de violencia que al final han dado la vuelta al mundo, el conflicto en realidad contiene ingredientes históricos que conforman una tormenta perfecta para desencadenar protestas sociales.
Con altas tasas de desempleo y desigualdad, una moneda (el peso) altamente devaluado y una calificación crediticia cercana a algo que en el mercado bursátil se conoce como "basura", las clases más afectadas por una subida de impuestos a la que no pueden hacer frente se han lanzado a las calles. Éstas han provocado una respuesta institucional que, intentando evitar el conflicto, se está viendo altamente cuestionada por la comunidad internacional.
Lo cierto es que las protestas han empezado a ver sus frutos y uno de los primeros anuncios del Gobierno (que intenta sofocar el conflicto) ha sido la retirada de una reforma sanitaria que estaba siendo duramente criticada al ser vista como un intento más de privatización de un derecho universal. Pero la sociedad colombiana espera más, y la reforma tributaria sigue pivotando el centro de las protestas.
Colombia no puede permitirse en estos momentos más tensión social. Aun inmerso en la salida de un larguísimo conflicto armado que ha marcado su contexto político en las últimas décadas, desde Global Humanitaria, con presencia en el país desde 1999 (el primero al que extendimos nuestra cooperación), vemos con preocupación el desarrollo de estos acontecimientos. Unos acontecimientos que no hacen sino poner en peor tesitura la calidad de vida de una ciudadanía ya suficientemente afectada históricamente por la pobreza y desigualdad y aún más agravada ahora por la crisis del coronavirus que ha dejado a 3,5 millones de colombianos más sumidos en la pobreza.
Además, y aunque las protestas tienen un origen mayoritariamente pacífico, las ONG denuncian graves ataques a los derechos humanos. Amnistía Internacional ha documentado el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y múltiples violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, incluyendo la desaparición forzada y la violencia sexual.
A fecha de hoy, en que las negociaciones no auguran una salida próxima para esta crisis, fuentes oficiales recogen que un millón y medio de personas en 794 municipios (de un total de 1.204) han participado en, al menos, 9.623 manifestaciones. De cada cien protestas, en promedio, hay incidentes en 19.
Mientras, las cifras reportadas de muertos y heridos siguen aumentando y una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) espera aprobación del Gobierno para entrar en el país y verificar la situación, en cumplimiento de los compromisos internacionales de Colombia.
(Imagen de portada - "Mochilas Cartagena" de ViajeMinuto en Pixabay - CC)
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