04 de febrero de 2020 | English | Français |
ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, acoge con beneplácito el anuncio del Gobierno de Colombia sobre la creación de dos nuevos Permisos Especiales de Permanencia (PEP) con el objetivo de beneficiar a más de 100.000 personas venezolanas, permitiéndoles permanecer y trabajar en el país.
Colombia acoge a más de 1,6 millones de personas venezolanas, de las cuales más de la mitad, casi el 60 por ciento, no cuenta con una condición legal regular. Muchas de ellas enfrentan dificultades para acceder a servicios esenciales, como atención sanitaria, educación y empleo.
Los dos nuevos Permisos Especiales de Permanencia anunciados por Colombia esta semana, beneficiarán a personas venezolanas que entraron al país antes del 29 de noviembre de 2019 con sus pasaportes sellados, así como a quienes actualmente se encuentran en una situación irregular y que, sin embargo, cuentan con una oferta de empleo por un período de al menos dos meses y hasta un máximo de dos años.
Las personas venezolanas que recibirán los nuevos Permisos Especiales de Permanencia podrán así regularizar su situación en el país, obtener un salario y condiciones de trabajo acordes con la legislación laboral de Colombia, y podrán inscribirse y beneficiarse de los sistemas nacionales de seguridad social y de salud.
Los ejercicios de monitoreo de protección de ACNUR continúan indicando que el acceso al mercado laboral sigue siendo la principal prioridad de las personas venezolanas en Colombia.
Según Migración Colombia, la autoridad nacional encargada del Control Migratorio y de Extranjería, solo el 14 por ciento de las casi 600.000 personas venezolanas que se encuentran en el país con un permiso especial de permanencia ha conseguido un empleo formal.
Desde 2017, Colombia ha instituido varios Permisos Especiales de Permanencia que se han otorgado a los venezolanos y venezolanas que ingresaron al país en períodos de tiempo determinados y cumplían con requisitos específicos, como tener pasaportes sellados en puestos de frontera oficiales. Uno de estos permisos también se creó para las personas venezolanas que se encontraban en Colombia de manera irregular y fueron registradas durante un ejercicio nacional de registro llevado a cabo por el Gobierno de Colombia con el apoyo de ACNUR en 2018.
ACNUR mantiene su compromiso de apoyar a los gobiernos de América Latina y el Caribe para regularizar la situación de las personas venezolanas que actualmente se encuentran en una condición irregular. Estos esfuerzos son esenciales para garantizar la inclusión de las personas venezolanas en los sistemas nacionales, reduciendo sus vulnerabilidades y permitiéndoles contribuir a la economía de sus países de acogida.
En 2020, se necesitarán 1.350 millones de dólares (USD) para responder a las crecientes necesidades de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela que se encuentran en América Latina y el Caribe y de las comunidades que las acogen.