En Colombia las mujeres tienen derecho a decidir por un aborto legal, seguro y oportuno. A través de la sentencia C-355 de 2006, la Corte Constitucional de Colombia resolvió que “no se incurre en delito de aborto, cuando con la voluntad de la mujer, la interrupción del embarazo se produzca en los siguientes casos: (i) cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificado por un médico; (ii) cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; y, (iii) cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto”.
Con el fin de sensibilizar al público en general sobre las tres causales de aborto legal en Colombia, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres lanzó en Bogotá la campaña “¡Estás en posición de decidir!” . A través de avisos luminosos, carteles informativos y un sitio web, las mujeres podrán acceder a información clara sobre el contenido de la sentencia, pasos a seguir en cada situación, casos reales de mujeres que interrumpieron su embarazo de forma legal y videoclips que plantean diversas situaciones en las que es aplicable este derecho.
A través de estos materiales también se informa a las mujeres sobre los recursos ilegales empleados por opositores con el fin de impedir que las mujeres ejerzan este derecho. Entre los obstáculos más frecuentes destacan la solicitud ilegal de trámites y documentos (prueba de penetración sexual, confirmación de violación por parte de un juez, autorización del esposo o de los padres para la realización del procedimiento), así como la invocación equívoca del derecho a la objeción de conciencia, pues éste sólo es aplicable a las personas naturales, no a las personas jurídicas como hospitales y Entidades Promotoras de Salud (EPS).
Estas situaciones son ilustradas a través de casos como el de Lucía, mujer de 27 años, madre de dos hijas, a quien un obstetra del hospital le exigió pruebas del abuso sexual del cual había sido víctima para llevar a cabo la interrupción del embarazo:Después de esperar por varias horas, fue valorada hacia las 7 pm, el médico que la atendió le dijo que no había problema, que reunía todos los requisitos y que iba a ser atendida, le informó también que la infección [adquirida a raíz de la violación] no estaba controlada y que debía ser tratada para ello; sin embargo, el obstetra de turno la volvió a revisar y le dijo que eso no era así nomás, que a él no le constaba que el embarazo fuera por la violación y que debía hacer los exámenes para confirmar que el número de semanas coincidiera con la fecha de la violación que constaba en la denuncia […].
La campaña proporciona un listado de las entidades públicas a las que pueden acudir las mujeres en caso de que les sea negado el servicio, así como de los hospitales de las principales ciudades del país en donde pueden ser atendidas. El sitio web cuenta con herramientas virtuales para la divulgación de la campaña a través redes sociales (Facebook y Twitter) y con canales (Vimeo y Youtube) para la difusión de videoclips informativos. También pone a disposición de las usuarias un medio de comunicación y asesoría en línea, en el que pueden contactar a la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, formular preguntas y resolver inquietudes.
La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres reúne a personas e instituciones que trabajan por la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, con especial énfasis en la libre opción de la maternidad, el libre ejercicio de la sexualidad y la despenalización total del aborto. Para tal fin lleva a cabo una labor de seguimiento a las entidades prestadoras de servicios de salud, para garantizar el cumplimiento de la reglamentación gubernamental relativa a la práctica de abortos legales, seguros, oportunos y de calidad.
La organización brinda servicios de asesoría a las mujeres a quienes se les niega el derecho al aborto en los casos previstos por la ley, para que por la vía legal y administrativa hagan valer sus derechos. La Mesa además ofrece capacitación legal sobre la aplicación de la normativa de la despenalización del aborto y su reglamentación; y lleva a cabo labores de incidencia y discusión pública que conduzcan a la despenalización total del aborto.
Fuente: Clam