El partido político FARC de Colombia ha adoptado un nuevo nombre, Partido del Pueblo Común, en un intento de cambiar su nombre y alejarse de las siglas asociadas con un sangriento conflicto de décadas.
“De ahora en adelante somos el Partido del Pueblo Común y el partido de la paz, la reconciliación y el amor por la vida”, dijo en Twitter el portavoz y ex comandante de las FARC, Pastor Alape, mientras el partido adoptaba el nuevo nombre durante su segundo congreso nacional, que se postuló para tres días hasta el domingo.
Con la energía del amor, desde #Comunes emprendemos este nuevo camino en la lucha civilista por profundizar la democracia y la justicia social. pic.twitter.com/IOhTrK1en0
— Pastor Alape Lascarro (@AlapePastorFARC) January 24, 2021
La semana pasada, el líder del partido Rodrigo Londoño, también conocido como Timochenko, explicó la razón del cambio de nombre, diciendo que era “complicado (para nosotros) mantener el nombre de las FARC; no porque nos arrepintamos o nos avergüence de algo, sino porque fue como las FARC que participamos en el conflicto armado, en la guerra”.
Reconoció que “el conflicto causó mucho dolor” y agregó que el nombre FARC está muy asociado con el derramamiento de sangre.
Somos vida, somos #COMUNES
— COMUNESpic.twitter.com/lDtP03NRkf (@PartidoFARC) January 25, 2021
Las FARC y la guerra
Colombia se ha visto empañada por un sangriento conflicto entre el gobierno y el grupo rebelde durante más de 50 años.
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En 2016, las dos partes firmaron un acuerdo de paz que puso fin a un conflicto que había causado la muerte de 260.000 personas. Inmediatamente después del acuerdo de paz, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia hicieron la transición a un partido político llamado Fuerza Revolucionaria Alternativa Común, ambos de las FARC.
Los exrebeldes han estado divididos desde su desarme. Aunque la mayoría de unos 13.000 excombatientes y milicianos de las FARC aceptaron el acuerdo de paz, las facciones disidentes han mantenido o retomado las armas.
Siguen siendo amenaza
Según la inteligencia militar, estos grupos suman un total de aproximadamente 2.500 rebeldes, sin un mando unificado. Se han quedado en zonas aisladas gracias a los recursos derivados del narcotráfico y la minería ilegal.
En 2017, el grupo rebelde entregó más de 7.000 armas a una misión de paz de la ONU con promesas de reintegración política, social y económica.
Sin embargo, la situación de seguridad para quienes entregaron sus armas sigue siendo precaria. El Consejo de Seguridad de la ONU reiteró su llamado para que se preste más atención a los problemas de seguridad que afectan a los exrebeldes y activistas de derechos humanos asesinados en áreas rurales. En su última investigación publicada en diciembre, la ONU informó que 248 exmiembros del grupo rebelde habían sido asesinados desde 2016.
El actual gobierno de derecha del presidente Iván Duque Márquez culpa a grupos disidentes y bandas de narcotraficantes por los asesinatos, mientras que los excombatientes culpan a actores estatales y grupos paramilitares.